Sindicatos demandan a magistrados de la Corte Suprema de Justicia

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Trabajadores de mina de carbón en La Jagua de Ibirico en protesta. Foto archivo.

Sindicatos demandan ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes a magistrados responsables de fallos contra el derecho de asociación y huelga

Ante los fallos adversos y consecutivos que han ilegalizado varias huelgas en el sector minero-energético, el pasado 16 de febrero, un grupo de sindicatos afectados se dieron cita en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en audiencia pública aprobaron instaurar demandas por presuntas irregularidades contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia autores de esos fallos.

Las determinaciones que las organizaciones de trabajadores no aceptan son: La ilegalidad de huelga Carbones de la Jagua, en Glencore, realizada por trabajadores afiliados a Sintramienergética, el 10 de abril de 2013. El tribunal de arbitramento en la empresa Consorcio Minero Unido, CMU, (Glencore) donde se produjo un conflicto colectivo laboral que concluyó con un tribunal de arbitramento y que dio como resultado un laudo arbitral; este fue apelado por la empresa que pidió su nulidad y un magistrado anuló un artículo, no obstante ya estaba ejecutoriado el laudo.

Las ilegalidades de las huelgas en las empresas Dimantec y Tracteccol (Gecolsa), cuyos trabajadores estaban afiliados a Sintraime. Dos huelgas en Gecolsa (Dimantec- Tratecol); que laboran para las trasnacionales Drummond y Glencore; la primera realizada en marzo – abril de 2013 e ilegalizada por la Corte Suprema de Justicia; la segunda efectuada del 9 de julio al 18 de agosto de 2014, producto del conflicto colectivo de trabajo; en primera instancia fue legalizada por el Tribunal Superior de Bogotá y apelada por la empresa para su ratificación ante la Corte Suprema.

Dos huelgas de los trabajadores de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco: Un paro en 2009 y otra en el año 2012 como consecuencia del conflicto colectivo de trabajo, ambas adelantadas por Sintraime. La primera fue ilegalizada por la Corte en junio de 2009 y la segunda por el Tribunal Superior de Bogotá, en agosto de 2012 y revocada por la Corte en diciembre de 2012.

Una huelga realizada en la empresa Gente Estratégica (Mina Caypa), en Barrancas, La Guajira, en el año 2012 como resultado de la negociación del pliego de peticiones adelantada por Sintramienergética. La ilegalización de la huelga de los trabajadores de Andes Cast Metals Foundry, afiliados a Sintravidricol; huelgas ilegalizadas de manera consecutiva contra los trabajadores de la empresa Drummond, afiliados a Sintramienergética.

Un paro en el año 2009 y otro en 2012 como consecuencia del conflicto colectivo de trabajo, adelantados por Sintramienergética; la de 2009 ilegalizada por la Corte Suprema en septiembre de 2009 y la segunda en noviembre de 2014.

Urge solidaridad

Una huelga en la empresa Cerroma­toso en Montelíbano, Córdoba, en 2015 por extensión de la jornada de trabajo, declarada ilegal en primera instancia por el Tribunal Superior de Montería, en julio de 2015, sin haber tenido en cuenta que la misma Dirección Territorial del Trabajo comprobó y sancionó a la empresa por los hechos que dieron origen a la huelga.

Al mostrar estos casos las organizaciones sindicales de este sector como Funtramiexco, Sintramienergética, Sintraime y Sintravidricol, quienes además fueron protagonistas de la audiencia, expresan que por las reiteradas sentencias adversas a los obreros los empresarios aprovecharon las oportunidades para despedir más de tres mil trabajadores y a sus dirigentes sindicales, afectando a las organizaciones y a las familias de los despedidos.

Además, es evidente que las reiteradas declaratorias de ilegalidad ponen en peligro permanente la estabilidad de los trabajadores al ser afectados con el proceder de la Corte, razón por la cual, presentaron la demanda y en consecuencia piden solidaridad del movimiento sindical, las ong, las organizaciones de derechos humanos y de los medios de comunicación para dar a conocer la situación que ha dejado cesantes a miles de trabajadores y a sus familias sin el sustento diario.