A cuatro meses del estallido social que inauguró el 21N, el gobierno Duque presentará los resultados de su “conversación nacional”. Mientras tanto, el Comité Nacional de Paro y la ciudadanía en general se preparan para una nueva jornada de protesta nacional ¿Quién ganará este pulso?
Redacción política
El próximo domingo 15 de marzo, en la simbólica localidad de Suba en Bogotá, el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como invitada, se dará por terminado el polémico proceso de “conversación nacional”. Este fue el instrumento diseñado por el Gobierno nacional para contener la movilización social que estremeció las calles de Colombia finalizando el año 2019.
Gatopardismo
A cuatro meses del estallido social que inauguró el 21N, el gobierno Duque presenta los resultados de su instrumento de “diálogo social”, no solo con los promotores del paro, sino también con diversos sectores de la vida nacional. Mientras existe optimismo en el ejecutivo con este diseño institucional, la agenda del Comité Nacional de Paro tiene la fecha del 25 de marzo para reactivar las protestas contra las políticas económicas regresivas del Gobierno. Un pulso cuyo desenlace está en la incertidumbre.
La Casa de Nariño tiene la necesidad de mostrar resultados positivos, pues es evidente la creciente impopularidad hacía la actual administración que lo ubica en más de 70 puntos porcentuales de desfavorabilidad según las últimas encuestas.
Para ello, el Gobierno nacional ya tiene montada su estrategia para socializar que la “conversación nacional” tuvo efectos progresivos en las necesidades de la gente. En cabeza del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, la administración Duque dirá que en estos cuatro meses aceleró la reforma del Icetex, que en abril estará listo el proyecto de alivios económicos para 120 mil estudiantes, que está a tiro de as el decreto que facilita la contratación de recién egresados en el sector público, que surgirán 60 mil empleos para jóvenes gracias a la Ley de Crecimiento Económico, que 500 mil microempresarios recibirán beneficios económicos, entre otros resultados, que parecen ser más promesas de campaña que acciones concretas para reajustar las líneas estratégicas del Gobierno.
Contrario a las razones que motivaron la movilización del 21N, el Gobierno nacional aprobó en diciembre pasado la Ley de Crecimiento Económico (reforma tributaria), dio luz verde al holding financiero (figura que estimula la privatización de empresas estatales), prepara la implementación del método fracking para profundizar la economía petrolera del país (hoy en crisis mundial), mientras prepara las inaplazables reformas pensional y laboral.
Con este panorama de contradicciones, no es arriesgado concluir que la estrategia del Gobierno nacional es fabricar una vez más un fenómeno gatopardista en la historia del país: que todo cambie, para que todo siga igual.
Salir a la calle
Con un desempleo del 13%, el dólar a más de 3.500 pesos, 70% de desfavorabilidad del presidente Iván Duque y una atmosfera de escándalos políticos que comprometen a la élite gobernante, donde se resaltan las explosivas declaraciones desde Venezuela de Aída Merlano y el reciente episodio del “Ñeñe” Hernández; todo el panorama pareciera indicar que la jornada del 25 de marzo puede encender nuevamente el espíritu transformador de la movilización, tal y como se vivió finalizando el 2019.
Sin embargo, este proceso no es automático y tiene obstáculos que el movimiento social debe saldar. Interpretar adecuadamente el sujeto político plural que ha alimentado las jornadas de protesta, ampliar los espacios de conducción desde una perspectiva colectiva y superar los viejos sectarismos, son algunos de los elementos claves en este nuevo ejercicio de movilización.
Del éxito o no del 25 de marzo depende que el momento excepcional y favorable en la correlación de fuerzas se traduzca en conquistas para el campo democrático en Colombia. La gente en la calle tiene la última palabra
