Las consecuencias del modelo económico impuesto y la intransigencia gubernamental que no da soluciones a diversas problemáticas laborales, ambientales y regionales, han mantenido manifestaciones de protesta y ceses de actividades a lo largo y ancho del país por más de tres semanas. Mientras el Gobierno dilata, organizaciones sociales preparan una gran protesta de orden nacional
Luego de semanas de cese de actividades por parte de trabajadores estatales y profesores, y de reuniones entre sus delegados y los del Gobierno nacional, al cierre de esta edición de VOZ no se había llegado a acuerdos, porque según los manifestantes el Estado no hace propuestas viables que logren superar los viejos problemas de cada uno de los sectores en conflicto.
En palabras de los negociadores de los trabajadores, los representantes de los distintos ministerios solo asisten a decir que no hay dinero. Asimismo, continúan las movilizaciones cívicas en varias regiones apartadas de la capital del país, y se organizan más paros cívicos en el ámbito regional.
Estos niveles de la protesta social contra el modelo económico, produjeron una reunión del Comando Nacional Unitario, CNU, el pasado primero de junio, en la que entre otras cosas se decidió la organización de un paro cívico nacional, construido desde las particularidades organizativas y reivindicativas de todos y cada uno de los departamentos, en coordinación con el CNU y otras organizaciones sociales de orden nacional.
En consecuencia, los asistentes decidieron insistir en las peticiones que el CNU hizo al Gobierno en 2016, de las que no ha habido respuesta. También se propuso la realización de encuentros departamentales con organizaciones sociales con las que se pueda coordinar una protesta en el ámbito nacional y conocer mejor las reivindicaciones en lo regional.
Informes de las negociaciones
Al encuentro, realizado en Bogotá, asistieron dirigentes campesinos, líderes del magisterio, negociadores en las mesas con el Gobierno nacional, estudiantes universitarios, un líder cívico de Buenaventura, representantes de las centrales obreras y de las confederaciones de pensionados, quienes determinaron incrementar la protesta social, y no aceptar más negativas gubernamentales a las peticiones, con el argumento de la ausencia de recursos.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Alejandro Pedraza, en su intervención dijo que ante la falta de seriedad del Gobierno para dar soluciones, la protesta debe extenderse al ámbito nacional con el objetivo de obligarlo a meterle el diente al Plan Nacional de Desarrollo, verdadero causante del desastre que vive el país: “El Presidente no se atreve a moverle una coma porque por encima de los intereses de la nación, está responderle a la banca usurera internacional”.
Explicó que en las mesas de negociaciones con los trabajadores, el Gobierno manda a negociar a ministerios que no tienen autoridad y que en ocasiones entran en contradicción. “La Ministra de Trabajo o la de Educación dicen algo, pero el viceministro de Hacienda inmediatamente corrige y dice que no. No tenemos una interlocución seria, pretenden trabajar con asesores en las mesas para buscar soluciones donde es evidente que solo buscan distraer y dilatar”.
El dirigente obrero fue enfático en afirmar que como se presentan las finanzas del país no habrá una solución a la que aspiran las organizaciones cívicas ni los trabajadores estatales, porque no hay recursos, ya que estos se los han robado y lo que se recoge con la reforma tributaria fue enviado a pago de deuda. Por consiguiente, la solución es rehacer el Plan Nacional de Desarrollo.
Carlos García, de la Coordinación de Organizaciones Sociales, explicó que la principal tarea que sale de la reunión es conformar los comandos departamentales de paro y los pliegos reivindicativos, para articularlo al pliego radicado hace un año, en aras de confrontar el modelo económico.
Al proceso se unirían diferentes procesos de revocatorias de alcaldes a los que el Consejo Nacional Electoral pretende reglamentarlos para que no se desarrollen. También procesos de consultas populares contra la megaminería y el fracking.
Plata sí hay
El negociador por la CUT, en representación de los trabajadores estatales, Francisco Maltés, dio un informe de la negociación de los trabajadores estatales, en la que los representantes del Gobierno se han dedicado a dilatar si dar respuestas concretas. A ese momento no había ningún acuerdo.
Explicó cómo y de dónde puede salir el dinero para solventar las necesidades de miles de trabajadores: “En las últimas reformas tributarias se han dado excepciones al capital, esta última reforma tributaria no fue le excepción, le dieron nuevas gabelas a los capitalistas, el presupuesto de renta bajó cerca de 3,7%, lo que significa que este año las grandes empresas dejan de tributar cerca de 7 billones de pesos. De igual manera, hay excepciones al capital que tienen que ver con la compra de maquinaria; se les devuelve el IVA, y por esta vía el país deja de recibir cerca de cuatro billones de pesos al año. En las zonas francas ahora hay empresas unipersonales, lo que evidencia que hay evasión de impuestos. Hoy el 70% de los grandes predios no tributan impuesto predial y en el sector rural cerca del 90%. Entonces, vemos que se exime de impuestos a las grandes empresas y los descarga en los trabajadores, y que sí hay de donde sustentar las necesidades del pueblo colombiano”.
A su turno, los negociadores de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, dijeron que el tema del preescolar de tres grados, que había quedado en la Ley General de Educación era un acuerdo antes del inicio del paro. También, lo era la reactivación de la comisión tripartita que estudia el nuevo estatuto de la profesión docente y sobre un aspecto de las normales. Pero desde el inicio del paro no ha habido nuevos acuerdos.
“Lo que principalmente pedimos es la financiación de la educación pública, que lleguemos a un acuerdo para una reforma constitucional que progresivamente aumente los recursos para la educación pública que cubra cuatro brechas actuales: Cobertura, porque hay un millón y medio de niños sin estudiar en este momento y otro millón y medio de niños de los estratos uno, dos y tres que están en la educación privada pagando matrículas costosas. Canasta educativa, ya que el Gobierno está dando aproximadamente mil dólares anuales para la educación de un niño en el sector público, aunque debería estar dando por lo menos el doble para resolver los problemas de infraestructura, dotación, transporte, alimentación, pago de maestros y de personal administrativo. La jornada única, en la que se metieron sin tener recursos, sin los requerimientos necesarios. Y el retraso histórico en el que está la educación colombiana”.
Lo anterior, sin contar con las discusiones de aspectos lesivos para la carrera docente, los derechos laborales de los maestros y el carácter público y científico de la educación. La falta de soluciones a esta problemática hizo que los docentes determinaran la toma de Bogotá del pasado 6 de junio.
Los asistentes coincidieron al concluir que no se debe ceder, y por lo contrario, hay que intensificar la protesta social con la vinculación de nuevos sectores cívicos, de trabajadores y estudiantes, en miras a un paro cívico nacional capaz de presionar cambios en el Plan Nacional de Desarrollo para conseguir soluciones duraderas a las graves problemáticas laborales y regionales.
