El paramilitarismo impone el terror en las regiones. Se debe construir “una alternativa que recoja el malestar social y lo conduzca a un cambio de gobierno”, Diego Martínez
Carolina Tejada
@carolltejada
Durante el 2020 han ocurrido 47 masacres que han dejado 182 personas asesinadas y 196 líderes y lideresas sociales asesinadas. El gobierno no puede decir que no sabía del peligro que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes corrían en estos rincones del país, porque en todos estos lugares se habían presentado alertas tempranas o alguna denuncia pública, dando razón de otros crímenes, o de presencia de grupos armados que alteraban la tranquilidad de las comunidades.
No pueden y no tienen como justificar el fracaso de la seguridad prometida en campaña, y menos tienen cómo explicar que, en esos mismos territorios, como el Cauca, Catatumbo, Tumaco, Chocó entre otros, existe un alto despliegue militar y policial cuya única misión es garantizar la seguridad de la población y no lo hicieron. ¿Fracasaron las fuerzas militares o estamos ante un gobierno fallido?
Un diagnóstico necesario
Durante el proceso de paz se previó la necesidad de garantizar la seguridad en materia territorial. Con ahínco, delegaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales hablaron de la urgencia de acabar con los grupos paramilitares y otros grupos sustitutivos, que ligados al narcotráfico, empezarían a copar territorios en donde las FARC-EP actuaban como un pequeño Estado. Abandonados esos territorios por la otrora guerrilla, y firmados los compromisos para una paz estable y duradera, el Estado debió ingresar y dar cumplimiento al capítulo en materia de garantías de seguridad y, por ende, al de sustitución alternativa y concertada de cultivos de uso ilícito y a la consolidación de planes de desarrollo territoriales y democráticos. Así se acordó y las comunidades esperaban que se enfrentara el panorama de la violencia generalizada.
Pero, allí, en esas zonas apartadas del centro del país, estratégicas para los grupos armados, de narcotraficantes, y fértiles para los cultivos de uso ilícito, no llegó el Estado con sus garantías de seguridad o los proyectos de sustitución de cultivos. Como se había previsto antes de firmado el acuerdo de paz, el vacío institucional, producto de la ausencia de voluntad política le abrió camino a una etapa de violencia que está siendo perpetrada con sevicia, como lo son los descuartizamientos de hombres y mujeres, personas degolladas, mujeres violadas, desaparición forzada, torturas etc. Y las masacres de jóvenes, cinco en una semana, y tres el pasado viernes 21 de agosto en los departamentos de Nariño, Cauca y Arauca.
Lo que dicen las comunidades
“En Tumaco, en lo corrido del año, han perpetrado más de seis masacres”
A las orillas de los ríos y del mar que bordean el pacifico Nariñense, las casas de bareque, construidas artesanalmente por campesinos, principalmente afro, empezaron a ser desalojadas con mayor intensidad a inicios de este año. Los Consejos Comunitarios habían anunciado la presencia de grupos armados, los cuales, a la fuerza y limitando la circulación de la población, estaban copando el territorio. Los enfrentamientos, es decir, la guerra por el control del territorio, se extendió y también la violencia entre y desde las más de ocho agrupaciones armadas.
Nilson Estupiñán, uno de los integrantes de La Red de derechos humanos del Pacífico Nariñense, Redhpana, le contó a VOZ que solo en Tumaco hacen presencia: Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), Frente Oliver Sinisterra (FOS), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nueva Marquetalia. Grupos narcoparamilitares, tales como: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Autodefensas Unidas del Pacífico (Aupac), Autodefensas Invisibles del Pacífico y Contadores. Y aseguró que la cifra que hasta ahora se ha mostrado en medios de comunicación de las masacres y asesinatos selectivos, así como de las personas que han perdido la vida con minas antipersona, aún no se conoce, porque no todo se ha contado.
Con preocupación, incluso por su seguridad y la del colectivo, Estupiñán comenta que, “información directamente de cuántos asesinatos hemos tenido, en el transcurso del 2020, no está bien registrada. Pero, lo que sí te puedo decir es que muertos por minas antipersonas llevamos aproximadamente siete. Si hablamos de personas, que solo en Tumaco y sus veredas han sido asesinadas en medio del narcoconflicto, ya pasamos los 50 casos”. Además, asegura que, solo en Tumaco en lo corrido del año, han perpetrado más de seis masacres; las que se conocen”. En la perla del Pacífico, se estiman 10 mil integrantes de la fuerza pública.
En Samaniego, municipio de Nariño
En este territorio se han presentado dos masacres en menos de un mes. Una ocurrida el 13 de junio, luego de que hombres armados ingresaron a una finca en la vereda Yunguilla y asesinaron a cuatro personas, otras dos quedaron heridas. La otra tuvo lugar el 15 de agosto en las horas de la noche, en la que murieron ocho jóvenes a manos de un grupo armado que disparó en contra de quienes departían en una finca.
Pero al igual que otros territorios la violencia en Samaniego no es nueva. Según líderes del Pacto Local de Paz de Samaniego, “desde enero 1 hasta agosto 16 de 2020 han sido muertos por arma de fuego cerca de 30 personas, convirtiendo este municipio en el lugar con la tasa de homicidios más alta del mundo. (100 homicidios por cada 100.000 habitantes)” otros líderes hablan de cerca de cincuenta asesinatos y aseguran que “ni la policía se puede mover, no sale sino hasta al frente de la estación. Y cuando se les pregunta por qué, responden, “no tenemos órdenes””.
Ya no solo es el Catatumbo
En esta región del país, que limita con el vecino Venezuela, se registró el pasado 18 de julio, en el municipio de Tibú, una masacre de ocho personas. Los cuerpos mostraban signos de tortura, mutilaciones y machetazos.
Olga Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo y quien dialogó con VOZ, mencionó que “la crisis humanitaria ya no solo es en el Catatumbo, sino en el departamento de Norte de Santander. En lo que va corrido del año se han perpetrado cinco masacres, tres de ellas en lo corrido de un mes, siendo el mes de julio el más dolorosos para el departamento. Ocho personas en el área rural de Tibú, en la vereda de Totumito-Carboneras y el asesinato de uno de nuestros compañeros, líder en Totumito, área rural de Cúcuta”.
Mientras se hacia la denuncia de la masacre de Tibú, comenta Olga, se presentó otra en donde les segaron la vida a seis personas en la zona rural de Puerto Santander. Días antes se había denunciado el asesinato de cinco personas que habían salido desde Cúcuta hacia la Gabarra y al municipio del Tarra. Estas personas, incluidas una mujer, fueron torturadas y descuartizadas.
Situación que prendió las alarmas, “nosotros pensamos que hay un interés bastante fuerte en el área de frontera, esa frontera que ha estado prácticamente bajo el control de grupos de paramilitares, en ese caso estamos hablando de “los rastrojos”, se estiman más de 20 grupos armados ilegales, en los análisis que ha hecho precisamente las Naciones Unidas, en el seguimiento respectivo a esta situación”.
Solo en la región del Catatumbo, existen 12 mil efectivos del Ejército y la Policía Nacional. En el mes de marzo la Defensoría del Pueblo emitió la última Alerta Temprana en la que advertían a las autoridades del riesgo en que se encontraba la población civil. A pesar de que se conminó a la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida, nunca se tomaron medidas eficaces que frenaran dicha situación de riesgo y violencia. Al cierre de este artículo, una nueva masacre se presentó. Tres personas fueron ultimadas en el camino que del municipio de Ábrego conduce a la vereda Capitán Largo.
La militarización en el Cauca
Cuenta Darío Tote Yace, comunero del pueblo Coconuco e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que “lo que sucede en el norte del Cauca, en el oriente, en el occidente, en el centro, en el sur del departamento, es bastante fuerte, son batallones y batallones, miles de soldados profesionales, fuera de eso de la policía y del Esmad. Pero además está la inteligencia y el sicariato”
Lamenta las múltiples masacres de hermanos y hermanas caucanas, y asegura que han sido múltiples los asesinatos “en el municipio de Argelia, Balboa, en el Patía, en Mercaderes. Así como el asesinato que hay de campesinos, de afros e indígenas en el norte del Cauca, concretamente en Corinto, donde recientemente matan a un periodista indígena y a un comunero” se refiere a Abelardo Liz, periodista indígena que murió cubriendo la liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, a causa de un disparo del Ejercito Nacional, Leonardo, cayó al lado del líder Nasa Jhoel Rivera, quien también fue asesinado.
El consejero asegura que, estos asesinatos los están haciendo a todo aquel que piense diferente, por eso se explica la “situación en Caloto, en Toribio, en Jambaló y rematan con la masacre de seis personas en el municipio del Tambo” y comenta, “uno se pregunta, en un departamento tan militarizado, nadie ve nada, nadie dice nada, nadie oye, lo que se ven son tanquetas, camiones del Ejército y de Policía y suceden estas masacres”. En este departamento existen 7.686 militares actuando, cuatro batallones de alta montaña, fuerzas especializadas, artillería, aviación marítima e inteligencia.
¿Qué está detrás de este panorama de barbarie?
Lo que está ocurriendo, le explicó a VOZ Diego Martínez, abogado que acompañó el proceso de paz en La Habana, “es que el gobierno de Iván Duque omitió implementar los Acuerdos de Paz. ¿Por qué? porque este es un gobierno fallido, que no logra garantizar su principal política, que es la seguridad”.
Según el abogado “para nadie es un secreto que detrás de la acción de grupos violentos se encuentra inmersa también la corrupción por parte del Estado y de la fuerza pública, es decir, si usted hace un análisis territorial del desarrollo del conflicto, lo que va a encontrar es que son zonas altamente militarizadas, donde las FARC actuaron como un Estado efectivo, pero que el Estado nunca fue capaz de recuperar y hacer presencia, talvez porque puede ser que exista un interés del Estado por mantener esos conflictos, mantener la economía ilícita del narcotráfico, es al final la moraleja que está dejando”.
Haciendo relación con la lectura del abogado, en julio, cuando se presentaron las masacres del Catatumbo, uno de los habitantes que salió desplazado de su finca por la barbarie paramilitar en la zona, expresó: “se habla de 400 Urabeños. La señora que tengo en la finca me llamó y me dijo que se iba, que habían mandado a desocupar todo. Y, el Ejército mandó a decir que ellos no se metían en nada, que se maten entre ellos, dijeron”
En el país existe un régimen de acumulación, resalta Martínez, y su accionar, consiste en “continuar con un modelo violento, que justifique precisamente un ambiente de paranoia en el país y surjan nuevamente ideas radicales de militarización de los territorios, ideas radicales de aspersión con glifosato, que es finalmente lo que busca el establecimiento; es decir el establecimiento está de una u otra manera con su omisión promoviendo la violencia territorial: la falta de presencia del Estado es una estrategia para promover salidas violentas que perpetúen la acumulación ilegal y el despojo en los territorios; por eso hoy el mejor aliado del gobierno es el narcotráfico”
El mapa de las zonas en donde la violencia y los grupos armados coparon los territorios y mantienen un control del narcotráfico, son aquellas en donde, el mismo gobierno de Iván Duque, incumplió los acuerdos en relación a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, y en donde se plantea que, la salida para el aumento de la producción de narcóticos, es la aspersión con glifosato. En el fondo, expresa Martínez: “El Estado promueve el enfrentamiento territorial en una lógica contrainsurgente, en una lógica contra asociaciones campesinas. Es decir, el Estado si es contundente para matar campesinos, pero cuando se trata de luchar contra grupos violentos, el Estado es incapaz, ineficaz contra grupos de narcotraficantes”.
Estado fallido
Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, fue contundente al llamar “masacres de Estado” al presente panorama. Esto se dio luego de las declaraciones del ministro de Defensa, quién plantea que, reiniciar la aspersión con glifosato tendrá resultado positivo sobre las masacres. Tácitamente planteó: “Culpan de todo al narcotráfico, para restablecer el glifosato: vuelta al pasado. Culpan a los Acuerdos de paz, que destruyen con insensatez: vuelta al pasado. Culpan a “los mismos de siempre” ¿para justificar masacres de Estado y connivencias criminales. ¿Escuchan y creen a las comunidades?”
Frente al rearme paramilitar y el copamiento de territorios, Martínez, plantea que esta nueva etapa del conflicto, no es parte de un ejercicio del paramilitarismo clásico, “hoy estamos precisamente inmersos en una multicausalidad de factores que están originando la violencia; pero el tema de fondo es la incapacidad del gobierno, por eso te digo, este es un gobierno fallido, al controlar los territorios con el Ejército más grande del mundo, existen dos posibilidades, o que haya corrupción, o que el Ejército más grande del mundo, sea un Ejército de ineptos, de incapaces, son las dos posibilidades”.
La persecución a líderes sociales, las interceptaciones ilegales a periodistas, defensores de DD.HH., congresistas de la oposición, que han venido denunciando y haciendo control a las prácticas del gobierno, se ubican en este estado de cosas que muestran una limitación de derechos y el ejercicio de la coerción y la violencia, como única salida para mantener el control del establecimiento.
Por ello, reitera el abogado, “es toda una estrategia para recortar libertades públicas, e individuales, no es el paramilitarismo clásico que actuaba en la época de los años 90 al 2000, no, estamos hablando de una estrategia de promoción de la violencia con un fuerte componente de narcotráfico y corrupción por parte del Estado. Gobierno ¿qué hace en esa situación? convertirse en un Gobierno que observa y no actúa”.
Construir la alternativa
Organizaciones campesinas, indígenas y afros, vienen convocando mesas humanitarias en los territorios, espacios de convergencia por la vida y redes, como lo vienen adelantando en el Pacífico nariñense, en el Chocó, y otras zonas del país. Cuando Duque llegó a Samaniego, luego de la masacre de los jóvenes, al unísono la población gritaba, ¿dónde están los acuerdos de paz?
También, comenta Martínez, “la alternativa es exigir la implementación de muchas de las medidas que están en el acuerdo, también lo que están pidiendo los campesinos cultivadores de hoja de coca, una alternativa de cultivos, desarrollo territorial, respeto a los derechos humanos”.
Además, comenta que, la crisis de gobernabilidad y el brote de inconformismo social, pueden generar un ambiente de cambios en el país. “Tenemos que prepararnos para, inclusive, un cambio prematuro de gobierno, es decir, hay una crisis de institucionalización y hoy podemos decir, que este gobierno no va a ser capaz de terminar los dos años, porque es un gobierno incapaz. Lo que le toca hacer a esta sociedad inconforme y a los sectores democráticos, es construir una alternativa que recoja ese malestar social y lo conduzca a un cambio de gobierno. Una alternativa lo más amplia y diferente posible con muchos sectores, entendiendo que hay diferencias y que sobre esas diferencias hay que construir un programa único de los sectores democráticos, con elementos del acuerdo de paz.”
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico.
#QuédateEnCasa y lee el semanario VOZ.
👇🏽👇🏽👇🏽
tienda.semanariovoz.com
