No puede el mandatario poner conejo a sus electores. La mayoría de ellos lo hicieron para garantizar la continuidad de los diálogos de paz y él está obligado a cumplir.
Editorial del Semanario VOZ
La alocución presidencial del lunes 17 de noviembre pasado no pudo ser más lánguida y contradictoria. Muy lacónica: el presidente Santos dijo que la paz es un bien supremo y que es necesario persistir en ella; que no acepta la propuesta de tregua bilateral y seguirán las conversaciones de La Habana en medio de la guerra; que mantendrá la suspensión de los diálogos con las FARC-EP hasta tanto no dejen en libertad al brigadier general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y las demás personas retenidas con él, así como a los dos soldados profesionales capturados en combate en el departamento de Arauca.
¿Qué entenderá el presidente Juan Manuel Santos por dialogar en medio de la guerra? Porque en su lógica del absurdo, rechaza la tregua bilateral e insiste en seguir conversando con el ruido de los tiros en Colombia, pero suspende los diálogos de paz precisamente por un acto de guerra de las FARC-EP. Más consecuente la organización insurgente, que cuando aún no estaba suscrito el Acuerdo de La Habana, siguió en la fase exploratoria a pesar del asesinato del comandante Alfonso Cano en las montañas del Cauca, hace tres años. Es de anotar, que según el anuncio del mandatario la suspensión podría durar varios días o semanas, hasta tanto no se den las liberaciones reclamadas.
Sin embargo, los operativos militares continúan sobre los campamentos guerrilleros, que son bombardeados aun con el riesgo de afectar la población civil, sin que las FARC-EP por ello protesten o suspendan las conversaciones de paz. Tampoco, desde fuera de la mesa, las organizaciones de la izquierda, sindicales, sociales y populares, víctimas de la guerra sucia, de la penalización de la lucha reivindicativa, de la represión gubernamental y de la agresión del capital, exigen cese de los diálogos o su suspensión, ante la evidente falta de voluntad de paz del Gobierno Nacional y del establecimiento colombiano.
En la edición 2760 de VOZ, semana del 15 al 21 de octubre del presente año, la nota editorial consignó lo siguiente, a propósito de los dos años de la mesa de La Habana: “Dos años después, desde el lado de las organizaciones humanitarias y activistas de la paz, se insiste en la tregua y cese de fuegos bilateral como forma de que los diálogos avancen en un ambiente de distensión y sin el ruido de sables”. Tesis con plena vigencia cuatro semanas después, a pesar de la terquedad gubernamental, que continúa acariciando la idea de golpear a la guerrilla para llevarla derrotada a la mesa de rendición. El mismo cuento de hace sesenta años, la misma historia de los anteriores procesos de paz, colección de frustraciones.
La suspensión de los diálogos es un mal precedente. En adelante cada acto de guerra, según el responsable, será suficiente para nuevas declaratorias de suspensión y hasta de ruptura. En estas condiciones el proceso entra en un limbo y a convertirse en rehén de la guerra. El Gobierno Nacional celebra con descaro cada golpe que le da a la guerrilla, pero grita y amenaza cuando le toca el turno.
Es el resultado del diálogo en medio de conflicto, de la tragedia de la guerra, porque esta es eso, una cruel tragedia. Valga la pena recordar a Augusto Ramírez Ocampo, ex canciller conservador, quien sostuvo siempre que las partes jamás deben levantarse de la mesa, no importan las circunstancias ni los hechos horribles de la confrontación.
El diálogo debe reanudarse ya, sin dilaciones. De lo contrario se debilita, con mayor razón cuando desde el establecimiento comienzan a darse las movidas y presiones contra las reformas políticas y sociales. Se repite la historia: prefieren la ruptura antes que aceptar cambios democráticos. El célebre pánico de la oligarquía colombiana a las reformas.
Como colofón de esta nota, vale la pena dejar algunos interrogantes: ¿Por qué el general Alzate violó todos los protocolos de seguridad? ¿No tendrá que ver este hecho con los planes de desestabilización de la Mesa de La Habana? ¿Por qué Uribe Vélez fue el primero en informar por el Twitter la presunta desaparición del general Alzate? No se puede soslayar la denuncia de la semana pasada del plan contra la paz, con participación de militares (sobre todo de inteligencia) para atentar en La Habana contra Pastor Alape y en Bogotá contra Piedad Córdoba y Carlos Lozano. No se puede despachar el tema como un asunto de indisciplina del oficial que no cumplió los protocolos de seguridad. Hay que ir al fondo en la investigación.
Las organizaciones de izquierda, democráticas, sociales y populares, el Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social, deben lanzarse a la calle a respaldar los diálogos con la insurgencia, a exigir la reanudación de la Mesa de La Habana y a demandar del presidente que cumpla con el mandato que recibió para el segundo periodo presidencial. No puede el mandatario poner conejo a sus electores. La mayoría de ellos lo hicieron para garantizar la continuidad de los diálogos de paz y él está obligado a cumplir.
