Alfonso Conde C.
Dicen que eso planteó Galileo, en voz baja, después de su abjuración. En voz alta esta vez, la población colombiana manifiesta su inconformidad creciente con la profundización de las políticas neoliberales que la afectan y con el recrudecimiento de la agresión, reaccionaria y en demasiados casos sangrienta, contra quienes sólo intentan vivir en paz. El movimiento popular crece en intensidad.
Paros cívicos en Quibdó y probablemente en Buenaventura y Tumaco son indicadores de la gran insatisfacción de esos pobladores tradicionalmente abandonados por el Estado y aún explotados por las castas que han “dirigido” este país, meca de las desigualdades. Su protesta incluye entre sus causas la renovada agresión de grupos paramilitares que con fuerza intentan mantener o ganar control y dominación sobre esas poblaciones tradicionalmente sometidas. El proceso de paz y democratización en marcha parece no alcanzar a los retrógrados que han sumido e intentan seguir sumiendo a la población en el régimen de esclavitud.
A la par con lo anterior se multiplican otros movimientos sociales. El menospreciado por los gobiernos sector magisterial, hoy ejerce su derecho a la protesta por el incumplimiento de pactos ya firmados conducentes a su valoración como ciudadanos que no son de segunda. Otros servidores del Estado como los del sector judicial, los del sector penitenciario o de ministerios como el de Trabajo, también generan protestas que demandan del gobierno su derecho a vivir con dignidad.
La población de alrededor de cien municipios colombianos demanda la revocatoria del mandato de sus gobernantes por motivos diversos, todos ellos relacionados con el gran distanciamiento entre las expectativas que muchos generaron y las realidades de su comportamiento como voceros de intereses particulares alejados de o contrarios a las necesidades de la gente. En Bogotá, en donde la insatisfacción alcanza por lo menos al 75% de la población que se manifiesta dispuesta a decidir la revocatoria, se incluye como causa el afán privatizador de los bienes públicos ordenado por las políticas neoliberales, acogidas con convicción por el mandatario local, su fiel sirviente. Su comportamiento al respecto apenas se corresponde con el menosprecio que evidencia sobre los sectores más desfavorecidos de la población.
A lo anterior se suman muchos hervores en gestación que abarcan la mayoría de la población colombiana: salud, educación, derecho al trabajo, sostenibilidad ambiental, el transporte y los servicios públicos, en fin, casi todo el espectro de las necesidades sociales. Hace falta coordinación de la protesta. Vamos hacia un Paro Cívico Nacional.