La precaria implementación del Acuerdo de Paz provocó un aumento del 58,3% en el asesinato de lideresas en 2019
Luisa Guzmán Arango
La última vez que Maryelis Angarita vio de frente a la muerte fue en mayo de 2019. Entonces hombres armados pararon el curso de su camioneta en la vía que conduce de Barranquilla a San Juan de Nepomuceno, Bolívar, y luego dispararon. Angarita sobrevivió como lo ha hecho desde niña en la región de los Montes de María, donde su voz ha resonado con un solo mensaje: salvar a las lideresas sociales como ella.
Desde que está al frente de la organización Narrar para vivir, donde acompaña a víctimas de la guerra entre los departamentos de Sucre y Bolívar, Angarita ha entendido “lo que cuesta que nazca una defensora, lo que cuesta empoderar a otra defensora” y por eso se ha mantenido en no “perder a ninguna más en el país”. Pero su petición contrasta con la cifra de 19 defensoras de derechos humanos asesinadas entre el 2018 y el 2019, y las 31 más agredidas en 2020, según el programa Somos Defensores.
Aunque es una cifra inferior a la lista de 151 agresiones contra hombres en 2020, las organizaciones sociales y feministas en el país han resaltado que esto no significa que sean menos grave pues en todos sus casos existe un doble riesgo: ser mujer y defensora de derechos humanos. Esto implica amenazas con contenidos sexistas, alusiones al cuerpo de las mujeres e insinuaciones sexuales, violencia extrema y tortura, que demuestran los riesgos diferenciados.
Además, según el informe ‘Defensoras, voces de vida y resistencia’ de LIMPAL Colombia y Sisma Mujer, la diferencia que sean más altas las cifras de “agresiones a hombres defensores frente a las de las mujeres que tienen roles de defensoras de derechos humanos, es porque ellos resultan ser mayoría”.
El riesgo de morir
A la luz de casi cinco años de la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en los territorios, resulta innegable la influencia en la ampliación de la participación política de las mujeres y los diversos liderazgos que han asumido desde entonces. Pero estos vasos comunicantes también están en aspectos negativos que impactan la labor de las lideresas, como: la disputa territorial, la nula presencia del Estado y la aparición de nuevos actores armados, que establecen objetivos militares dependiendo de los derechos humanos que reivindiquen.
En palabras de Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por La Paz y la Libertad, “el acuerdo de paz en el sentido más profundo tiene un espíritu de promover la transformación de las desigualdades estructurales para las mujeres. Su débil implementación impacta esas transformaciones, entre otras la garantía para la defensa de derechos humanos, en tanto la comisión de garantías de seguridad no avanza en una política de desmantelamiento de grupos paramilitares. Reflexiones muchas, pero pocas respuestas”.
En ese sentido es clave resaltar cuáles son los liderazgos más agredidos en los últimos años. En particular basta poner énfasis en aquellos que están relacionados con la defensa de la tierra y el territorio (en particular las mujeres indígenas y negras), los derechos de las víctimas, la restitución de tierras y la implementación del acuerdo de paz –incluido el Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-.
Pero este tema se agudiza incluso cuando se incluye la orientación sexual o de género en el caso de las lideresas. En los Montes de María, para citar un ejemplo, no hay un registro exhaustivo de los liderazgos LGBTI amenazados, pero ya se han documentado amenazas a quienes realizan actividades en el espacio público en municipios como El Carmen de Bolívar.
Aunque las cifras de amenazas y asesinato de lideresas sociales han aumentado desde la firma del acuerdo de paz, solo hasta hace dos años se creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, PIG. Este busca dar un enfoque diferencial a la atención y promoción de los liderazgos de las mujeres, entendiendo el sistema patriarcal, racista y clasista en el que está sustentada la exclusión histórica como población.
Rebelde y lideresa, el doble estigma de las farianas
En una situación no muy distante de las lideresas y defensoras de derechos humanos se encuentran las firmantes de la paz de las extintas FARC. Aunque aquí podría hablarse de un triple riesgo pues varias de ellas han asumido un liderazgo en sus territorios, que se cruza con la estigmatización por haber sido guerrilleras y con el hecho de ser mujeres. Esto las ha llevado incluso a manejar un bajo perfil excluyéndose del trabajo organizativo y político del partido Comunes.
Al igual que en el contexto nacional de asesinato contra líderes sociales, los riesgos hacia las exguerrilleras quedan minimizados dentro del grueso de homicidios contra firmantes de la paz. Persiste de parte de ellas desconfianza contra las instituciones del Estado, que deberían garantizar la seguridad individual y colectiva.
En el II informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación al acuerdo de paz en Colombia, quedaron recogidas las percepciones sobre su seguridad: “algunas mujeres excombatientes afrontan situaciones de riesgo y amenazas constantes y sienten que las medidas de protección implementadas, materiales e inmateriales, no son efectivas, ni eficaces, ni cuentan con el enfoque diferencial (étnico, territorial, de género) requerido”.
Lideresas, defensoras de derechos humanos y exguerrilleras de las FARC concuerdan entonces en la necesidad de una mirada distinta a la situación de seguridad que viven en sus territorios y que se ha agudizado con la débil implementación del acuerdo de paz. Aunque existen en el papel mecanismos como el PIG y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad sigue siendo insuficiente su accionar en tanto no haya una transversalización del enfoque de género diferencial. Además, el llamado está sobre la mesa para que instituciones como la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, y la Unidad de Protección, Alfonso Ocampo, consoliden un plan de atención integral.
Asimismo, sigue pendiente la tarea para el movimiento feminista de ampliar el concepto de seguridad humana que recupere las iniciativas de paz y seguridad desarrolladas por mujeres en distintas partes del país, que dan cuenta de los sueños y potencialidades de la gente y sus territorios. Una apuesta que permita cumplir el sueño de Maryelis Angarita de no perder una defensora más en Colombia y garantizar una vida libre de violencias para todas.
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