VOZ dialogó con el joven concejal de la Colombia Humana-UP sobre las medidas que ha tomado la ciudad más importante de Cundinamarca para afrontar la pandemia, la corrupción en la salud pública, así como la relación desigual con Bogotá y el drama de la gente con los servicios públicos
Redacción política
-Con las últimas cifras y decisiones de las autoridades se infiere que la emergencia sanitaria producto de la pandemia se agudizará. ¿Cuál es el balance que hace de la situación económica, social y de salud en la ciudad de Soacha?
-Soacha superó en las últimas semanas los 500 casos, en junio se han disparado por la reapertura económica cuando no llegamos al pico. Casi el 70% de nuestra población económicamente activa vive de la informalidad, el rebusque y el día a día, eso quiere decir que, sin garantías económicas por parte del Estado para evitar la exposición al contagio, la gente tenderá a salir para llevar el sustento a sus hogares.
En Soacha se registraron los primeros trapos rojos en las casas de la población vulnerable, aunque la alcaldía determinó que ese sería el indicador para la entrega de ayudas, rápidamente se supo sobre la parcialización de estas en favor del provecho político de algunos sectores de la clase política.
Gracias a la presión que realizamos con nuestras alertas, logramos que la alcaldía constituyera un mecanismo único de entrega de ayudas, el portal www.ayudasoacha.com, a través de ese portal la comunidad con necesidades se registra para la obtención de las ayudas humanitarias. Esta semana haremos debate de control político para saber en detalle el impacto de este portal.
Corrupción y salud
-En materia de salud, ¿cuál ha sido la respuesta institucional en la ciudad?
-Aunque el concesionado Hospital Cardiovascular de San Mateo es el centro de salud de referencia para el manejo del covid en Cundinamarca, aún no han llegado la totalidad de las Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, que prometió la Gobernación ni la carpa hospitalaria que dijo el Ministerio del Interior.
El alcalde Juan Carlos Saldarriaga de manera irresponsable y temeraria hace pocos días, en tono de amenaza, señaló que estaba comprando bolsas para cadáveres y realizando convenios con los cementerios para quienes -según él- se porten mal y contraigan el virus. Me temo que la densidad poblacional y el hacinamiento de la población que debe salir al rebusque sean detonantes para el incremento de los contagios.
-Se ha denunciado la liquidación del contrato que le daba vida al Hospital Público III Nivel de Terreros. ¿Está Soacha preparada en materia de infraestructura y política de salud pública para una crisis sanitaria prolongada?
-El Hospital Público de III Nivel de Terreros ha sido la historia de una tragedia. Hay un lote de nueve mil metros cuadrados en plena autopista sur, junto a 56 mil millones en las cuentas maestras del municipio que no se han podido invertir para darle a la ciudad el hospital de alta complejidad que requiere. Desde diciembre del 2014 no se ha pasado de la contratación de los estudios y diseños. En 2017 se liquidó el primer contrato porque el consorcio no cumplió con los tiempos -sin contar que no tenía la experiencia de construcción hospitalaria-.
En 2018 el municipio hizo un convenio con la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, para que en el término de año y medio se tuvieran los estudios, diseños y licencias de construcción. Desafortunadamente los tiempos de construcción han aumentado, el Hospital hoy está desfinanciado en casi 12 mil millones, sin contar los casi 30 mil millones que cuesta su dotación. La Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Salud no han ayudado para lograr el cierre financiero.
En marzo de este año, Findeter no entregó las licencias de construcción en el tiempo estipulado en el Convenio (que costó 2.500 millones), sin embargo, solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir el Convenio, a lo cual la presente administración municipal respondió liquidando el contrato.
Esta es la hora que la ciudad no conoce los términos de dicha liquidación, más cuando en el Plan de Desarrollo Municipal no quedó consignado ninguna meta relacionada con el Hospital de alto nivel para Soacha; de igual modo el Plan de Desarrollo Departamental, aunque incluye un capítulo especial para Soacha no precisa en materia de presupuestal cuántos son los recursos para el Hospital de III nivel. Lo que evidentemente hemos alertado a la comunidad.
Tengo el temor que el alcalde por la vanidad de inaugurar una obra hospitalaria en su gobierno, termine desechando la idea del Hospital Público de III Nivel y busque alguna cofinanciación privada –que desnaturalizaría la idea original del proyecto- para privatizarla mediante la figura de la concesión o, en su defecto, construya un Hospital de II Nivel. No podemos dejarnos meter gasto por liebre.
Relación centro-periferia
-Un porcentaje muy alto de la mano de obra en Bogotá proviene de Soacha. ¿Cuál es su opinión ante las medidas de reapertura económica que ha implementado y piensa implementar el Gobierno nacional?
-El 20% de la fuerza laboral formal de Bogotá proviene de Soacha, sin contar la ciudadanía articulada en la economía informal. La relación Soacha-Bogotá, es de una conurbación que mantiene los rasgos del centro-periferia. Soacha es una ciudad de trabajadores y de un importante sector estudiantil que desarrolla sus actividades en Bogotá.
La capital, junto a la Nación, son responsables del drama humanitario del municipio y aún no han pagado la deuda social con nuestro territorio. Por citar un ejemplo, Soacha compra el agua en bloque a Bogotá, mientras Bogotá subsidia parte del servicio a sus habitantes, Soacha paga el agua más cara del país.
Cundinamarca no se queda atrás, no sólo con la odisea del Hospital Público de III Nivel, sino con proyectos icónicos que no ejecutaron aquí, como por ejemplo el Tren de Cercanías, sistema férreo ligero que se llevaron a los municipios de sabana de occidente, a Soacha le pavimentaron su vía férrea para ampliar la red de buses de Transmilenio. Ya vamos para las fases II y III de ese sistema de movilidad anacrónico.
-¿Y con respecto a la emergencia sanitaria?
-Tenemos una fuerte relación con localidades que han presentado las mayores cifras de contagio en Bogotá. Limitamos con Bosa y no hay coordinación de las políticas. Mientras en Soacha se realizan toques de queda para garantizar el aislamiento social, en Bosa hay normalidad de actividades, mientras que con Kennedy hay una estrecha relación con los servicios que presta esa localidad, en especial con el papel que cumple Corabastos.
Soacha tiene dos rasgos letales en tiempos de covid: es una ciudad muy densa y con hogares en todas las comunas que registran hacinamiento -una fuente común de ingreso es la renta vía arriendos-, por ello cualquier medida de reactivación económica tenderá a agravar la situación. Desde el 1 de junio el alcalde anunció la apertura paulatina de la economía a la par que empezaron a aumentar los casos.
Para disminuir el aumento del contagio se hacen necesarias medidas sociales para los sectores vulnerables. La renta básica es una iniciativa novedosa que permitiría garantizar el aislamiento sin preocupación y dinamizaría la economía local, desafortunadamente esta medida depende de la voluntad política del gobierno de Iván Duque, que expone la vida de los más pobres para salvar a los sectores más acomodados de la economía.
El drama de los servicios públicos
-Usted abrió un canal para que la ciudadanía de Soacha hablara de problemáticas concretas. ¿Qué encontró en esa indagación?
-La queja más común de la gente tiene que ver con el alza indiscriminada de la tarifa de los servicios públicos, en especial en energía, gas y aseo, los tres en manos de operadores privados que han aumentado las tarifas en un 300%, la explicación que le dan a la ciudadanía es que se está promediando, cosa totalmente alejada de la realidad.
El alcalde ha citado a la Superintendencia de Servicios Públicos para llegar a acuerdos. Aún no se conocen los acuerdos logrados para proteger el bolsillo de la ciudadanía.
Mientras tanto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se lleva 90 mil millones al año de parte de los soachunos, cuando la mayoría de las redes han sido gestionadas por la misma comunidad o a la administración municipal. No ha existido intención de subsidiar el servicio de agua, lo que prolonga la crisis de las familias más vulnerables.
Considero importante que los alternativos hoy en el Congreso se den a la tarea de impulsar la reforma sustancial de la Ley 142 de 1994, la cual regula la prestación de los servicios públicos en beneficio de los actores privados. La municipalización de los servicios públicos es un horizonte por el cual se debe trabajar para mejorar la prestación del servicio y financiar el gasto social.
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