Marcel Guarnizo Prieto
El ambiente de la Universidad Autónoma de Colombia por estos días es de mucha tensión. Y no es para menos; en lo que va corrido del año se han realizado diferentes manifestaciones y protestas debido a las anormalidades en los procesos de elección a los cuerpos colegiados; pero la situación que puso en máxima alerta al conjunto de la comunidad universitaria, es el retraso de más de 15 días en el pago de los salarios a profesores y trabajadores.
Como fue registrado por VOZ en el mes de marzo del presente año, la Universidad Autónoma de Colombia atraviesa por una situación económica difícil que se expresa en un problema de iliquidez, lo que habría llevado a que en el mes de diciembre de 2017 también se retrasara el pago de salarios y prestaciones.
Según los estados financieros de la FUAC, en 2016 se registró un déficit por valor de 9.412 millones de pesos y en el año 2017 la cifra fue de 9.102 millones, lo cual explica la falta de recursos. Pero el problema es mayor cuando se analizan las cifras de los matriculados en la universidad, siendo evidente su disminución, ya que los ingresos de la Autónoma se sustentan principalmente en el pago de matrículas.
Existe un rubro que llama la atención en los estados financieros de la universidad y es el costo de administración Academia e Investigación, el cual ascendió a los 9.794 millones de pesos en 2017, pero no está relacionado con los ingresos que se percibieron por los programas de pregrado ni posgrado. En él se encuentra todo lo relacionado con los docentes que trabajan en investigación y demás actividades relacionadas con este tema; y todo parece indicar, que también corresponde a los dineros invertidos en la acreditación de alta calidad de los programas que oferta la universidad.
Llama la atención, ya que en la actualidad la Universidad Autónoma no cuenta con ningún programa acreditado y todos los esfuerzos realizados por docentes y estudiantes en esta materia, no se han visto reflejados en resultados favorables.
La falta de acreditación ubica a la Autónoma en una condición de desventaja respecto a otras instituciones de educación superior, que sí ofertan sus programas académicos con alta calidad. Un egresado de un programa acreditado tiene ventaja sobre uno de un programa no acreditado, lo que puede conducir a una mayor migración de estudiantes hacia otras universidades.
La situación se agudiza mucho más para los estudiantes debido a la aprobación reciente en el Congreso de la República del proyecto de ley que crea el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso. Mediante esta estrategia el gobierno pretende ampliar los créditos educativos del Icetex, como mecanismo para que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior; pero para poder ser “beneficiario” de uno de estos créditos, se requiere que el programa al que se vaya a matricular el estudiante esté acreditado. En síntesis, las y los estudiantes de la Autónoma que pagan sus matrículas a través de créditos del Icetex, se van a enfrentar a mayores dificultades para garantizar su permanencia en la universidad.
Para el profesor Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU, “existe una política para acabar con las universidades privadas que atienden la población de estratos 1 y 2”. Esta política estaría determinada por el interés de algunas universidades privadas de hacerse al monopolio de los recursos que el Estado destina a la educación superior.
El programa Ser Pilo Paga y la Financiación Contingente al Ingreso son medidas que favorecen esta intención: son muy pocas las universidades privadas que captarían los recursos provenientes de los créditos del Icetex al tener sus programas acreditados, como también son pocas las universidades privadas en las que eligen estudiar los pilos. No sobra mencionar que la Universidad Autónoma no cuenta con ningún “Pilo” matriculado en sus programas.
El problema de la FUAC es explicado por la organización sindical Sinprofuac, como una crisis de administración, ubicando como principales responsables de la situación financiera a los directivos de la universidad. Según este sindicato, ha habido poca responsabilidad en la ejecución de gastos y un bajo compromiso de la administración en la entrega de cuentas trasparentes y claras, lo que se evidencia en dictámenes de la revisoría fiscal que expresan dudas sobre algunas partidas.
Por este motivo Sinprofuac propone la realización de una auditoría forense que es una técnica utilizada para la investigación de fraudes y se desarrolla a través de mecanismos de investigación criminalística, integrados con la contabilidad, conocimientos jurídico – procesales y con habilidades en áreas financieras para proporcionar información y opiniones ante la justicia. El objetivo de esta auditoría sería el de identificar los fraudes o irregularidades que se hayan podido cometer en la Autónoma, encontrar y judicializar a los responsables de tales hechos y prevenir futuros ilícitos en la universidad.
Por otro lado, el recién nombrado presidente de la universidad manifestó a profesores y estudiantes su “compromiso ineludible de sacar la universidad adelante” e invitó a retomar esa importancia que alguna vez tuvo la FUAC. Así mismo, presentó como solución al problema del pago de salarios, la hipoteca de uno de los bienes de la universidad por 2.800 millones de pesos con lo cual se solucionaría el problema de iliquidez mientras se pone en marcha un plan de acción que presentó ante el Consejo Directivo, pero que la comunidad universitaria no conoce.
De cualquier forma, la solución presentada sigue siendo una cuestión marginal que garantizaría el pago de salarios, pero no da salidas claras para la superación de las dificultades económicas en el mediano y largo plazo, de tal manera que cunde la incertidumbre sobre la existencia en el tiempo de la universidad.
En lo que todas las partes coinciden, es en que la universidad tiene la capacidad y la solvencia para superar los problemas actuales y cada uno por separado está proponiendo alternativas de solución. Ojalá las decisiones administrativas y políticas que se tomen redunden en beneficio de la comunidad universitaria y la FUAC pueda cumplir su misión institucional para llegar a formar estudiantes de los sectores más empobrecidos de la ciudad.
