El campesinado denuncia el trasteo de votos por parte de candidatos externos al territorio. Hablan de negocios con políticos, sobre el páramo y el ecosistema
Redacción Bogotá
El pasado primero de septiembre, Heidy Sánchez, candidata al Concejo de Bogotá, y las cinco candidaturas a la Junta Administradora Local, por la suscripción de la Colombia Humana- Unión Patriótica, recorrieron Sumapaz, la localidad 20 de la capital. Allí hubo un importante encuentro con el campesinado que habita las veredas las Ánimas y Chorreras. Esta es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, olvidada en cuanto garantía de derechos y apoyo institucional. Sus habitantes hoy piden mayor atención. También denuncian una situación particular que se viene dando en la localidad.
Denuncias que buscan eco
Una de las denuncias contundentes que transmitieron a la candidata al Concejo, es la “trashumancia de votos que viene de la población urbana, gente que no conoce Sumapaz, que nunca ha tenido contacto con el agro, pero que se ha dejado comprar por otros partidos para venir a votar aquí y quitarnos la posibilidad de defender nuestros derechos y de construir la política pública que nos beneficie como campesinos. El único interés de este trasteo de votos es arrebatarnos el poder local y hacer negocio con nuestro páramo y nuestro ecosistema”, asegura el presidente de una de las Juntas de Acción Comunal.
Esta preocupación de los comunales, también la tienen los candidatos a la JAL, pues si llegan a elegir personas externas al territorio, la Alcaldía Local y toda la gestión pública, además de proyectos y contrataciones, quedarían en manos de politiqueros.
La candidata al Concejo, Heidy Sánchez, asegura que se está buscando alguna acción jurídica que permita menguar dicha trashumancia. Según el análisis de la misma población, de cerca de tres mil quinientas personas que aparecían para el censo electoral, hoy aparecen unas siete mil.
La defensa del territorio
El campesinado también nombró el tipo de propuestas que se deben defender ante la administración de la ciudad, a fin de resguardar el ecosistema, la tierra, el agua y, asimismo, proteger los derechos de la población agraria. Al respeto, Sánchez afirma que, “el páramo de Sumapaz tiene una importancia fundamental, porque es el más grande del mundo, es una de nuestras fuentes de agua, y es necesario que se salvaguarde de intereses externos, así como de la intención de volverlo un atractivo turístico, tal y como lo está haciendo esta administración, sin prever ningunas garantías para su cuidado”.
Igualmente, asegura que existen varias problemáticas de desigualdad en la localidad en relación a la población que vive en el área urbana. El derecho a la salud integral, a la educación básica y especialmente, “la superior, en donde no se tiene acceso, ni existe algún mecanismo que beneficie a los jóvenes que quieren estudiar en la universidad pública, pero que viven en alguna vereda a varias horas de recorrido a caballo hasta el casco urbano principal. Por otra parte, las garantías para la producción agraria y la dificultad para poder llevar los productos para su distribución a la ciudad, también deben ser objeto de análisis para hallar salidas desde el concejo”.
El campesinado, también habla de la posibilidad del regreso de la militarización a la localidad. En la presidencia de Álvaro Uribe, la localidad llegó a tener entre tres y seis militares por habitante. Lo cual repercutió en una sistemática violación de los derechos humanos. El llamado que hicieron fue de blindar el territorio y ayudar a garantizar la implementación del Acuerdo de Paz.
