Libardo Muñoz
La suspensión del alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, debe cumplirse desde el 6 de este mes, por fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, al acoger una demanda de la Procuraduría General de la Nación.
De esta manera comienza así una nueva fase de la crisis social y política en que viene debatiéndose la capital de Bolívar, como consecuencia de actuaciones cuestionadas de grupos ligados a la corrupción y a la ultraderecha uribista.
Desde antes de su elección, la PGN advirtió a Antonio Quinto Guerra que estaba inhabilitado por haber sido contratista del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar, pero pese a esto, se presentó a las atípicas del 6 de mayo y las ganó en un debate que tuvo 77% de abstención, el más alto de la historia electoral reciente de esta ciudad.
La noche del domingo 6, el Procurador Carrillo se dirigió a la comisión electoral de Cartagena para que no declarara a Quinto Guerra alcalde pero tampoco se hizo caso de esto.
Acto seguido la procuraduría instauró demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y el Tribunal administrativo procedió a suspender al alcalde cartagenero a quien le llegó la notificación apenas 12 días después de posesionado.
La demanda de nulidad llevaba 29 páginas acompañadas de 68 folios probatorios de los contratos que inhabilitan a Quinto Guerra y la presentó el magistrado Germán Calderón España, con la solicitud de anular su credencial.
El alcalde de Cartagena suspendido tiene derecho a la defensa y dispone de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, que por cierto, ante la imposibilidad de encontrarlo, el Tribunal debió publicarla en tres periódicos impresos, en forma de edicto.
El gobierno nacional debe proceder esta semana a nombrar un alcalde encargado para Cartagena, que sería el 10o.en seis años.
La candidatura de Antonio Quinto Guerra se origina en las casas políticas de la derecha corrupta liderada por el exsenador Juan José García, condenado e inhabilitado, Vicente Blel y Javier Cáceres, quienes han actuado detrás de bambalinas, aunque la comunidad sabe que su papel ha sido financiar esta campaña.
La Red Nacional de Veedurías, dijo que “con la elección de Quinto ganaron una vez más los grupos que tienen secuestrada la administración pública en Cartagena, una rosca de corrupción y de abuso de lo público y robo descarado que como una rémora llevan varios periodos de gobierno parasitando en las instituciones públicas.
“La horrible noche de Cartagena es tener una clase política adicta al delito y capaz de poner su afán de lucro por encima del interés general”, dijo Pablo Bustos, presidente nacional de la Red de veedurías ciudadanas de Colombia.
Agregó Bustos que con la elección de Quinto Guerra en Cartagena se impusieron el atropello y el clientelismo, “este es un siniestro y tétrico episodio que sitia a Cartagena y la regresa a estadios inquisitoriales donde la democracia no cuenta”.
Bustos afirmó que van a estar muy pendientes de la forma como se lleve este proceso, en una de las ciudades más empobrecidas de Colombia como consecuencia de las políticas neoliberales, el marginamiento, la falta de viviendas sociales, la tugurización, el desempleo, la privatización de la salud y la descarada actuación de los corruptos tanto en alcaldía como en el gobierno de Bolívar.
