A causa de la pandemia se ha disparado la desocupación, que ya tenía índices elevados. La informalidad es la única opción para muchos trabajadores
Carlos Fernández
Analizar el comportamiento del empleo durante el primer año de la pandemia no puede seguir el curso regular de los análisis de tiempos «normales». Este análisis tradicional involucraba una constatación de la elevación o disminución del desempleo, una mirada a los sectores generadores o perdedores de empleo, un acercamiento a la formalidad o informalidad del mismo y un balance del impacto de la política económica oficial sobre los niveles de ocupación y, sobre todo, sobre el interés gubernamental de que el desempleo no alcanzara cotas peligrosas que provocaran estallidos sociales.
Como es lógico, la pandemia obliga a introducir modificaciones en el análisis, así sólo sea por su enorme impacto negativo sobre la actividad económica y, en particular, sobre los niveles de ocupación de la fuerza de trabajo.
Dimensión del desastre
Los niveles de desempleo a los que se llegó desde cuando empezó la pandemia presentan dimensiones de catástrofe, en todos los países. El gobierno de Colombia se ha caracterizado en este período por una enorme timidez en las políticas aplicadas y una indiferencia desmedida respecto a la población más afectada por los impactos del virus sobre la estructura económica.
El cuadro siguiente muestra el aumento del desempleo durante 2020 respecto a 2019. Se han utilizado las cifras trimestrales de desempleo sin desestacionalizar, es decir, sin corregirlas por fenómenos que afectan la tendencia de mediano y largo plazo, toda vez que la pandemia en sí desvió la tendencia que ya se traía.
Al finalizar 2020, había en el país un millón sesenta y seis mil desempleados más que al finalizar 2019. El mayor incremento del desempleo se observa en el trimestre mayo-julio, cuando se incrementó en dos millones cincuenta y cuatro mil personas respecto al mismo trimestre de 2019. La disminución del número de desempleados a partir de ese momento tiene que ver con el aflojamiento de las cuarentenas que permitió que muchas personas pudieran volver al rebusque, lo cual las califica como trabajadores ocupados, y con la recuperación de empleos en el sector empresarial formal aunque en proporciones que no se compadecen con los niveles anteriores de ocupación.
Ocupación e informalidad
El DANE mide la informalidad laboral, es decir, la ocupación que no llena los requisitos formales establecidos por el código laboral y obliga a un vasto sector de la fuerza de trabajo nacional a dedicarse al denominado rebusque, en el área urbana, pues parte del criterio de que esa noción de informalidad no afecta tanto al sector rural. De ahí que este indicador se presente, en su cobertura más amplia, respecto a las 23 principales ciudades del país y las áreas metropolitanas correspondientes. En 2020, por razones mismas de la pandemia, alega el DANE, no pudo efectuar la medición de la informalidad durante los meses de marzo a junio, por lo que la comparación con 2019 se centra en los trimestres con estadísticas y en el promedio de cada año.
Así las cosas, el análisis del comportamiento de la ocupación informal permite hacer constataciones importantes, a saber:
*La tasa de informalidad, es decir, la proporción del empleo informal respecto a la ocupación total fue, en promedio, similar en 2019 y 2020 para las 23 ciudades: 47,5% para el primer año y 48% para el segundo.
*En las 23 ciudades con registro estadístico, la disminución de la ocupación alcanzó la cifra de un millón 253 mil empleos. Los empleos informales, por su parte, disminuyeron en 2020 en 524 mil respecto a 2019.
*El corolario de estas dos constataciones es que la pandemia y los encierros a que obligó impactaron al sector formal de la economía con mayor fuerza que lo que se ha dicho hasta ahora en las declaraciones oficiales y en los estudios de los entes privados y públicos que hacen seguimiento a este fenómeno. Puede decirse que, en términos absolutos, los empleos perdidos fueron mayores en el sector formal con todo lo que ello implica: debilitamiento de la organización de los trabajadores, amenaza de pérdida del empleo ante dificultades en la demanda de bienes y servicios, inestabilidad laboral y desmejoramiento de las condiciones de trabajo, etc.
Y esto lo aprovecha el poder para afianzarse, para seguir garantizando que en las próximas elecciones volverá a ganar y para mantener su control cuasi absoluto sobre todos los asuntos del país. El empleo se recuperará sólo cuando haya una masiva inversión pública, un proceso de formalización laboral que respete los beneficios y prestaciones de los trabajadores y se generen espacios de incremento de la demanda de amplios sectores de la población.
¿Qué lecciones quedan?
La primera, que la estructura económica del país presenta tal debilidad que no resiste una fiesta con triquitraques. El incremento del desempleo, tanto en el sector formal como en el informal, mostró que el primero es frágil, en la medida en que está compuesto por una miríada de micros, pequeñas y medianas empresas que dan cuenta del mayor volumen de empleo en el país y que sobreviven en la medida en que mantienen nichos de mercado que, en las circunstancias de la pandemia, explotaron por falta de demanda. Las grandes empresas, los monopolios y las transnacionales han podido mantenerse sobre la base de que recibieron, en el caso del sector financiero, impulsos adicionales pues la política de subsidios y de incentivos del gobierno se canalizaron a través de sus empresas más emblemáticas.
En sectores como el petrolero, la disminución de la demanda afectó los ingresos y la sostenibilidad financiera de las empresas que lo constituyen y de ahí la persistencia gubernamental, lejos de las promesas de campaña, de continuar con las operaciones de fracturación hidráulica (fracking). En otros sectores, en fin, los impactos son diversos y la reacción de sus empresas dependen mucho de la fortaleza financiera previa a la pandemia y de los apoyos, explícitos o encubiertos, que les otorga la política pública.
Una segunda lección es que el gobierno actual se ha desentendido de los sectores más vulnerables y ha adoptado una política timorata, dizque prudente, de manera tal que los subsidios son irrisorios y los apoyos a las empresas de menor tamaño insuficientes. Pero como la deuda pública aumentó, ahora se quiere venir con una reforma tributaria que, según los primeros anuncios, va en la vía ya anunciada en otros momentos de gravar los productos básicos y esquilmar aún más a la llamada clase media, dejando intactos los privilegios fiscales y tributarios de las grandes empresas, introducidos en las últimas reformas tributarias. Queda por saber hacia dónde apuntarán las reformas pensional y laboral de las que tanto se habla últimamente.
Queda por tratar una tercera pero no última lección. El campo popular, en medio de sus debilidades y de sus fortalezas, tiene aún mucho por hacer en la necesaria tarea de emprender el camino de la unidad para arrancar el poder a los de siempre. No se trata sólo de llegar a las próximas elecciones con una fortaleza electoral sino de crear las condiciones organizativas y políticas necesarias para que una posible victoria electoral en 2022 se prolongue unos cuantos períodos adicionales con gobiernos que, cada vez más, avancen en el cumplimiento de un programa de democracia avanzada en lo político y en lo económico que cambie de raíz los fundamentos del poder plutocrático que nos gobierna.
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