Crece preocupación por oleada de asesinatos a líderes sociales en el país
Redacción DD.HH.
El país esperaba, con la terminación del conflicto armado, que los campos y ciudades de cada rincón de Colombia, empezaran a vivir un nuevo día, lejos de la violencia y de acciones que pusieran en zozobra a la población. Sin embargo, el pasado 15 de agosto culminó el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC-EP, y a la fecha, desde el cese al fuego bilateral, han sido muchas las víctimas y violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el territorio nacional. Las organizaciones sociales señalan a los grupos paramilitares como los responsables.
A este agudo panorama también se le suman asesinatos de guerrilleros en proceso de reincorporación. En la última etapa han sido asesinados siete de ellos y según cifras más generales, durante este periodo del 2017, han sido asesinados 11 guerrilleros y 11 familiares. Por estos hechos también han sido señalados los grupos paramilitares.
A la luz de la ola de violencia que viene creciendo, se observan los múltiples incumplimientos por parte del gobierno nacional, en materia de amnistías e indultos pactados para quienes se encuentran en prisión. Se ha señalado que, de 3.406 presos, solo han recibido beneficios 985, de estos, 714 han obtenido la libertad condicional y con el compromiso de presentarse a la JEP, y unos 271 han sido trasladados a las zonas veredales, hoy conocidas como las zonas de paz.
Contrario sucede con los militares y miembros de la fuerza pública, pues para ellos sí ha existido celeridad para hacer efectivas las libertades transitorias de miembros de la fuerza pública en el marco de la misma ley, incluso, organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han denunciado que, existen beneficios adicionales a miembros de la fuerza pública con la ley, particularmente “con el decreto 706 que suspende órdenes de captura y medidas de aseguramiento sin requisito alguno y que ha cobijado a 239 militares, sin contar con la participación de las víctimas ni tomar medidas de prevención y protección a su favor.
Los tratamientos penales especiales para agentes de la fuerza pública se han ido apartando de lo acordado en las negociaciones hacia una ampliación de beneficios que desconoce la responsabilidad mayor por su papel de garantes y el compromiso con la reparación integral de las víctimas”.
Crecen las cifras
Entre tanto, en el congreso continúan los debates sobre otros puntos importantes que, desde el proceso de paz, buscaban mayores garantías. Sin embargo, los avances del proceso ocurren en un contexto adverso para quienes han caminado de cara a la consolidación de una paz estable y duradera desde sus territorios, y regiones. El terror y el miedo se vienen sembrando en las organizaciones sociales que han acompañado el acuerdo.
Según relata el mismo Cajar “en los últimos dos meses y medio, desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto, según información recopilada por organizaciones sociales regionales y nacionales, se han producido 27 asesinatos contra la paz, todos ellos en el contexto del control territorial de estructuras paramilitares. Cinco de los asesinatos ocurrieron en Valle del Cauca (tres de ellos pobladores, uno contra un guerrillero en reincorporación y uno contra un líder social). Cuatro en Nariño (tres contra guerrilleros en proceso de reincorporación y uno contra un líder social). Otros tres ocurrieron en Antioquia (dos guerrilleros en reincorporación y el rector de un colegio y líder de su comunidad) donde hay una grave situación de derechos humanos constatada recientemente en el informe regional presentado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Dos homicidios más, de líderes sociales, ocurrieron en el departamento del Cauca, dos de guerrilleros en reincorporación en Caquetá, y los cinco restantes – uno en cada departamento- se cometieron en Atlántico, Córdoba, Chocó, Meta, Norte de Santander”.
También aseguran que 16 defensoras y defensores de derechos humanos, fueron asesinados en el periodo, entre ellos el integrante de la Mesa de Víctimas Bernardo Cuero y la defensora de derechos humanos Idaly Castillo Narváez quien también fue víctima de violencia sexual: ‘en los últimos 15 días se han producido cinco asesinatos contra líderes y defensores, uno cada tres días, promedio igual al del mes de marzo que presentó la tasa más alta del semestre (…) es de especial preocupación que del total de 17 amenazas -individuales y colectivas- cinco han sido dirigidas contra el defensor Húber Ballesteros y su núcleo familiar (…) dentro de las amenazas colectivas se encuentra la recibida por 13 defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de la Mesa Nacional y Distrital de Víctimas, la organización no gubernamental Viva la Ciudadanía, y la precandidata presidencial Piedad Córdoba. También son preocupantes las amenazas contra líderes ambientalistas como ocurrió en el caso de promotores de consultas mineras en Cajamarca, Tolima y la Vega, Cauca’.
Estos elementos se ligan al crecimiento de los grupos paramilitares en todo el país, además del abuso de autoridad por parte de la fuerza pública contra organizaciones y líderes sociales. Los hechos ocurridos recientemente en el paro de Segovia, Antioquia y las protestas de las comunidades de Usme en Bogotá por impactos del botadero de Doña Juana, son un ejemplo de ello.
Este panorama ha hecho que organizaciones defensoras de los derechos humanos, actúen en función de buscar la mirada de la comunidad internacional y del mismo estado colombiano para que efectué acciones que garanticen la protección de los derechos integrales y de la vida al conjunto de la sociedad colombiana, elemento esencial trazado por los acuerdos de La Habana, hoy en total incumplimiento.
