Un fallo desproporcionado y desconociendo a las víctimas
La condena al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, por interceptar ilegalmente comunicaciones a magistrados de las altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición, no cierra el capítulo de la policía política al servicio del gobierno del expresidente Avaro Uribe; como tampoco hace justicia con las víctimas de la sistemática política de persecución.
Aunque no es la única sanción que tiene Noguera, pues fue declarado culpable por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, en la ciudad de Barranquilla; aún están pendientes los responsables políticos y quienes le ordenaron directamente a Noguera sus actuaciones ilegales.
“Entonces el DAS actuó por fuera de la ley y como aparato organizado de poder, donde una pluralidad de personas desplegaron acciones ilícitas con pleno conocimiento de sus directivos, pues a pesar de no existir rastro escrito de las órdenes impartidas por quien dirigía la entidad, sí tenía control de ellas y por ende dominio de la situación”, señala la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia fue considerada como desproporcionada teniendo en cuenta que los subalternos de Noguera, como exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, recibieron condenas superiores por atender los requerimientos de información de Noguera y sus jefes en la Casa de Nariño.
“Al interior de G3 y del DAS, acudiendo a una división ilegal del trabajo, se realizaron conductas encaminadas a desestabilizar, generar terror, vulnerabilidad y zozobra, por manera que su actuar obedecía a un aparato organizado de poder, originado en un terrorismo de Estado que se dedicó a perseguir a quienes por sus inclinaciones sociopolíticas, tiene altas diferencias con las políticas establecidas para dirigir el país”, reitera la Corte.
Dos casos emblemáticos de persecución del DAS contra opositores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, no fueron reconocidos como víctimas en ese proceso. Carlos Lozano Guillén, como director del semanario VOZ, sufrió de persecución judicial orquestada desde los servicios de inteligencia del Estado y como víctima directa del DAS en una operación denominada Transmilenio. Lo mismo sucedió con la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes también se constituyeron en representantes de periodistas y defensores de derechos humanos en el caso contra Noguera.
Aun cuando en el fallo se ordena compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que sea investigado el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, el tribunal penal se queda corto en la descripción de las operaciones ilegales y sobre todo en los responsables intelectuales de las denominadas “chuzadas”.
