Treinta y dos y contando…

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Parte superior izquierda, James Celedonio Escobar. Parte inferior izquierda, Cesar Plata. Parte derecha de la imagen, Alirio Antonio Arenas. Fotos internet.

Con estos seis asesinatos de líderes y lideresas sociales que enlutan los territorios olvidados de Colombia, se completan 32 homicidios desde que se posesionó el nuevo gobierno, y 158 en lo corrido del año

Redacción DD.HH.

El escenario de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes/sas sociales como defensores/as de derechos humanos en los territorios, ha aumentado exponencialmente desde la firma de los Acuerdos de Paz, con un incremento preocupante en apenas 29 días del nuevo gobierno de Iván Duque.

Organismos internacionales han expresado su intranquilidad frente a esta situación, tal y como lo enunció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de mayo del presente año, donde no solo expresaron sus inquietudes sino también le pidieron a Colombia reforzar la implementación de justicia en las zonas más afectadas por el conflicto armado para evitar más asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Hoy las zonas más afectadas por este sistemático fenómeno han sido los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Arauca, según cifras oficiales.

Aunque el gobierno saliente como el entrante, se han comprometido en poner en marcha políticas para proteger la vida de líderes y lideresas en los territorios, la realidad es que la respuesta del Estado ha sido insuficiente. En un escenario de postacuerdo, el ejercicio del activismo social y la defensa de derechos humanos representa un grave riesgo que se ha traducido en ataques contra la vida, integridad, seguridad y libertad no solo de líderes y lideresas, sino de comunidades enteras. Proceso que ha minado la confianza en el proceso de paz, su implementación y su esperada materialización en los territorios olvidados de Colombia.

Los casos

Nuevos y preocupantes casos ocurrieron en los últimos días, ratificando lo señalado. En las profundidades de Tumaco, Nariño, el pasado 30 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida del líder social James Celedonio Escobar Montenegro, miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, territorio que abarca 43 veredas y agrupa a cerca de 1.700 familias.

En la noche del pasado viernes 31 de agosto, en el municipio de La Macarena, Meta, hombres armados ingresaron a la vivienda de Oliver Herrera Camacho para asesinarlo. Herrera Camacho era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas del Guayabero y destacado dirigente social del territorio.

En la madrugada del pasado 2 de septiembre en Ocaña, Norte de Santander, fue asesinado Alirio Antonio Arenas quien había llegado al Concejo Municipal del municipio de Convención por el partido MAIS y quien fungía como presidente de esta corporación pública. Directivo del Movimiento por la Constituyente Popular, MCP, Arenas era un reconocido líder social del Catatumbo. En las últimas semanas había denunciado amenazas contra su vida.

El mismo día, en la vereda San Miguel de La Castellana en el municipio de Villagarzón, Putumayo, fueron asesinados igualmente, la docente indígena Amparo Fabiola Rodríguez Muchachasao y su esposo Alonso Taicus Guanga, según denunció el senador indígena Feliciano Valencia en su cuenta de twitter.

Reacciones

Han sido muchas las reacciones que ha provocado está difícil y alarmante situación, posicionando la etiqueta #DuquePareElGenocidio donde miles de ciudadanos exigieron respuestas del nuevo gobierno. El defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, le demandó al nuevo presidente explicaciones al país ante la sistematicidad de asesinatos así como garantías y seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios.

De igual forma la excandidata presidencial y representante a la cámara Ángela María Robledo se pronunció por la red social twitter: “A mí me produce profundo dolor e indignación que le arrebaten la vida a l@s líderes sociales, pero me indigna aún más que el gobierno no haga lo necesario para detener estos crímenes”.

Debate de control político

Con estos seís casos que siguen enlutando al movimiento social colombiano, ya se completan 31 homicidios desde el 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo gobierno, y 158 asesinatos en lo que lleva el año. Diferentes partidos políticos y movimiento sociales han venido exigiendo al gobierno de Duque celeridad en las investigaciones y compromiso con el derecho a la vida de los y las dirigentes en los territorios vulnerables.

Al respecto, la bancada de oposición ha preparado un debate de control político en el Congreso de la Republica el próximo 5 de septiembre, donde serán convocados el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Los argumentos

La tesis de los cabildantes será que el Estado no ha sido capaz de proteger la vida de líderes y lideresas sociales, como tampoco ha logrado establecer el orden y la protección de civiles en zonas de alto riesgo, destacándose que en vez de ofrecer una perspectiva proteccionista y garantista, en muchos de los casos ha descalificado la sistematicidad de los ataques, eludiendo su responsabilidad en la protección de las poblaciones y comunidades vulnerables.

A está realidad se le suma que el Estado actualmente no tiene una sistematización integral de datos sobre ataques y asesinatos contra líderes y lideresas. Es más, no reconoce los datos que proporcionan organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en el territorio haciendo seguimiento a esta grave situación de derechos humanos. El ejemplo de ello ha sido el desconocimiento del fenómeno por parte de instituciones claves como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, en cabeza de sus máximos representantes.

Al cierre de esta edición, según la agencia informativa Nueva Colombia Noticias, en la madrugada del 4 de septiembre fue asesinado en Tarazá, Antioquia, el líder social Norberto Jaramillo quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Envidia e integrante territorial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS.

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