Colombia terminó el año 2017 en medio de una profunda crisis humanitaria e inicia el 2018, con un panorama de terror en algunas regiones del país, sin que el Gobierno tome riendas en el asunto
Carolina Tejada
@carolltejada
Según la firma el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, desde que inició el proceso de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el número de asesinatos de líderes sociales han aumentado. De acuerdo al mismo análisis, en el 2017, las cifras relacionadas con el asesinato de líderes sociales aumentó en un 45 %.
De la mano de las preocupantes cifras se ubica el hecho de que, las instancias gubernamentales correspondientes para atender este tipo de casos, niegan la gravedad de los hechos, no actúan de manera oportuna y, la protección de las comunidades y líderes queda a la deriva.
Las mismas declaraciones a mediados del mes de diciembre del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reafirman el desconocimiento a las mismas comunidades que han venido denunciando, y el desinterés desde el establecimiento por tomar riendas en el asunto. Según Villegas, en una entrevista para Noticias Uno, la “inmensa mayoría” de los casos en que líderes sociales han sido asesinados, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas” al paso que aseguró, “no hay detrás una organización que esté asesinando líderes sociales”.
Reacción internacional
Lo mismo no afirman las organizaciones de derechos humanos, y la comunidad internacional. Amnistía Internacional por ejemplo, ha venido llamando la atención al Gobierno de Juan Manuel Santos, por la aguda situación que existe, en términos de seguridad, en algunos territorios en los que la vida de las comunidades corre peligro.
En este mismo sentido, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 20 de diciembre, expreso públicamente su preocupación por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos y llamó a los funcionarios públicos, a que acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017, que tiene que ver con los lineamientos para la protección de los derechos humanos de líderes y organizaciones de DD.HH., que participen activamente en el proceso de implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
En esta misma declaración, la oficina de DD.HH. de la ONU reitera que, “ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”. Igualmente afirman que, “la Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”.
La mezquindad en el Congreso
Se referían puntualmente a la descalificación que algunos miembros del congreso hicieron frente a que, los y las defensoras que fueran escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Lo cual se califica como una falta de respeto a su labor, “y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho”, afirma la ONU al tiempo que muestra su preocupación por las declaraciones de Villegas. Al respecto expresan, “otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.
Para la ONU, las cifras levantadas en terreno en donde la oficina de derechos humanos. hace presencia son claras. “La Oficina ha verificado durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación”. Insisten en que, “los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de la criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos (…)
Apenas iniciamos el año y las agresiones y amenazas a las comunidades y líderes sociales, continúan con un manto de impunidad y silencio desde el Gobierno.
El desconocimiento de ayer es el terror de hoy
El pasado tres de enero la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció que cuatro integrantes de las autodenominadas AGC, amenazaron de muerte al líder social Yeison Mosquera. Estos hechos se ubicaron en el municipio de Riosucio en el departamento de Chocó, aproximadamente a las cuatro de la tarde. Según la denuncia, los hombres armados abordaron el esquema de la Unidad Nacional de Protección y a Yeison Mosquera en el barrio El Paraíso, allí, “le expresaron que lo iban a matar por sus denuncias”. Gracias a amenazas anteriores, más de siete líderes se vieron obligados a salir de sus territorios en los últimos días.
El caso de Yeison ha sido conocido públicamente, pues hace parte de un grupo de 25 líderes sociales amenazados en esa región y quienes han venido exigiendo al Estado colombiano, garantías para el desarrollo del trabajo social y comunitario sin que ello les cueste la vida.
Otra situación similar se vivió en el Consejo Comunitario de Pedeguita y Manicilla, territorio en disputa desde hace varios años entre los departamentos de Chocó y Antioquia, gracias a las riquezas minerales que se encuentran en la zona y la presencia de grandes empresas de explotación de bananos y de aceite de palma. En este territorio, el consejo comunitario ha venido denunciando la presencia desde inicios de este año, de integrantes “de las AGC, vestidos de civil, que ingresaron a la Zona de Biodiversidad de Jorge Mercado, amenazándolo con que debía pagar una vacuna, si no quería que se llevaran el ganado”, afirma una denuncia pública. Así mismo, habitantes de Caño Manso, territorio colectivo de Curbaradó, denunciaron que el pasado 4 de enero, “dos integrantes del grupo neoparamilitar de las AGC ingresaron a predios comunitarios de Caño Manso, Territorio Colectivo de Curvaradó y extorsionaron a los integrantes del Consejo Comunitario, Alfonso Falla y Francisco Pérez, también increpándolos, con llevarse los semovientes de no pagar la vacuna”.
Sumado a esta aguda realidad, se encuentra el asesinato de excombatientes de las FARC, hoy integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El pasado 4 de enero fue asesinado en Caloto, Cauca, Reinaldo Casamachín, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a 400 metros de donde vivía en la vereda El Pedregal, corregimiento El Palo.
Con gran preocupación organizaciones de DD.HH., siguen instando al Gobierno nacional a superar esta realidad, volcar cada una de las instancias del establecimiento para investigar y desmantelar las organizaciones paramilitares y se frenen los crímenes en contra de líderes sociales en el país. Colombia debe superar el manto de impunidad, el silencio cómplice desde el establecimiento sobre los crímenes que siguen poniendo al país, como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la labor social y de defensores de derechos humanos.
