Cuando el Comité de Escogencia seleccionó en septiembre del año pasado, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, las críticas que llovieron por parte del uribismo no se hicieron esperar. La extrema derecha argumentaba su descontento con lo que consideraban sesgo ideológico en las personas seleccionadas, lo cual fue rápidamente confrontado por las fuerzas democráticas, gracias a las prolijas hojas de vida de los togados encargados del novedoso sistema de justicia transicional que nació gracias al acuerdo de paz.
Críticas que hoy parecen no importarle a la fuerza política que está en el Gobierno nacional. Con el escándalo que salpica al fiscal general Néstor Humberto Martínez; el mandatario uribista, Iván Duque, ha entregado la terna para la confusa figura de Fiscal Ad-hoc encargada de investigar el caso de corrupción Odebrecht-Grupo Aval en tres de las veinte causas abiertas. Al revisar las hojas de vida y la función pública de los ternados, se encuentran probados su sesgo ideológico ligado al uribismo.
Margarita Cabello, abogada y magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde el 2013, fue ternada por Álvaro Uribe para la Fiscalía General de la Nación en el 2009, y fue delegada de la sala disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación del ultraconservador Alejandro Ordóñez. Es conocida su posición política favorable al uribismo.
Leonardo Espinosa, abogado y doctor en derecho, es el decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho en la conservadora Universidad Sergio Arboleda, que hoy tiene negocios con el actual gobierno. Y Clara María González, quien hoy funge como secretaría jurídica de Presidencia de la República.
Mientras el país espera una investigación objetiva y transparente con uno de los más grandes escándalos de corrupción en la historia reciente del país, el presidente Iván Duque selecciona personas con afinidad ideológica, corporativa y política con el uribismo. Impunidad ad-hoc.
Al cierre de la edición se iniciaba el debate público sobre las hojas de vida y las posiciones jurídica e ideológicas de los ternados, no dan garantía a las investigaciones que vinculan al Grupo AVAL y la multinacional del crimen Odebrecth. Se esperaba que la decisión de la terna fuera con nombre impolutos y sin sesgos ideológicos o relaciones laborales con el Grupo AVAL y sus negocios.
