La capital del país terminó el año con una de las crisis en salud más preocupante de los últimos tiempos. Así lo expresan sus usuarios, lo analizan los expertos y quienes están vinculados laboralmente con el sistema
Carolina Tejada
@carolltejada
Según algunas versiones de médicos y enfermeras de hospitales en la ciudad, la atención al usuario tiende a empeorar si no existen cambios trascendentales en el mismo sistema de salud. Esto lo explican por las extensas jornadas laborales que deben cumplir cada día y con un mayor número de pacientes, la ausencia de medicamentos para asistir casos básicos en salud, lo que ha llevado a que los mismos pacientes deban comprar de su propio bolsillo sueros, gasa entre otros elementos, para que sus familiares puedan ser atendidos. A esto se suman las largas filas de espera que cientos de pacientes deben hacer para lograr un turno en los centros de salud. Estas esperas, la ausencia de medicamentos básicos, las precarias condiciones de la infraestructura, la ausencia de ambulancias, las condiciones inadecuadas en las que los profesionales de la salud deben trabajar, son la consecuencia de una crisis estructural en el modelo de salud de la capital.
VOZ, dialogó con Román Vega, médico cirujano, profesor de la Universidad Javeriana y un experto en salud pública y quien en la alcaldía de Lucho Garzón, implementó desde la secretaría de salud, la estrategia de atención primaria en Salud, la cual garantizaba este derecho a los sectores más discriminados de la ciudad.
–¿De qué se trata la crisis de la salud en Bogotá?
–La crisis de la salud en Bogotá es esencialmente de insatisfacción ciudadana con el acceso a la atención cuando se necesita y con la mala calidad de la atención cuando ésta se recibe. Eso es lo que nos dicen las colas larguísimas por fuera o por dentro de los hospitales desde horas muy tempranas en la madrugada y la última encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos. En esta encuesta, por ejemplo, el 60% de los ciudadanos sienten que no se les está garantizando el derecho a la salud, que asimilan con atención médica, porque cuando pueden utilizar los servicios, las demoras para las citas son mucho mayores a 11 días en el 43% de los casos. Estos son datos alarmantes para una población que en defecto de las citas normales por consulta externa para acceder a los diagnósticos y tratamiento de los médicos debe recurrir a servicios de urgencia abarrotados de gente y con tratos inhumanos.
–¿Qué análisis puede hacer sobre los elementos que llevaron a que el sistema de salud entrara en crisis en la ciudad?
–La crisis de la salud en Bogotá es crónica y se debe fundamentalmente a la mercantilización y cartelización del sistema de salud que trajo consigo la Ley 100 de 1993. Esta Ley, y las sucesivas que la han venido ajustando como la 1122 del 2017 y la 1438 del 2011, trajeron consigo tres problemas centrales. Primero, la privatización progresiva de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud al punto que hoy más del 90% de las instituciones del sector son negocios particulares con ánimo de lucro; segundo, la extracción de rentas persistente por parte de los propietarios, también privados, de las EPS, quienes se lucran de los fondos sociales que financian la salud; es paradójico que aunque las coberturas de afiliación al sistema son superiores al 90% en las grandes ciudades, las EPS coloquen toda clase de barreras al acceso a la atención para gastar lo menos y ganar al máximo sin agregar ningún valor a la producción de servicios; por último, el control y explotación permanente del personal de salud por parte de IPS y EPS, quienes además de quitarle libertad a los médicos para atender adecuadamente a los pacientes en función del control de costos que beneficia a las EPS, extraen sin consideraciones su fuerza de trabajo a través de un incremento inusitado de la productividad y precarización del trabajo que revierte en mala calidad y deshumanización de la atención.
–¿Qué repercusiones trae esta crisis para la ciudadanía?
–Hay dos repercusiones claves que podemos observar: por un lado, el hecho que en más del 54% de los casos la población identifique que su estado de salud es regular o malo y que también se haya identificado que más del 50% de las muertes sean evitables; obviamente esto no se debe solamente a los problemas de la atención en salud ya señalados sino también al empeoramiento en condiciones de bienestar y calidad de vida como lo expresa el incremento de la pobreza, de la inseguridad alimentaria y de la desigualdad de ingresos que se ha venido dando con el gobierno de Peñalosa sin que se desarrollen políticas públicas que podrían ser efectivas dados los conocimientos, tecnologías y recursos disponibles en el mundo actual.
De otra parte, hay que registrar el hecho de las persistentes desigualdades sociales en salud evidenciadas por los diferentes informes del Observatorio Nacional de Salud y por muchas otras investigaciones académicas donde son las personas por su clase social, condición étnica o de género las que llevan la peor parte; pero también hay que señalar las desigualdades introducidas por las leyes que dieron origen al actual sistema de salud que crearon servicios para personas muy ricas, de nivel medio y muy pobres a los que se puede acceder en condiciones diferenciales de oportunidad y calidad según los ingresos de los que se disponga.
Esto en suma es una perversión de los principios de igualdad y equidad incluidos en las normas sobre el derecho a la salud que este país ha aprobado al firmar las convenciones internacionales que lo convierten en derecho fundamental a través de lo que se denomina bloque de constitucionalidad, de las sentencias de la Corte Constitucional y de la misma Ley estatutaria del 2015 que declaró en el Congreso de la república la salud como un derecho humano fundamental.
–¿Qué podría hacer una administración, consiente de esta situación, para salir de la crisis?
–Estos problemas son perfectamente solucionables. Requieren de medidas políticas y administrativas. A nivel del Congreso de la República, por ejemplo, hay que introducir transformaciones estructurales al sistema, que ha convertido la salud en una mercancía, es decir, en un negocio con ánimo de lucro de grandes empresas farmacéuticas, de seguros y médicas; ello implica continuar el cambio iniciado por la Ley Estatutaria de Salud del 2015 que formalmente declaró la salud un derecho humano fundamental, pero no introdujo cambios para acabar con el negocio de la salud introducido por la Ley 100 de 1993. En este sentido, es necesario que desde el congreso se promueva un proyecto de Ley para que, manteniendo y mejorando las coberturas de afiliación alcanzadas, se busque un modo de financiamiento no basado en contribuciones, para que nadie se quede sin adecuada atención por no tener recursos para pagarlas; se termine con las EPS que son el tormento de gran parte de la población colombiana; y se introduzca un modelo de atención principalmente basado en la prevención y en la promoción de la salud, que mantenga a las personas sanas, descongestione los servicios que atienden enfermedades y reduzca los costos de la atención en beneficio de todos y no de particulares.
