Alberto Acevedo
El prontuario criminal de exmilitar Óscar Pérez, no es de menospreciar. Fue el hombre que en junio del año pasado secuestró un helicóptero de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, se pertrechó de armamento de largo alcance y explosivos, sobrevoló, el área urbana de Caracas y ametralló las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior.
Para que no quedara duda del alcance de sus planes terroristas, previamente gravó un video donde anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tenía los días contados, y llamó a un alzamiento general para poner fin al proyecto bolivariano de reformas sociales en Venezuela.
Se autoproclamó “rebelde” y se lanzó a la clandestinidad, donde no desaprovechó un minuto de su vida para articular planes de desestabilización del gobierno de ese país. En ese accionar se cuentan el ataque al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo una de las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un asalto al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda.
Sí hubo negociación
Especialmente en medios extranjeros, corrió la versión de que Pérez habría salido del país. Sin embargo, los organismos policiales venezolanos no bajaron la guardia, en la idea de que el terrorista venido a ‘héroe’ seguía conspirando desde algún lugar de Caracas, protegido por elementos de la extrema de derecha, vinculados a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
En este contexto, con información confiable, la policía nacional bolivariana confirmó que Pérez se encontraba en una edificación de El Junquito, en el área urbana de Caracas. Se diseñó la ‘Operación Gedeón’, para darle captura. Este pidió ‘negociar’ su rendición, a lo que accedió la fuerza pública, y se produjeron al menos cuatro momentos de esa negociación.
El primer momento, a las cinco de la mañana del 15 de enero, cuando inició el operativo. Pérez puso como condición, que trajeran a la prensa extranjera, a sus familiares y a un fiscal del Ministerio Público. Él mismo dilató la propuesta y propuso que los miembros de la fuerza pública se unieran a su causa terrorista. Un segundo momento, a las ocho de la mañana, cuando un miembro del grupo de Pérez, José Alejandro Díaz Pimentel, exigió la presencia de Heiker Vásquez, de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES. Acordaron los términos de la entrega, en presencia de un fiscal. Se dispuso entonces de dos vehículos blindados. Los elementos alzados en armas no cumplieron.
Derrocar al gobierno bolivariano
Se restablecieron las conversaciones, en un tercer momento, en presencia del mayor Rafael Enrique Bastardo, director del FAES, en una conversación difundida por las redes sociales. Pérez prometió entregarse, pero tampoco lo hizo en esta ocasión.
Una cuarta conversación se dio cuando Díaz Pimentel pidió de nuevo la presencia del oficial Heiker Vásquez. Este llegó en un vehículo blindado, y cuando se dispuso a entablar una nueva conversación, fue abatido de dos disparos a corta distancia desde la casa en donde se encontraban los conspiradores. Es en ese momento en que se produce la reacción de la fuerza pública, responden al ataque y se produce la muerte de siete terroristas y la captura de otros seis.
El grupo, es parte de un entramado paramilitar, que se plantea como punto de partida para la construcción de un ejército paralelo, que ejecute el plan de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a otros funcionarios del gobierno y derrocar el proyecto bolivariano.
