El ministro Carrasquilla utiliza la pandemia como pretexto para defender su reforma tributaria, cuando se sabe que el déficit fiscal es consecuencia de la corrupción y el desbordado gasto militar
Carlos Fernández
Según un comentarista de prensa, la anunciada reforma tributaria (eufemísticamente llamada por el gobierno reforma social sostenible) tiene en su haber dos proezas: estar multipresente y, al tiempo, ser invisible. En efecto, el tema está en la agenda política y económica casi desde cuando se aprobó la reforma de 2019, mucho antes de la pandemia, pero, a pesar de innumerables anuncios puntuales sobre tal o cual medida que se dice se va a tomar y de debates parciales basados en tales anuncios, no se conoce, al momento de escribir esta nota, un texto completo que permita hacer análisis sobre propuestas ciertas.
Sólo se conoce el informe de la Comisión de Expertos sobre Beneficios Tributarios (CEBT), sobre el cual hicimos un análisis en VOZ en la edición 3070 del 24 de marzo, en el que señalábamos la inveterada costumbre de contratar misiones de expertos nacionales, internacionales o mixtas, como esta última, para justificar propuestas legislativas que acogen o no sus recomendaciones y que terminan siendo un gasto innecesario cuando la respectiva propuesta de modificación normativa está decidida de antemano. Asimismo, en la edición 3071, se continuó con el análisis de las implicaciones de las distintas propuestas que se han puesto sobre la mesa por parte del gobierno, a manera de globos para conocer reacciones favorables o desfavorables sin que, como se dijo, haya una propuesta completa y coherente.
Cada día un susto
Lo anterior muestra el interés del periódico en el tema, que afecta a la población en su conjunto, toda vez que el carácter de clase del gobierno nos obliga a estar vigilantes ante las marrullas de sus funcionarios. Porque un día nos asustan con el anuncio de que van a ponerle IVA a algunos productos básicos (café, azúcar, sal), al siguiente, los que apoyan al gobierno dicen que el café es sólo para las visitas y no para el desayuno, al subsiguiente el presidente dice que no se van a gravar esos productos, luego nos anuncian impuesto de renta para las pensiones e, inmediatamente después, el anuncio es que ese impuesto es sólo para los pensionados que ganen de siete millones de pesos en adelante y etcétera, etcétera.
Con el ánimo de hacernos tragar la necesidad y la urgencia de la nueva reforma, el ministro de Hacienda, el intragable Carrasquilla, quiso, nuevamente, asustar al país en el reciente foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sobre –adivinen qué–… la reforma tributaria. Prácticamente, señaló que la reforma es tan necesaria y urgente porque, literalmente, anunció que el gobierno nacional tiene «caja para 6 o 7 semanas y, por lo tanto, tenemos que estar, constantemente, en el mercado buscando recursos». Tener caja, en la jerga de los funcionarios del sector económico y empresarial, es contar con el dinero físico en cuentas corrientes y de ahorros para sufragar los gastos diarios del gobierno. Se llama, también, liquidez.
Simplificando un poco, ¿de cuánta plata dispongo en el bolsillo para cubrir mis necesidades? El problema lo deben afrontar los individuos, las familias, las empresas y el gobierno. Lo que estaba insinuando el ministro era que la plata en poder del Ministerio de Hacienda sólo permitiría sufragar los gastos de las semanas por él señaladas y la salida al mercado significaba que tenía que estar endeudándose cada día para cubrir los afanes diarios. Sólo que, mientras usted como individuo o, incluso, como empresa, deja de percibir ingresos porque perdió el trabajo o no vende o no tiene siempre acceso al crédito, el gobierno sí puede financiarse pues puede recaudar impuestos o, salvo una situación de insolvencia estructural, habrá inversionistas o entidades financieras nacionales, internacionales o multilaterales que estarán dispuestas a darle crédito.
¿Quién presiona más la caja?
El manejo que pensaba darle el gobierno nacional al presupuesto en 2020 y años posteriores se vio afectado por la irrupción de la pandemia: el cierre de empresas que tributaban, la pérdida del empleo de trabajadores que tributaban, el aplazamiento del pago de impuestos, la elevación del endeudamiento para financiar los programas creados o fortalecidos para enfrentarla, la disminución del recaudo de IVA por la contracción en las actividades económicas, etc., atenuaron el flujo de caja del gobierno en 2020. No obstante, el gobierno aumentó la apropiación para financiar los programas para enfrentar el covid-19, lo que elevó el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento como proporción del PIB.
Ahora, la argumentación oficial es que este año no se disminuirán ni el uno ni el otro y que eso hace más urgente la reforma. Pero lo que no dicen es que, del total de recursos presupuestados para financiar la lucha contra la pandemia (43,4 billones de pesos) dentro del presupuesto de funcionamiento, no se ejecutó el 43% de tal apropiación (18,6 billones). O sea que no fue el gasto en la pandemia (al menos, no en la mayor proporción), el que está incidiendo en la iliquidez del gobierno. Entre tanto, del presupuesto de defensa, entre funcionamiento e inversión, cuya apropiación fue de 35,4 billones, se ejecutaron 35,3 billones, casi el 100%. O sea que la ejecución del sector defensa genera más presión sobre la caja del Ministerio de Hacienda que el gasto en los programas para enfrentar al covid. Adicionalmente, la compra de los aviones de guerra sobre la que se informó recientemente va a pesar aún más que los programas sociales en los próximos años en el manejo presupuestal y de caja del gobierno.
El aumento de la deuda
Es indudable que la pandemia obligó a todos los países a elevar sus niveles de endeudamiento. Tal endeudamiento se hace con entidades financieras internacionales y nacionales, públicas y privadas, pero la ortodoxia neoliberal impide que se haga con los bancos centrales de los distintos países. No obstante, países como los Estados Unidos del demócrata Biden o el Reino Unido del conservador Johnson han entendido que elevar los niveles de deuda por encima de los porcentajes que recomienda esa misma ortodoxia en tiempos normales es el camino a seguir para lograr la reactivación económica.
En eso replican las medidas tomadas luego de la segunda guerra mundial en que se elevaron en grandes proporciones los niveles de endeudamiento y, sobre todo, se gravaron los ingresos de las empresas y los sectores más ricos para financiar la reconstrucción de Europa y la reactivación estadounidense. Esto significó un fortalecimiento del capitalismo desarrollado que, durante más de treinta años, elevó los niveles de bienestar, sin acabar la explotación del trabajo, obviamente, a los niveles que hemos conocido. La actual pandemia pone al orden del día otra problemática: el desmantelamiento del denominado estado del bienestar, que se viene ejecutando desde hace tiempo, en particular, luego del desplome del socialismo real en los países de Europa Oriental, se da en medio de la agravación mundial del problema de la desigualdad, del incremento del peligro de la extinción de la especie humana por cuenta del cambio climático y de la destrucción del hábitat en que se hospeda la humanidad.
Salir de la crisis generada por la pandemia va a implicar grandes esfuerzos de inversión, no para volver a la situación anterior a la misma sino para resolver tales asuntos, y el capitalismo no está en condiciones de resolverlos. Se pone en el orden del día una modificación sustancial del régimen económico imperante. Y Duque y Carrasquilla nos dicen que es un problema de caja. ¡O sancta simplicitas! (que se traduce por ¡Oh santa ingenuidad! En el caso de estos personajes, habría que decir: ¡Oh santa ignorancia y maldad clasista!).
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