Estos pequeños productores denuncian una política que busca sacarlos del mercado para monopolizar el negocio, y aunque hay algunos acuerdos con el Ministerio de Agricultura, el problema de fondo está latente
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Un estudio de los deudores morosos con créditos con el Banco Agrario y condonar en casos jurídicamente posibles los intereses moratorios están entre los acuerdos de los paneleros de la Hoya del Río Suárez y el Ministerio de Agricultura.
Las reuniones culminadas hace dos semanas, también acordaron campañas de promoción para el consumo de la panela. La cartera adquirió el compromiso de fomentar su uso como alimento natural y de productos endulzados con este, en los programas institucionales y compras públicas de las entidades del orden nacional.
Asimismo, destinó mil millones de pesos para, desde el mes de agosto del presente año, promocionar su consumo a través de marketing digital y medios masivos de comunicación.
Las negociaciones se dieron por las protestas realizadas en Barbosa, Santander, tres semanas atrás, originadas porque desde hace 20 meses 350 mil familias que dependen de la producción de panela en todo el país, han visto una reducción en los precios de su producto en el mercado y un incremento en el de los insumos. El kilo de panela pasó de 4.000 a 1.200 pesos.
“Los paneleros no tienen la posibilidad de pagar sus deudas, muchos tienen créditos bancarios. Con esos precios no es posible”, dijo a VOZ Fernando Paipilla, productor de panela en el municipio de Santana, Boyacá, y líder de la organización Dignidad Agropecuaria.
Fernando labora en una zona entre Boyacá y Santander, conocida como la Hoya del Río Suárez y movida económicamente por este producto con siete municipios en Boyacá, entre ellos Chitaraque, el mayor productor de panela en Colombia, y 35 en el otro departamento, en toda hay sembradas 45 mil hectáreas de caña panelera.
Hacia el monopolio
El bajón de los precios se debe a dos aspectos: La proliferación de derretideros de azúcar en el Valle del Cauca y en la zona norte, en la frontera con Venezuela que trabajan con azúcar subsidiado e importado.
“Algunos productores de caña de mala fe resultaron con trapiches que producían ocho o diez mil kilos a la semana, fabricando 70 y 80 mil kilos”, explica Fernando Paipilla.
Lo que hacen estos productores denunciados es coger el azúcar subsidiado proveniente de Brasil, pero que ingresa por Ecuador, o de Cuba que entra por Venezuela, lo derriten y por cada tonelada fabrican casi la misma cantidad de panela: “Hay que recordar que la panela producida con azúcar es un veneno. Derretirlo de nuevo para agregar colorantes y claroles es grave para la salud. También es un delito, pero ha faltado la presencia de las instituciones del Estado quienes han sido muy parcos en esas investigaciones y judicializaciones. Eso es hacer panela falsa y está considerado como delito de adulteración de alimentos”, explica el líder campesino.
El otro causante de la problemática son las importaciones de jarabe de maíz para la producción de gaseosas como Coca Cola, Postobón y productos Nutresa; pero también azúcar de contrabando.
Lo que está de fondo es que grandes grupos económicos del negocio del azúcar quieren quedarse con el negocio de la panela -comenta Paipilla-, para lo cual deben sacar del mercado a los pequeños productores. Sus utilidades se han visto muy disminuidas y ven en un mercado de un millón 250 mil toneladas de panela por año, una alternativa económica. La idea es quebrar a los pequeños para luego monopolizar el negocio.
“La manera de quebrarnos también es subiendo el precio de insumos como fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, fungicidas, y actualmente tenemos los más caros de Latinoamérica; los más costosos de la producción agropecuaria en el país. Y por otra parte, derritiendo azúcar nos bajan los precios de lo que producimos”, argumenta Fernando Paipilla.
La pelea continuará
El fenómeno ha llevado a graves afectaciones en la economía de los pequeños productores, al punto que hace tres semanas no aguantaron más y decidieron hacer manifestaciones de protesta, en varios partes del territorio nacional.
En Barbosa, Santander, siete mil familias se quedaron en la carretera durante nueve días para evidenciar el problema. Algo que nunca había hecho este sector. Una semana después, fueron atendidos por el Ministerio de Agricultura donde llegaron a algunos acuerdos, según Fernando Paipilla: “Porque el Gobierno sabe que somos el gremio que más empleo rural produce en el país, cada trapiche mediano ocupa alrededor de 40 personas, tanto en el corte, como en el transporte y en la producción en la planta. Y en el país hay alrededor de 22 mil trapiches”.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura también se comprometió a que con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional intensificará los controles al ingreso de panela, mieles, alcohol y azúcar, y a realizar controles efectivos sobre los derretidos de azúcar.
Y, entre otras cosas, la entidad dijo que conformará una mesa con representantes de los paneleros, estructurar el fondo de estabilización y fomentar la formalización del sector.
Por ahora, estos miles de pequeños productores quedan a la espera de soluciones, aunque seguirán denunciando en escenarios de Colombia y el exterior, estarán en el Congreso de la República argumentando, proponiendo. Pero principalmente, están luchando para que su forma de subsistencia no sea acaparada por los monopolios.
