En todos los departamentos donde las comunidades cultivan la mata de coca como única opción económica, el Ejército Nacional entra a erradicar de manera violenta los cultivos de uso ilícito
Carolina Tejada
@carolltejada
El actual gobierno no reconoce a las campesinas y campesinos como sujetos de derechos, ni los acuerdos de paz firmados en La Habana en donde quedaron compromisos para la sustitución concertada de dichos cultivos por parte del Estado y las comunidades, así como la financiación para los proyectos productivos de pan coger, como parte de las garantías por parte del Estado. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que representaban la posibilidad de transformaciones con un enfoque incluyente, integral y sostenible en lo regional, además de los pactos firmados en lo local con las mismas comunidades para garantizar derechos constitucionales, no se han cumplido. Lo que si se ha intensificado es la barbarie militar sobre el campo colombiano.
De un enfoque de derecho a un enfoque criminal
El gobierno, al no reconocer al campesinado como sujeto de derechos, el tratamiento que le ha dado durante el 2020, a quienes en este momento continúan con los cultivos de coca dada la ausencia de alternativas económicas, es de narcotraficantes y para ello imponen un tratamiento criminal y militar.
Según Arbibi Zapata, presidente de la Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina Anzorc, “este gobierno desconoció lo que se había firmado en La Habana. Con el acuerdo, los cultivadores de la hoja de coca, eran reconocidos como sujetos de derecho y desconoció esa parte de la que habla el Acuerdo. Los campesinos y cultivadores de la hoja de coca no son narcotraficantes, son personas que la cultivan ante la falta de garantías por parte del Estado y para que salieran de ese tipo de cultivos, había que brindarles garantías y no las dieron”.
Al no cumplir con lo acordado, lo que le implicaba al gobierno inversión social y ante la necesidad de mostrar resultados al gobierno de los EEUU en términos de erradicación de cultivos para el procesamiento de la coca, lo que viene haciendo Duque, es la militarización de los departamentos en donde existen miles de hectáreas de tierra cultivada. Allí mismo, se impusieron las denominadas Zonas Futuro. El pasado mes de abril VOZ, publicó un artículo en el que las mismas comunidades campesinas alertaban sobre la gravedad de las Zonas Futuro, denominadas así por el gobierno a fin de militarizar los departamentos con más hectáreas con cultivo.
En ese entonces, Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, afirmaba que esta iniciativa era parte de una “estrategia militar diseñada por el Comando Sur de los Estados Unidos, liderada por Rafael Guarín, consejero para la Seguridad del gobierno Duque” en ese entonces no se conocía de la llegada de militares gringos al país, y menos, que estuvieran destinados precisamente a copar esas denominadas Zonas Futuro. El análisis del campesino era real, es parte de una estrategia “que simula el cumplimiento del acuerdo de paz y que a su vez lo desnaturaliza”.
Las Zonas Futuro tienen priorizado el Bajo Cauca antioqueño, Tumaco, los Llanos Orientales, la zona del Catatumbo, Putumayo, entre otras, y con ello se intensifica la vieja política de la Seguridad Democrática del otrora presidente Uribe, y su denominada lucha contra el narcotráfico al que nunca desmontó, pero sí creo terror y violencia sobre las comunidades humildes del campo.
Arnobi asegura que el gobierno quiere llevar supuestamente la inversión a los territorios, a través del Ejército y la Policía. “Esa estrategia ya se dio, era el Plan de Consolidación Territorial. El gobierno prioriza las acciones militares, para ellos la erradicación es forzosa y se pasan de un enfoque de derecho a un enfoque de criminalidad. Y, ese cambio de enfoque obviamente pone a los campesinos como delincuentes para el Estado” e insiste en que “la inversión social se tiene que hacer a través de las instancias que fueron creadas para ello” entre esas los PDET.
Guerra contra el campesinado
El pasado cinco de junio, las organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, expresaron su preocupación y rechazo a la violencia que se viene adelantando por parte del gobierno de Duque contra las comunidades. A pesar de haber firmado unos compromisos preliminares luego del paro el pasado 16 de marzo, en San Juan de Losada, con el fin de instalar un espacio de concertación con los gobiernos nacional, departamentales y locales, no ha existido ninguna disposición para avanzar con los acuerdos. Sin embargo, la violencia militar sí se ha intensificado, agravando las condiciones de vida de la población.
El pasado 3 de junio arribaron a la vereda Tercer Milenio, del municipio de Vistahermosa, Meta, región del Guayabero, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, quienes aseguraron llevaban la orden de disolver una concentración pacífica de más de 1.000 campesinos que esperaban un diálogo con las autoridades para la búsqueda de soluciones socioeconómicas ante la crisis de la pandemia, y el incumplimiento de los programas de sustitución.
El día 4 iniciaron operativos de erradicación forzada por parte del Ejército y la Policía Antinarcóticos. Con doce helicópteros del Batallón No. 1 Fudra, adscrito al Batallón de La Macarena, a cargo de un sargento y el capitán Alexander Rodríguez Pabón, iniciaron en la región del Guayabero, en límites entre Caquetá y Guaviare, un operativo en el que dispararon de manera indiscriminada contra el campesinado. Los hechos de violencia dejaron a más de seis campesinos heridos de gravedad con balas de fusil y algunos capturados.
Esta misma violencia se ha vivido en Putumayo, en el Cauca, en Tumaco, en el Catatumbo en donde, entre marzo y mayo, fueron agudizadas las erradicaciones violentas, dejando un saldo de un campesino asesinado en el Catatumbo y otro en la zona rural del municipio de Cúcuta, vereda Totumitos por parte del aparato militar del Estado. Tres campesinos más han quedado gravemente heridos.
“No siga tratando a las comunidades como enemigas”
Según Arnobi, le exigen al gobierno “retomar la implementación de la Reforma Rural Integral. El plan integral de sustitución, se debe aislar de una política represiva contra los campesinos. La represión, la erradicación forzosa y la fumigación aérea han demostrado que no dan buenos resultados. Las cifras dadas por el sistema de medición de la ONU, dice que, cuando se erradica forzosamente y no se brindan las garantías para la sustitución, cerca del 70 % de las familias vuelven a sembrar. Mientras que con la sustitución voluntaria solo el 0.2 % de las familias que sustituyen cultivos la vuelven a cultivar”.
Además de que, no se siga tratando a las comunidades como enemigas del Estado, ellas, dice Arnobi, hacen parte del Estado, las deben respetar y darles un enfoque de derecho. Con la política de las Zona Futuro, no solucionan los problemas en los territorios. Lo que si solucionan los problemas es la inversión social por parte del gobierno, pero esa inversión social no tiene que llegar a través de la fuerza militar. Ellos deben dedicarse a cumplir lo que constitucionalmente deben, y es proteger el pueblo y la soberanía” y enfatiza: “necesitamos que paren la violencia contra las comunidades. Están matando a la gente en los territorios y la coca no puede ser una excusa para asesinar campesinos”.
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