Hay un sector de fuerzas populares que aboga por que se mantenga el actual nivel de movilización, que provoque un cambio de régimen. Llama a generar espacios de encuentro, que en lo inmediato convoquen a una asamblea popular constituyente
Alberto Acevedo
Un hombre alzó una pancarta, con una consigna garabateada con letras hechas con un marcador sobre una lámina de cartón: “No son treinta pesos, son treinta años”. La consigna, que representa el hastío de todo un pueblo contra un modelo de desarrollo imperante en las últimas casi cuatro décadas, se hizo viral.
La consigna de alguna manera resume el sentimiento de los chilenos que han exteriorizado el malestar con un modelo de gobierno que arruinó los sueños de bienestar y los anhelos de democracia de la mayoría de la población.
En las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 38 años, como respuesta al desgaste de la tiranía, surgió un bloque de poder, compuesto por las Fuerzas Militares, la clase empresarial y los partidos políticos de la Concertación y la derecha, quienes han gobernado hasta la fecha, profundizando políticas neoliberales. Ha sido un pacto administrado en beneficio de la clase dominante.
Años de frustración
Bajo ese modelo, han privatizado cada rincón de la vida de los chilenos, hasta provocar su miseria más completa. Y ha sido de cada uno de esos rincones desde donde ha brotado una movilización sin precedentes, hasta lograr concentraciones en plaza pública que no se veían desde el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.
Ha sido una frustración y una ira contenidas a lo largo de casi cuatro décadas, la que ha explotado en las últimas semanas en la patria de Pablo Neruda. Y eso explica por qué la inconformidad que estalló en respuesta a un alza de treinta pesos en el pasaje del metro subterráneo, no ha parado, a pesar de que el gobierno de Sebastián Piñera derogó la medida, pidió perdón, destituyó a su gabinete y anunció medidas paliativas, que el grueso de los chilenos ha rechazado, por constituir paños de agua tibia que solo buscan remozar un modelo de desarrollo que ellos no quieren más.
Lo interesante de esta batalla popular es que el pueblo chileno la libra contra un modelo que los fundamentalistas del mercado proclamaban como la panacea del mundo. Hasta hace poco más de un mes, el presidente Piñera hablaba de ese régimen en su país como un “oasis”. Pues bien, la fuerza de la movilización puso en la picota pública ese modelo, que se ha desprestigiado a escala global.
Una lucha global
En ese sentido, las batallas del pueblo chileno trascienden las fronteras nacionales, y se convierten en un referente a otras batallas que se libran en el continente. La batalla de Chile hace parte de un combate de mayor escala a nivel regional y del mundo, por una nueva hegemonía que desarticule el modelo del mercado. La construcción de un modelo de desarrollo alternativo es lo que anima a los pueblos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México, Uruguay. El formidable levantamiento indígena del Ecuador contra el paquetazo del FMI demostró la capacidad ofensiva de las fuerzas populares ecuatorianas.
Las elecciones de Argentina muestran el rechazo frontal de un pueblo al neoliberalismo y su anhelo de transitar por un camino de dignidad e independencia nacional. Entre tanto, Cuba y Venezuela libran una heroica resistencia por su desarrollo, en condiciones de una criminal guerra económica. Una lucha que, de conjunto, busca inclinar la balanza en favor de los pueblos.
Analistas chilenos aseguran que estamos en presencia del mayor movimiento político y social, a casi 30 años del fin de la dictadura y casi medio siglo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Dicen que el sector de derecha representado en el gobierno de Piñera tiene su ADN en la acción golpista contra el gobierno de la Unidad Popular de Allende y en el respaldo a la dictadura de Pinochet.
Guerra contra el pueblo
Esos sectores ahora han vuelto a mostrar su verdadero rostro, al decretar el estado de emergencia y entregar el control del país a las Fuerzas Militares, que salieron a las calles con armamento pesado, tanquetas, disparando y causando muertos, heridos, encarcelados. El propio Piñera, en una desafortunada frase que aumentó la ira popular, dijo: “estamos en guerra”.
Esto explica por qué las protestas no cesan, por qué cada vez es más fuerte la reclamación de que se vaya Piñera con todo su gabinete y que dé paso a un proceso de transición verdaderamente democrático.
Para analistas chilenos, las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre tienen un componente diferente al de otras anteriores: surgen como una revuelta frente al alza en el transporte y rápidamente adquieren características de una rebelión a nivel nacional, en donde las regiones juegan un papel fundamental. Es una etapa que no tiene vuelta atrás. El pueblo ha perdido el miedo.
Pliego de exigencias
El pueblo debate y exige rectificaciones sobre la privatización de servicios básicos como la luz y el agua; el traspaso de fondos públicos a manos privadas en sectores como salud, vivienda, educación, pensiones, empleo; la privatización de los recursos naturales, en desmedro de la clase trabajadora. A esto se agrega el aumento de niveles de explotación, derivados de la precarización del trabajo.
Hay un sector de fuerzas populares que aboga por que se mantenga el actual nivel de movilización, que provoque un cambio de régimen. Llama a generar espacios de encuentro, que en lo inmediato convoque a una Asamblea Popular constituyente. Para ello las organizaciones sociales deben dinamizar este proceso. La lucha debe confluir en la elaboración de una especie de pliego de peticiones del pueblo, que se debe negociar siempre y cuando el régimen levante el estado de excepción y regrese a los militares a sus cuarteles.
Ese pliego debe contener, entre otros puntos: la renuncia de Sebastián Piñera y de su gabinete; un aumento en el salario mínimo y el establecimiento de una jornada laboral de 40 horas; nacionalización del transporte público y establecer una tarifa gratuita para estudiantes y adultos mayores; condonación de deudas a los estudiantes; nacionalización de la energía y congelación de las tarifas de energía; salud pública gratuita y rebaja en los precios de los medicamentos; derogatoria de la reforma tributaria y fin del IVA a los precios de la canasta familiar.
