Durante tres días, se reunió en Bogotá la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, con el fin de evaluar la situación de garantías, defensa y protección de sus derechos
Jenny María Solís
@Jemasolis
Los días 7, 8 y 9 se septiembre, se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria de La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. El Hotel Dann en la capital fue el escenario para que, diferentes organizaciones, como la Opiac, la Confederación Indígena Tayrona, la Onic, el CRIC, Aico Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama, el Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, entre otros, que agrupan cada una diversos resguardos, hicieran un balance de la grave situación en relación a la sistemática vulneración de derechos humanos contra los pueblos ancestrales.
La sesión ordinaria, como un espacio autónomo, buscaba establecer un debate de carácter nacional y con el gobierno sobre la violación de los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas. El inicio del debate gobierno a gobierno, se desarrolló a partir del informe del equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, que puso de manifiesto el peligro que corren las comunidades en todo el territorio nacional, no sólo por los enfrentamientos de grupos legales e ilegales cercanos a los territorios, sino por las acciones mínimas por parte del Estado para su protección y pleno reconocimiento.
De otra parte, la sesión buscó la definición de una ruta de implementación de los acuerdos establecidos con el PND Plan Nacional de Desarrollo sobre los pueblos indígenas ubicados en zonas de frontera, que se ven amenazados además por prácticas como la megaminería, la ganadería extensiva, la deforestación, la presencia de grupos alzados en armas y los cultivos de uso ilícito.
Voces de gobiernos autónomos
La plenaria, contó con la presencia y representación de voces de las diferentes comunidades indígenas del país. Esneda Saavedra Restrepo, Comisionada de Derechos Humanos de la ONIC, se dirigió de forma directa al gobierno nacional pues la grave situación de los pueblos indígenas en el país no cede. “Me gustaría saber qué están haciendo el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la UNP, para proteger los derechos de los pueblos indígenas en Colombia”.
Por su parte y, en relación al interés de redefinir la ruta para la construcción de un plan de choque y de carácter urgente, para la implementación y adecuación institucional del Decreto Ley 4633 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades indígenas, en tanto, que dichas medidas, no responden a la violencia sistemática y las garantías de retorno y protección, el líder indígena amazónico, Julio César Estrada Cordero señaló: “Parece que todos los funcionarios de este gobierno están para mamarle gallo a los indios y los de la Unidad de Víctimas no son la excepción”.
Desde la Consejería Presidencial para la Reconciliación, se expusieron durante la plenaria los lineamientos de PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que, asegura darle solución al problema de las “drogas ilícitas” mejorando la situación de pobreza de los territorios. Fue interpelado de forma categórica por su ineficiencia y por su no compresión de las culturas indígenas, en este sentido, el exconstituyente, Francisco Rojas Birry, afirmó que “mientras no haya una política de comprensión a nuestros pueblos indígenas, siempre vamos a estar en guerra, los indígenas somos amantes del diálogo y la paz”.
La situación de las comunidades indígenas en Colombia cada vez se recrudece más, la esperanza que habría abierto la firma de los Acuerdos de la Habana, se desvanece diariamente, por el contrario, para los pueblos, los líderes y lideresas indígenas han aumentado las amenazas, la persecución, la estigmatización y el exterminio, y con la agudización del conflicto armado en el país, la violencia aumenta desproporcionada y los daños se hacen irreparables.
