Fast track a la reforma política
La reforma política que se discute en el Congreso va en contravía de las viejas estructuras politiqueras de los partidos tradicionales
No se pueden burlar los acuerdos con modificaciones en el Congreso de la República de la reforma política. Esa es la preocupación que acompaña a los sectores sociales, populares y partidos políticos que trabajan por consolidar el acuerdo de paz de La Habana. Gabriel Becerra, es el secretario general de la Unión Patriótica y ha estado muy cercano al proceso de implementación de los acuerdos en el parlamento.
Becerra habló con VOZ a propósito del primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo que discute las modificaciones a la Constitución nacional para la ampliación de la democracia y nuevas reglas del juego electoral.
Autoridades electorales autónomas, un nuevo sistema electoral que garantice erradicar el fraude en las elecciones y mejores condiciones políticas para los miembros de la oposición y voto electrónico, son los principales temas que reclama la colectividad Unión Patriótica.
–¿A qué responde el proyecto de reforma política que hoy se tramita en el Congreso?
–En primer lugar, a la profundización de la crisis del régimen político colombiano en cuanto a sus instituciones, procedimientos y legitimidad. Esta crisis no se reduce exclusivamente a los más recientes escándalos de corrupción, cuyos principales responsables son los partidos representativos de las elites colombianas. No se escapa ninguno: el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Conservador y el Centro Democrático. La crisis de la política tradicional coloca en riesgo la supervivencia del poder constituido. Introducir cambios y reformas se hace indispensable. Adicionalmente, la Reforma Política es un compromiso adquirido en el Acuerdo de Paz, específicamente en el punto 2 “apertura democrática para la paz”. Es innegable que una de las causas principales de la guerra ha sido la exclusión política y la usencia de garantías reales para la participación de todo el pueblo en la disputa por los gobiernos y el poder. En mi opinión, y sin menospreciar el contenido de los demás puntos del acuerdo, este es un tema trascendental. Sin una apertura democrática real la construcción de la paz será prácticamente imposible.
–¿En qué va ese proceso de reforma?
–La semana pasada inició en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el primero de cuatro debates del proyecto de Acto Legislativo de la llamada reforma política y electoral. El ambiente en el Congreso no es el más favorable. El poder político vigente no se va a reformar democráticamente de manera voluntaria. Por lo que se conoce, inclusive se quiere aprovechar la reforma para blindar algunos privilegios. El llamado es a sacar el debate a la opinión pública, denunciar los aspectos negativos y estar lo más alertas posible.
El proyecto
–¿En cuanto al contenido, qué vale la pena resaltar?
–El proyecto contiene 22 artículos que se refieren, entre otros temas, principalmente a cambios en el proceso de pérdida de investidura de los congresistas, modificaciones al régimen de partidos y personería jurídica, coaliciones y tipos de listas, financiación electoral y de los partidos, y creación del Consejo Electoral colombiano.
–¿Cuál es la opinión de la UP y el PCC sobre estos contenidos?
–La preocupación principal que tenemos como UP y PCC es que se burle el compromiso adquirido en el acuerdo de paz y realmente no haya reforma política, se impongan los intereses de los partidos tradicionales e inclusive, en algunos casos, como la elección de los magistrados de la nueva autoridad electoral o las causales de pérdida de investidura, lo que se termine aprobando sea peor de lo que existe. Todo esto en un contexto donde la amenaza de la violencia, especialmente paramilitar, se mantiene, con la complicidad de sectores del establecimiento político y militar.
Los mínimos
–¿Específicamente qué piden sea tenido en cuenta en esta reforma?
–Aunque nuestras aspiraciones son mucho mayores y reclaman, por ejemplo, la creación de un poder electoral verdaderamente autónomo y trasparente, y un régimen de transición con mayores garantías para la oposición y minorías en diversos campos, hemos decidido apoyar un acuerdo político de los partidos minoritarios, alternativos y de oposición por una reforma política que profundice la democracia y ataque la corrupción.
El acuerdo define como mínimos defender los siguientes puntos: 1. Reglamentación inmediata de las coaliciones de movimientos y partidos políticos para corporaciones públicas. En coherencia con el punto anterior defensa de las listas con voto preferente para las alecciones de los años 2018 y 2019; tercero. fortalecimiento de la financiación pública y los controles a las campañas electorales; cuarto, adquisición progresiva de derechos de las agrupaciones políticas, defendiendo los derechos de los grupos significativos de ciudadanos, reducción del umbral al 2%.
En quinto lugar en lo referido a la nueva autoridad electoral se propone que se refuerce su carácter independiente, con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, sin la intervención del presidente de la República en su conformación, y con garantías para que las minorías políticas y la oposición puedan tener representación en él. Así mismo, que el Consejo de Estado cumpla en términos perentorios las funciones electorales.
–¿Qué otros temas considera importantes en cuanto a la reforma?
–Preocupa que se haya firmado un acuerdo de paz, se incorporen nuevos movimientos como desarrollo de ese acuerdo, y no existan las medidas efectivas para garantizar una ampliación de la participación electoral. Para ello se proponen facultades transitorias a la Registraduría para la ubicación de puestos de votación, de manera especial en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado, fortalecer la pedagogía electoral, la implementación inmediata de registro y voto electrónico, identificación biométrica y voto por correo. También apoyamos las medidas que ayuden a fortalecer la equidad de género y la participación de la juventud.
