Mientras Duque envía emisarios a dialogar con el Comité Nacional de Paro, da tratamiento de guerra a la protesta social, lo que no permite iniciar negociaciones
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Fueron suficientes dos reuniones entre el Comité Nacional de Paro, CNP, y los delegados del Gobierno nacional para que quedara clara la posición del presidente Iván Duque: Dilatar en la mesa y aumentar la represión policial y militar contra los manifestantes.
Desde hace días, los delegados gubernamentales han expresado su disposición para negociar, pero el CNP ha dicho que para iniciar debe haber respeto a la protesta y cese de la represión; lo que se ha convertido en el principal obstáculo.
Es necesario tener en cuenta que el Gobierno ha mostrado voluntad de negociación ahora que el país completa tres semanas de movilizaciones y bloqueos permanentes, sin embargo, el pliego de emergencia había sido presentado desde junio de 2020.
El primer encuentro
La primera reunión exploratoria entre los delegados del Gobierno y el CNP se llevó a cabo el pasado domingo en Bogotá. A esta asistieron alrededor de 35 delegados por el movimiento social y siete en representación de Duque. Por las organizaciones sociales acudieron comisionados de la Cumbre Agraria, el CRIC, el sector de la salud, un sector de los estudiantes universitarios y sindicatos, entre otros. Por el Gobierno, los ministros del Interior, Trabajo, el Alto Consejero de Paz, y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.
En primer lugar, hubo una presentación de los asistentes, entre los que están los garantes, Iglesia y ONU. Como segundo paso, dos delegadas del CNP leyeron un documento en el que exigen garantías para la protesta y el cese de la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Entre las exigencias están el retiro del Ejército y el Esmad del control de las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras como la Venom. Además, adoptar medidas especificas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres, como mecanismo de control de orden público.
Inmediatamente, respondió el Alto Consejero para la Paz, Miguel Ceballos, quien le tiró la pelota al ministro del Interior. Este último dio una cátedra sobre el funcionamiento del Estado: “Dijo que el Gobierno actuaba con base en la ley, es decir, justificando su accionar, como si no pasara nada. Y para dilatar dice que hay que mirar las competencias de las peticiones, que unas cosas son de la Fiscalía. Y lo más grave es que frente a la represión, prácticamente responsabiliza a los alcaldes y gobernadores porque dice que ellos son quienes tienen el manejo del orden público, y que el Gobierno nacional lo que hace es reforzar. Se lavan las manos”, explicó Carlos Arturo García, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, COS.
Desde el CNP se refutó diciendo que no eran necesarias charlas sobre el funcionamiento del Estado y se pidieron respuestas contundentes a las exigencias. La reunión culminó con una solicitud del Gobierno para tener tiempo de estudiar el documento entregado y una citación para continuar discutiendo al siguiente día.
Lo paradójico es que luego del encuentro, hubo tres jóvenes más asesinados y veinticuatro heridos en Yumbo, Valle del Cauca.
El segundo encuentro
Aunque la reunión estaba citada para el lunes a las dos de la tarde, los delegados gubernamentales llegaron después de las tres. Reiteraron lo que habían dicho el día anterior y se sostuvieron en que actúan dentro de la legalidad: “Dicen que eso los faculta para desarrollar las actividades que están haciendo, de no brindarle garantías a la protesta social”, comentó Carlos Arturo García.
Desde el CNP se contraargumentó mostrando el tratamiento de guerra dado a las movilizaciones, es decir, la ausencia de condiciones para la instalación de la mesa de negociación, como lo pide el Gobierno.
Justo cuando terminaba la reunión, Duque, en coherencia con lo expresado por sus emisarios en la mesa, realizaba una alocución en la que anunciaba haber dado instrucciones a todos los niveles de la fuerza pública para que en el país desplegaran su máxima capacidad operacional y recuperar así la movilidad.
A su vez, y al término de la reunión, el CNP emitía un comunicado en el que expresaba: “La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional”. Aclararon que en la reunión el Gobierno no se refirió al uso de armas de fuego en el control de las protestas ni reconoció la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes.
“La única preocupación del gobierno, son los bloqueos, y nos exigen levantarlos. Y hemos dicho, que seguiremos acordando corredores humanitarios, que no pondremos en riesgo la vida, salud, la alimentación de los colombianos y colombianas”, agrega la comunicación.
Por su parte, el CRIC, quien a la segunda reunión no asistió, también expresó mediante comunicado que no se puede dialogar con el Gobierno mientras Iván Duque y la cúpula militar “continúan ordenando disparar contra los jóvenes que se encuentran en resistencia; no se puede hablar de diálogos, mientras siguen desapareciendo, torturando y judicializando a quienes se encuentran de manera activa en el paro nacional”.
Horas después, sobre las seis de la tarde, se reportaba que el consejero del CRIC, Darío Tote, era víctima de un atentado en Popayán, del que afortunadamente salía ileso.
Ampliación del Comité de Paro
Una de las discusiones al interior del CNP es su ampliación para que participen otros sectores como el de los jóvenes, quienes son los protagonistas del paro y las movilizaciones iniciadas el 28 de abril.
Para algunos, estos deben tener participación, y para otros, algunas de sus peticiones ya están dentro de lo que se quiere negociar: “Nosotros creemos que sectores como organizaciones sociales y populares de carácter nacional deben estar en el Comité Nacional de Paro”, dijo Carlos Arturo García, de la COS.
Aunque como CNP no ha habido ningún acercamiento con los jóvenes que sostienen las concentraciones y deliberaciones en Puerto Resistencia en Cali, o en el resto de sus 26 puntos de concentración, el Comité Departamental de Paro, CDP, del Valle, sí ha establecido aproximaciones con ellos.
“La decisión del CDP es que nosotros somos quienes debemos llegar a esos espacios. Varios sindicatos y organizaciones están convocando acompañamientos a los puntos de resistencia, no con la intención de direccionarlos, sino de ser parte de la construcción colectiva y ser actores reales en los puntos”, explicó a VOZ Valentina Pareja Bernal, del CDP.
Al cierre de esta edición, la cita para retomar conversaciones era el jueves 20, pero según voceros del CNP, esta dependía del respeto o el trato que el Gobierno les diera a las movilizaciones programadas para el 19 de mayo. “Si hay una respuesta contundente de parte del Gobierno sobre el cumplimiento de las garantías, instalamos mesa de negociación, por ahora no, porque por el contrario hay represión, persecución y agresión. Haremos las movilizaciones programadas y la caravana a Cali el próximo fin de semana”, concluyó Carlos García.
