El fast track como instrumento para una reforma política fue utilizado por la clase política tradicional para reacomodarse
Redacción política
El punto de participación política en los acuerdos de paz, tenía como objetivo ampliar la democracia y crear nuevas condiciones para la más amplia participación política en Colombia.
Los intereses de la clase política tradicional primaron y torcieron los acuerdos de paz, y lo que se esperaba fueran nuevas reglas de juego electoral se convirtió en un reacomodamiento de las fuerzas políticas de derecha por intereses electorales y cambios superfluos sin mayor incidencia.
El trasfuguismo, las listas cerradas, el fortalecimiento de los partidos y los cambios en la autoridad electoral, fueron los temas que quedaron en la reforma. La Misión Especial Electoral, designada por la mesa de La Habana para emitir recomendaciones presentó el pasado mes de abril, un informe pormenorizado sobre los contenidos de las reformas legales y constitucionales necesarias para hacer efectivo el punto de participación política.
Transfuguismo
El transfuguismo que se encontraba proscrito en la ley, se modificó para reacomodar las fuerzas políticas. Senadores y representantes quedan en libertad de apoyar candidaturas a la presidencia distintas a las de sus partidos. Una reforma a la medida del próximo año. Ahora, Cambio Radical, podrá recibir adhesiones a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, desde otros partidos políticos.
Entre los arquitectos del transfuguismo está el representante a la Cámara Rodrigo Lara, son los mismos que intentaron a toda costa cerrar el paso a las víctimas y arrebatarles la representación en el legislativo a través de las Circunscripciones Especiales de Paz, proponiendo que fueran las fuerzas tradicionales las que ocuparan esas 16 curules. Todo en función de marzo próximo.
El transfuguismo moderado fue la figura aprobada en el tercer debate de la reforma política. Los senadores y representantes no estarán obligados a aceptar las coaliciones que quedaron habilitadas para todos los partidos políticos. La figura tiene nombre propio: el senador del Partido de la U Mauricio Lizcano, ya anunció su intención de apoyar al candidato presidencial de Cambio Radical German Vargas, pero eso lo haría acreedor de una sanción por doble militancia. La reforma política que tramita el congreso le permite ir a la campaña de German Vargas y no perder su curul. Lo mismo sucede con los senadores de la U que anunciaron apoyar al recién elegido candidato liberal a la presidencia Humberto De La Calle.
Autoridad electoral
Otra de las expectativas frustradas versa sobre una nueva autoridad electoral. Hasta hoy han sido los partidos políticos tradicionales los que integran dicho tribunal. La reforma contiene cambios superficiales a la autoridad electoral que en su esencia seguirá igual: un tribunal de impunidad. Por ejemplo, con mayoría de magistrados provenientes del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, el Consejo Nacional Electoral ha cerrado las investigaciones por corrupción de Odebrecht a los excandidatos Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. La autoridad electoral seguirá a la medida de las bancadas mayoritarias del gobierno.
Originalmente la reforma política proponía una autoridad electoral independiente de los partidos políticos, con magistrados elegidos por las mismas capacidades de sus pares de la rama ordinaria de la justicia, y con instrumentos administrativos poderosos para sancionar conductas electorales reprochables como la compra de votos, la desmedida financiación de candidaturas, la pérdida de investidura, la trashumancia, es decir los delitos electorales típicos.
Otro tipo de partidos
El Congreso frenó la transformación y modernización de los partidos políticos, así como la irrupción de movimientos sociales con personería jurídica. Ni acceso a medios de comunicación, ni personería jurídica tendrán los movimientos sociales y menos financiación estatal. Estos deberán mutar a partidos políticos para acceder a espacios de televisión pública o personería jurídica que les permita participar en elecciones, para lo cual deberán acreditar un número mínimo de 75 mil afiliados y luego jugar en elecciones para alcanzar un umbral.
La personería jurídica de los catorce partidos políticos, incluida la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, se mantendrá por los próximos ocho años. El umbral del cuatro por ciento se mantendrá para las nuevas fuerzas políticas que disputen elecciones a corporación nacional.
Listas cerradas
Las listas cerradas quedaron prohibidas. La recomendación de la Misión de Observación Electoral, de fortalecimiento de los partidos políticos, tenía que ver con la conformación de una lista de candidatos que le permitirá al partido tener solidez ideológica y a su vez acabar con el tráfico de avales propio de nuestra democracia.
“Coincidimos desde orillas distintas con el Centro Democrático respecto a las listas cerradas. En Colombia ese mecanismo de lista abierta propicia las microempresas electorales y desdice mucho de la existencia de partidos políticos modernos. Esperamos que la transición política de ocho años en la adecuación del punto dos de La Habana permita que en el año 2022 se establezca la lista cerrada para las elecciones a corporaciones públicas nacionales y territoriales”, expresó Jairo Estrada, de Voces de Paz.
Los acuerdos de La Habana exigían una transformación de la democracia colombiana y la erradicación de las conductas corruptas del sistema electoral colombiano. La MOE señaló la necesidad de impulsar la lista cerrada como mecanismo de fortalecimiento de los partidos, así: “Esta disposición genera partidos más cohesionados, programáticos, capaces de ofrecer una voz unificada hacia el electorado y de cara a las políticas públicas. Desaparecerían las campañas de corte personalista, que han aumentado de manera considerable el costo de la política en Colombia, incentivado las prácticas clientelistas para generar nichos electorales, inducido a conflictos partidarios internos, en particular entre los aspirantes a los últimos escaños a los que tiene derecho la organización. Con el cambio, los candidatos se reúnen en torno a un objetivo común y hacen énfasis en los planteamientos del partido antes que en las características individuales”.
“Los congresistas desconocieron la recomendación de la misión especial que se acordó en los acuerdos de La Habana y las voces especializadas que delinearon una verdadera reforma política que hiciera efectiva la apertura democrática. Lo introducido por el Congreso son medidas imputables al apetito electoral”, señaló Francisco Toloza de Voces de Paz.
La MOE señaló que los actores de la sociedad y la política colombiana debían reconocen que hoy se presenta una coyuntura histórica excepcional para alcanzar reformas políticas y electorales de envergadura. Pues a la luz de lo aprobado en el Congreso de la República se perdió una oportunidad para transformar el sistema político en Colombia y ampliar la democracia.
