Seis jóvenes, entre estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos, están siendo acusados de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y narcotráfico por supuestamente planear y ejecutar actos de violencia en las movilizaciones sociales y estar relacionados con disidencias de las Farc
Redacción judicial
El pasado 21 de enero, día en que se retomaron las movilizaciones en todo el país, se realizaron siete allanamientos y seis capturas en Bogotá. Los detenidos son estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos quiene están siendo judicializados, acusados de concierto para delinquir.
En los allanamientos a algunos les encontraron sustancias psicoactivas, sustancias químicas, computadores y agendas, mas no bombas o papabombas como se ha intentado decir, explica el abogado Rubiel Vargas quien defiende a dos de ellos.
“No hay pruebas contundentes que los vinculen con Grupos Armados Organizados, GAO, o disidencias de las Farc”, explica el jurista defensor, quien además dice que los procesan con base en la Ley 1908 de 2018.
Hasta el momento se han realizado varias audiencias: Legalización de allanamiento, orden de captura y elementos incautados; imputación de cargos, en la que los acusaron de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y narcotráfico; medidas de aseguramiento y libertades restringidas.
La última, realizada el 28 de enero pasado, fue suspendida y será retomada el próximo 4 de febrero, en la que el Juzgado 21 de garantías leerá el fallo que decidirá la suerte de los procesados.
Contra organizaciones sociales
Uno de los acusados es el joven David Ravelo, quien es un defensor de derechos humanos y trabaja con la Corporación Reiniciar, organización que presentó el caso del genocidio contra la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algunos de los acusados han hecho parte de organizaciones juveniles como Brigadas Antiimperialistas Antonio Nariño y Juventud Rebelde, lo que en palabras de Rubiel Vargas, ha utilizado la Fiscalía para hacer una conexión entre estas organizaciones y los GAO: “Eso significa una estigmatización de las organizaciones sociales en el marco de las protestas que se realizadas desde el 21 de noviembre. La Fiscalía manifiesta que estas protestas y los brotes de violencia que en estas han habido, son planificados y organizados por esos grupos armados. Se está tipificando la estigmatización y penalización de la protesta social, a través de la Ley 1908”.
Para el abogado no existen pruebas que den indicios o inferencia razonable que permita concluir que los acusados pertenecen a esos grupos. “Ellos sí han participado de las movilizaciones, lo han hecho por el derecho a la educación o por el derecho al trabajo, ya que algunos no tienen”.
Entre las pruebas que ha presentado la Fiscalía está un testimonio de un joven de Neiva que perteneció a Juventud Rebelde y habla a cambio de beneficios, los señala como enlaces entre las organizaciones sociales de las que hacen parte y los GAO. “Es una estigmatización a las organizaciones porque también se menciona a Marcha Patriótica, a la UP, dicen que están infiltradas por grupos armados. No obstante, no los procesan por rebelión sino por concierto para delinquir, lo que es más grave porque le rebelión estaba entre 6 y 9 años, y esto está entre 8 y 18 años de cárcel sin beneficios”.
En la última audiencia, el bloque de abogados defensores rechazó la solicitud de la Fiscalía 131 de Especialización de dictar medida de aseguramiento de privación de la libertad en un centro carcelario. “La Fiscalía va a tener un año para presentar el escrito de acusación, lo que significa que esos jóvenes pueden durar ese tiempo en la cárcel sin que exista una audiencia. Luego iniciarían las audiencias preliminares del escrito de acusación en las que controvertiremos pruebas”.
Para los abogados, se debe dar el beneficio de medidas de privación de la libertad domiciliaria porque no hay hechos ni pruebas que establezcan que son un peligro para la sociedad, lo que es muy complejo en el actual proceso ya que la investigación la hace una fiscalía especializada, y por serlo, no tiene ese beneficio.
“La medida sería injusta porque enviaría a unos muchachos que han protestado por derechos ciudadanos, por lo menos un año a la cárcel”, concluyó el apoderado, Rubiel Vargas.
