Ante la propuesta alternativa de generar un salario mínimo a nueve millones de hogares, la respuesta del Gobierno nacional ha sido dilatar la decisión
Redacción Política
Ya se radicó en la secretaria del Senado de la República el proyecto de ley que propone la creación de un fondo de asistencia económica para nueve millones de personas vulnerables, que se resume en la generación mensual de un salario mínimo a tres millones de colombianos para mitigar los efectos de la crisis producida por la pandemia del covid-19.
La crisis social es imparable y el desempleo es la primera consecuencia con la que se agrava la pobreza y se profundiza la desigualdad. Esta es la principal razón que tienen los 53 senadores del Congreso para emprender una carrera a contrarreloj en favor de la población desfavorecida. El proyecto tiene como adversarios al Centro Democrático y a los principales voceros de las bancadas de Gobierno que anuncian una dura oposición al trámite de la iniciativa.
Economía asfixiada
Tras tres meses de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Duque, el país conoció la cifra que mide el desempleo. Se trata de la encuesta del Departamento Administrativo de Estadística, DANE, que midió la tasa de desocupación en el mes de abril -45 días en crisis de salud pública- dejando como resultado un desempleo de 19.8% y 500 mil contratos suspendidos entre empresas y trabajadores de todo tipo.
Aunque los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor se movilizaron para entregar ayudas a la población, solamente se beneficiaron dos millones de hogares con un promedio de ayuda humanitaria de 120 mil pesos por hogar. A eso el Gobierno nacional le sumó el programa de devolución del IVA, y el programa Ingreso Solidario, bastante cuestionable pues en su primera fase se pusieron en evidencia fallas en sus bases de datos y generó dudas respecto el número de ciudadanos que recibieron dicho ingreso.
Para la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, durante el mes de abril “casi el 42% de las empresas encuestadas tuvo una disminución en más del 90% de sus ingresos y el 86% había despedido a hasta cinco trabajadores. De igual modo, a corte del 15 de mayo, solo el 20.6% de las empresas encuestadas contaban con los recursos necesarios para el pago de la nómina, mientras que el 46.9% ya no contaba con ellos para pagarla”.
La hipoteca invertida
El Director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, en un foro convocado por el partido de Gobierno, desestimó la renta básica y defendió la eficiencia de los programas diseñados para generar una política asistencialista entre los más vulnerables, afirmando que lo que lleva de la pandemia se habían impactado al menos cuatro millones de hogares.
Por su parte el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se ha negado sistemáticamente a estudiar la posibilidad de una renta básica, por el contrario, le dio visto bueno al decreto de hipoteca invertida, cuyo fin, según el ministro de Vivienda Jonathan Malagón, es asegurar “ingresos fijos a los mayores de 65 años”.
La figura financiera de la hipoteca invertida es copiada de la legislación estadounidense y es presentada como la propuesta más importante del Gobierno nacional para con los ingresos de un sector de la población para sobrellevar la crisis económica.
Sin embargo, se trata de un gran negocio para el sector financiero y los fondos inmobiliarios aliados de la banca colombiana y la posibilidad de dejar sin inmuebles a los mayores de 65 años que se acojan para aliviar su ausencia de ingresos monetarios para sobrevivir.
Los costos de la iniciativa alternativa
La iniciativa de renta básica le va a costar al país un 2% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 20 billones de pesos que con los instrumentos administrativos y un esfuerzo presupuestal inminente se le puede dar solución de comida a 22 millones de personas en Colombia por tres meses, tiempo suficiente para bajar la curva epidemiológica de la pandemia y salvar empleos, manteniendo los índices de pobreza iguales a los registrados antes de la declaratoria de emergencia económica.
“Es claro que estas medidas tienen enorme costo. Sin embargo, corresponden al daño enorme que han sufrido las familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable si no se actúa con determinación y a tiempo. Por lo mismo son urgentes y su materialización es inaplazable. Por ello, es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan ingresando”, indica el documento de ponencia de la iniciativa legislativa.
Para ello se plantea la imposición de un tributo para los super ricos. La ponencia señala: “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados -el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas- así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.
Pulso en el Congreso
Los ponentes de la bancada de Gobierno presentarán ponencia de archivo para que la iniciativa se hunda sin dar el primer debate. Se espera que antes de terminar la legislatura el próximo 20 de junio el proyecto pueda ser debatido en dos instancias, la Comisión Tercera y ocho días después en la plenaria del Senado.
Prevén los partidarios de la renta básica que el Centro Democrático le ordene a sus bancadas aliadas no constituir quorum a la hora de debatir que el proyecto sea en plenaria o comisión. Dependerá de la presión política que el Gobierno nacional acepte la petición de 53 autores del proyecto y que la ciudadanía se movilice para alcanzar una renta básica para los siguientes tres meses, que sirva para detener la curva ascendente de la pobreza, que va más rápida que los contagios de la pandemia.
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