Las preocupaciones del sindicato van desde los atropellos a derechos laborales hasta las intenciones de privatizar
Desde hace meses la Unión Sindical Obrera, USO, ha venido denunciando ante los medios de comunicación y ante las instituciones competentes como el Ministerio de Trabajo, una insistente persecución que sufren los trabajadores sindicalizados.
Y expresan con ahínco que es algo sistematizado cada vez que a la fecha hay 1.200 procesos disciplinarios contra trabajadores, activistas y dirigentes sindicales de la USO, por adelantar actividades propias de la organización.
Según el presidente de la USO, César Loza, Ecopetrol tiene un instructivo para las empresas contratistas para que los trabajadores que participaron en la última jornada de movilización desarrollada el 27 de marzo pasado, sean llamados a descargos. La directriz ha generado que 600 contratistas hayan sido citados y algunos despedidos.
Entre los primeros afectados está Hamilton Meza, de Funtramiexco, a quien luego de levantársele el fuero fue despedido. De la misma manera la estatal petrolera sacó al presidente de la USO seccional Cartagena, Joaquín Padilla, y al dirigente nacional Wilmer Hernández.
La forma como se desarrollan los despidos de los dirigentes y trabajadores sindicalizados que han sido llamados a descargos, sumada a la cantidad de procesos disciplinarios, son algunos de los elementos en los que se basa la organización sindical para afirmar que hay sistematicidad en el accionar.
Por lo anterior, la USO ya prepara un documento para llevarlo ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, en términos de César Loza, una institución estatal está convirtiéndose en una herramienta jurídica para penalizar a la organización sindical.
El objetivo
Los trabajadores saben que detrás de la permanente persecución sindical y violación a los derechos laborales por parte de la estatal petrolera, lo que se teje es la búsqueda del debilitamiento del sindicato para que merme su capacidad de influencia en los obreros, ya que se ha convertido en un catalizador capaz de movilizar a trabajadores, comunidades y otros sectores sociales en defensa de la empresa, las relaciones laborales dignas y el medio ambiente. De esta manera, adelantar una serie de acciones que van en detrimento del patrimonio de todos los colombianos y de la soberanía energética.
En este sentido y para discutir con Ecopetrol, la USO ha desarrollado una agenda con dos temas gruesos en los que polemiza permanentemente con delegados de la administración de la entidad y otras instituciones del Gobierno nacional; uno de carácter laboral y otro en el ámbito de la política económica.
“De carácter laboral consiste en el desconocimiento unilateral por parte de la administración de la empresa de los derechos de los trabajadores y de algunos puntos que componen la convención colectiva, en los que están temas como educación y salud. Pero además, por el recorte de salarios a los trabajadores al servicio de firmas contratistas, a los tercerizados, un recorte que significó entre un 20 y un 45%, lo que generó protestas en todo el país y la respuesta de la empresa contra el sindicato”, explicó César Loza.
No obstante, el tema de interés para todo el país atañe al debilitamiento de la empresa, al punto que actualmente sólo quedan los campos de producción y la Refinería de Barrancabermeja, pues el resto son filiales. “Nos oponemos a la venta de Propilco, que ya fue aprobada en consejo de ministros. En este mismo sentido hicimos una solicitud al Ministro de Minas y Energía y al presidente de Ecopetrol de firmar un acta que garantice que la filial no vaya a ser vendida, enajenada o que se busquen socios estratégicos, porque sería conducirla a la privatización. Y el tercer elemento, es la necesidad de la modernización de la Refinería de Barrancabermeja porque permitirá mayor y mejor producción. Por efectos de importación de combustibles, en 2016 el país pagó 10.5 billones de pesos que se podrían ahorrar si la Refinería es modernizada”, aduce el presidente de la USO al explicar los puntos económicos que discuten con la empresa.
Los trabajadores realizaron hace dos semanas su junta nacional en la ciudad de Cartagena, en donde diseñaron planes a seguir para defender su convención colectiva y ver las posibilidades de una gran manifestación nacional, que no descarta una huelga, si el Gobierno y la empresa persisten en la violación a los derechos laborales y en la venta del patrimonio de los colombianos.
