Miles de profesores de preescolar, primaria y secundaria, de instituciones públicas del país, se tomaron Bogotá y las capitales de departamento para mostrar su rechazo a las políticas económicas del presidente de la República, Juan Manuel Santos y exigir dinero para la educación. Con ellos, otros miles de trabajadores del Estado protestaron para reclamar por incumplimientos, presupuesto para las instituciones, entre otros temas que atañen a la dignidad laboral
Las principales avenidas de las capitales de departamento, fueron colmadas por la indignación de los profesores colombianos, el pasado 16 y 23 de mayo. En Bogotá y en las ciudades intermedias y municipios pequeños, las tarimas sirvieron de escenarios donde los profesores le contaron a las comunidades su problemática y les dieron a entender que el asunto de la desfinanciación de la educación, compete a todos los colombianos.
Y las explicaciones dadas por ellos mismos tuvieron mejor recibo y dieron elementos de juicio para controvertir lo dicho en los grandes medios de comunicación. De esta manera, las movilizaciones de docentes tuvieron el respaldo de miles de padres de familia y estudiantes.
En Bogotá, y ante los llamados de la Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a los dirigentes de Fecode para que levantaran el paro y se sentaran a negociar, el Presidente de la organización, Carlos Rivas, les respondió en tarima: “Señor Presidente, aquí estamos”.
La respuesta la dio con la contundencia y seguridad que da el tener a 80 mil maestros en Bogotá venidos de todo el país, como resultado de la convocatoria hecha por la dirección nacional de Fecode, que una vez más mostró la unidad y fortaleza del magisterio colombiano. Pero también lo hizo con la necesidad y la urgencia de que el Estado dé soluciones reales a las problemáticas y no haya más burlas a los acuerdos de años anteriores.
Sin restaurante
Sólo de Boyacá arribaron 80 buses con docentes de todos sus municipios, en los que cada colegio sufre las políticas nacionales, pero también sus propias particularidades. Un ejemplo de ello, es el colegio Carlos Arturo Torres Peña, en el que no hay recursos para el restaurante escolar ni transporte para los estudiantes, aunque la jornada única está implementada desde el año pasado. Por ahora, los niños están hasta las 3:30 de la tarde sólo con refrigerios. En infraestructura, la dirigente sindical Luz Helena Benavides, reconoce que se hicieron algunos salones, pero que hay deficiencias en baños y que el departamento, de quien depende esa institución, dice que no hay dinero.
En la movilización no sólo participaron los profesores sino miles de trabajadores de instituciones del Estado, quienes negocian con el Gobierno un petitorio presentado desde finales de febrero y a quienes también les han incumplido pactos de hace años. Por eso, en la marcha de la capital del país, estaba junto a un grupo de empleados, Alberto Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura, Sintraminagro, quien explicó que su participación en las marchas fue en apoyo a las luchas del magisterio y en oposición a la tercerización laboral que se da principalmente en instituciones del Estado. “El principal problema es la tercerización, la falta de garantías en el sector agropecuario y la falta de oportunidades para el sector rural; el trabajador rural no tiene las mismas garantías que los urbanos, en el campo deben existir garantías de trabajo digno”. El dirigente sindical también comentó que ya negocian un petitorio con la entidad, pero que en materia salarial no hay acuerdos para los 302 empleados y más de 700 contratistas.
Dian y cárceles
Asimismo, Marco Tulio Ardila, presidente de Sintradian Bogotá, dijo que apoyaban el paro de estatales para que les cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno nacional y que haya aumento salarial, estabilidad y dignidad laboral. “No nos han aumentado lo correspondiente a 2017, y todos los trabajadores del Estado tenemos familia, por eso es urgente que nos cumplan, que haya cero nóminas paralelas, cero Odebrecht, cero corrupción. En la DIAN somos 11 mil trabajadores y hace más de 10 años que no tenemos concurso ni ingreso estable”.
En esta institución la mitad de sus trabajadores son de planta y el resto están como provisionales y temporales, y todos se han visto afectados por las altas cargas laborales ya que deben responder a los contribuyentes porque es claro que cuando hay vencimientos en algún tipo de impuesto, colapsa el sistema tributario. Falta personal en la DIAN.
Por otra parte, Luis Alberto Pinzón, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Antioquia, manifestó que marchaban por las precarias condiciones de los internos en las cárceles del país, por la vulneración de los derechos laborales frente a la actividad penitenciaria e incumplimientos en puntos acordados con el Gobierno desde 2015, como el incremento de la planta de personal, del salario y de la prima de riesgos para quienes no la tienen.
La rama judicial también se hizo presente. Asonal Judicial estuvo en las marchas para reclamar por que se detengan las políticas de tercerización laboral, por detener las reformas tributarias que sólo benefician a poderes económicos y en contra de los trabajadores, por aumento salarial digno y por la reanudación de las mesas de negociación.
“Este sector tiene muchos problemas que ya se negocian, pero lo urgente es la falta de implementos para desarrollar sus labores de atención a usuarios, como papelería, impresoras. Pero también, la ausencia de personal que ha producido sobrecargas laborales en muchos de los empleados de la rama judicial que nos hace trabajar en condiciones indignas, por lo que hemos reclamado presupuesto”, explica Gloria Ramos, dirigente de esa organización sindical.
Los profesores de las 32 universidades públicas de todo el país también marcharon. Y en Bogotá, Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, anotó que serán ellos quienes tomarán Bogotá el próximo 24 de mayo, para presionar porque con la reforma tributaria debe salir un billón de pesos para instituciones de educación superior y se quiere desviar a otros aspectos o a corregir otros déficits. Una de sus peleas principales es iniciar un proceso de formalización de más del 70% del profesorado que actualmente es ocasional o catedrático. Estas instituciones cuentan con más de 40 mil profesores, de los cuales sólo 12 mil son de planta.
“Aún está pendiente el incremento salarial, un ajuste del valor del punto salarial. Creemos que lo que han hecho universidades como la de Antioquia, la UIS y la Distrital, de aprobar regímenes especiales, no se puede hacer por ser inconstitucional. En ese sentido hemos estado duros en la mesa para que tanto en el Ministerio de Educación como en el de Trabajo se investigue a esas universidades”, concluyó el docente universitario.
