La constitución política de un país, considerada su norma superior, debe representar la correlación de fuerzas de una sociedad y no ser un texto meramente declarativo que ignore los intereses de clase
Ricardo Arenales
Una de las peculiaridades del panorama político latinoamericano es que la fuerza de la lucha popular ha llevado a los gobiernos de la vieja burguesía a inaugurar un periodo signado por diferentes tipos de reformas constitucionales. Esto ha llevado a algunos observadores a hablar de un nuevo constitucionalismo en la región, que brota fecundo de la acción callejera de las masas organizadas.
En efecto, en varios países se impulsan proyectos de reforma imprescindibles, que chocan con los sectores más conservadores y retardatarios, que pujan a su vez por mantener sus privilegios. Hay sectores reformistas que piensan solo en maquillajes legales y otros más radicales que quisieran borrar de un plumazo el poder de la burguesía.
De alguna forma, este proceso fue inaugurado en Chile, otrora considerado el país insignia del neoliberalismo en América Latina. Un acumulado de problemas sociales, de inequidades, provocó una explosión social, que tuvo como pretexto inicial el rechazo a un alza en los combustibles, pero que paulatinamente fue agregando exigencias y reivindicaciones hasta desembocar en el reclamo de una reforma constitucional avanzada y democrática.
El interés público primero
Las elecciones para integrar la constituyente fueron ganadas por corrientes progresistas de muchos colores. Su tarea, una vez instaló sus deliberaciones el pasado 4 de julio es reformar la constitución pinochetista de 1980, último rescoldo de la dictadura militar.
En Perú, la actual constitución prioriza los intereses privados sobre el interés público. Es la titularidad del poder económico y la raigambre colonial del estado peruano los que condicionan todas las relaciones sociales. Bajo la actual constitución se debilitaron los derechos laborales, desapareció el derecho a la vivienda social y crearon un sistema privado de pensiones que compite en condiciones desventajosas con el sistema público de seguridad social.
La constitución nacional peruana fue producto de un golpe de Estado y se aprobó en medio de la persecución contra el movimiento sindical y popular. Posteriores intentos de reforma a la Carta, han resultado superficiales. El texto constitucional tiene un matiz colonial y patriarcal. Quienes plantean su reforma advierten que debe ser producto de una Asamblea Popular Constituyente.
Producto de la dictadura
Al asumir funciones el nuevo mandatario, Pedro Castillo, su primer anuncio oficial fue la intención de impulsar una reforma constitucional, para lo cual llamó a las fuerzas políticas con representación en el Congreso a acordar por consenso una propuesta de reforma. Perú no puede estar “condenado a seguir prisionero” de la Constitución promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Insistiremos en esta propuesta, pero dentro del marco legal que la Constitución proporciona. Tendremos que conciliar posiciones en el Congreso”, dijo Castillo.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa un proceso de reforma constitucional indígena y afromexicana, para lo cual busca un consenso. Para afianzar su iniciativa promovió asambleas regionales de seguimiento a la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se realizaron un total de 60 asambleas regionales, que concluyeron el pasado 25 de julio. Participaron muchas comunidades, entre ellas los pueblos nahuas, mixtecos, tlapanecos, amuzgos y afromexicanos.
En Guatemala, sectores de población cada vez más amplios, impulsan un proceso constituyente y plurinacional, con comunidades indígenas y campesinas, que enfrente la corrupción y consagre el disfrute de derechos esenciales. En Panamá se plantea también el derecho del pueblo a manifestar su voluntad a través de una Asamblea Nacional Constituyente que refunde democráticamente la nación. En Uruguay se impulsa un referendo constitucional, que derogue la Ley de Urgente Consideración, impulsada por el presidente Lacalle Pou, que la población califica como una usurpación a derechos sociales y políticos ganados en épocas anteriores de democracia.
Escenario en las calles
La constitución política de un país es considerada la norma superior, norma de normas de la organización de la sociedad. A menudo se le denomina la Carta Magna o Carta de navegación de los sectores que integran la nacionalidad. Los círculos rectores de la burguesía consideran siempre que ellos son predestinados y por ello las constituciones son diseñadas a su medida.
Hoy aparecen sectores populares antagónicos, con la fuerza suficiente para disputarle este escenario a los partidos tradicionales, y entienden la constitución como como el aspecto ordenador del sistema de poder popular. El problema es que para llegar a esta meta hay que construir un nuevo orden económico, social y político, capaz de soportar un nuevo modelo constitucional, al menos el deseado.
Y que sea capaz de conseguir la distinción entre una constitución escrita (como sucede en Colombia) y una constitución real. Que la Carta Magna no se circunscriba a un texto meramente declarativo, como advertía el constitucionalista Ferdinand Lasalle. A veces se consigue una constitución más o menos avanzada, pero no una constitución real. Ese conflicto parece resolverse en las calles hoy en América Latina.
