Se reorganizan los grupos paramilitares en las narices del establecimiento, para desplazar, asesinar y amenazar a líderes sociales y comunidades enteras que se niegan a continuar bajo el manto de la violencia, el narcotráfico y la impunidad estatal
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El 2019 cerró en un manto de impunidad para con los líderes y lideresas sociales asesinados, torturados, desaparecidos o judicializados, como pate de lo que los defensores de derechos humanos llamaron, los falsos positivos judiciales. Este año, el 2020, solo ha sido la réplica de un desgobierno en el país, en donde las estructuras paramilitares ganan fuerza en los territorios, se rearman y en complacencia con algunas estructuras del Estado, actúan en contra de la población humilde del país.
A Duque le quedó grande gobernar
Durante una reunión con el Gobierno nacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, DD.HH., en lo que se denomina la comisión de garantías, la cual se efectuó a inicios de este año, los defensores le exigieron a Iván Duque que creara lo que desde hace varios años vienen pidiendo con el objeto de frenar el paramilitarismo y desmantelar las estructuras que los financian y brindan apoyo, como quedó plasmado en los acuerdos de La Habana.
Hasta ahora la respuesta institucional ha sido nula en relación a una política pública que inste a acabar con dichas estructuras, y mientras tanto, los crímenes contra los líderes sociales aumentan, los territorios que abandonaron las FARC-EP, luego del proceso de paz, parecen haber sido destinados por el gobierno al reordenamiento del crimen paramilitar, pues nunca llegó el Estado, y sí, por el contrario, los grupos que hoy tienen atemorizada a la población. Solo en el 2019, los resultados son de 103 líderes y defensores de DD.HH. asesinados, múltiples desplazamientos forzados y amenazas selectivas a líderes.
Para Franklin Castañeda, defensor de los DD.HH. y quien participó en la reunión de la Comisión de Garantías con el gobierno, un ejemplo del copamiento de estas estructuras y de la nula intervención del Estado es “la presencia en el Magdalena de Los Pachenca, vemos como las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) se tomaron el Choco, cómo están ingresando nuevamente a Curvaradó y Jiguamiandó, cómo hacen de las suyas en Cauca y Nariño, etc., sin que el gobierno tenga una política clara y efectiva para combatir estos grupos”.
Para esta comisión de defensores, el panorama nacional indica que, “El gobierno no ha sido capaz de recuperar los territorios, de debilitar la acción criminal de los grupos sucesores del paramilitarismo, y lastimosamente, persisten redes de corrupción y de connivencia entre actores del Estado y estos grupos”, asegura el abogado.
Según los informes que surgen de la sistematización de estos casos a nivel nacional, cada tres días asesinan a un defensor, cada once días se judicializa a uno y cada día cinco defensores son amenazados.
Un 2020 en medio de la barbarie
En lo que va corrido del año, 12 días, se han reportado 17 asesinatos de líderes sociales en Colombia. Sus nombres son: Gloria Ocampo, Carlos Quintero, Óscar Quintero, Gentil Hernández, Emilio Campaña en Putumayo, Mireya Hernández en el Huila, Anuar Rojas en Chocó, Cristian Caicedo en el Cauca, Carlos Cardona en Antioquia, Virginia Silva en Cauca, Jhon Feddy Álvarez en Algeciras Huila, Amparo Guegia y Juan, madre e hijo, fueron asesinados en Buitrera, vía Caloto a Toribío, Cauca, Sergio Narváez en Turbo, Antioquia, Henry Cuello en Rincón Hondo, César y Tulio Cesar Sandoval en el Catatumbo, Norte de Santander.
A Leyner Palacios, destacado defensor de los DD.HH., y quien desde inicios del año ha sido amenazado por los paramilitares que operan en Bojayá, por la denuncia de la presencia de al menos 300 paramilitares en el corregimiento de Pogue, en el Pacífico, confinando a un centenar de familias. Organizaciones de carácter internacional denunciaron el caso, pero según el Ejército que llegó días después, no había nadie. El domingo 12 de enero dos fosas clandestinas con seis cuerpos fueron encontradas en Nariño, se afirma que pertenecen a supuestos excombatientes. Mientras tanto, las autoridades forenses estiman que en el país hay unos 200 mil cuerpos sin identificar enterrados en fosas legales y clandestinas.
Asesinatos, amenazas, desplazamiento y fosas comunes, son el amanecer del 2020 en Colombia, cada territorio tiene su propia historia, y cada historia es similar a la otra: la rodea la impunidad estatal.
Putumayo en el ojo de la guerra
Cuando los líderes hablan de que al Gobierno de Iván Duque le quedó grande o no ha hecho mayores esfuerzos por desmantelar las agrupaciones paramilitares en los territorios, a sabiendas de la incursión de estos grupos y el terror que ejercen sobre la población, se refieren precisamente a lo que viene ocurriendo en el Putumayo, y que pocos medios mencionan. El modo de operar de estos grupos es el mismo en todo el país.
Desde el año pasado las organizaciones defensoras de DD.HH., sociales y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, han venido evidenciando una serie de acontecimientos que ponen en riesgo a la región, sin embargo, la respuesta del establecimiento, como ya hemos mencionado, ha sido nula.
Para el mes de septiembre de 2019 se informó de la llegada de un grupo armado ilegal al municipio de Puerto Guzmán autodenominado Mafia Sinaloa quienes le anunciaron a la población “llegar para quedarse” y que con “guerra a muerte” enfrentarían al autodenominado Frente Carolina Ramírez de las FARC-EP, un grupo armado que no se sometió a la dejación de armas entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Las mismas organizaciones sociales denunciaron esta incursión que dejó como resultado el asesinato de tres reconocidos habitantes de la vereda Las Perlas, de Puerto Guzmán.
La fuerza pública no hace nada
La agrupación Sinaloa de los paramilitares, reunió a la comunidad luego de ingresar por el punto conocido como Puerto Rosario, en puerto Guzmán y en el caserío “le informaron a la población que habían “llegado para quedarse”, que combatirían al autodenominado “Frente Carolina Ramírez FARC-EP” y que contaban con apoyo de la fuerza pública”. Según comentaron habitantes y denuncias desde La Red de DD.HH., del Putumayo, Piamonte – Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos, Ipiales – Nariño.
Luego de esta reunión en Puerto Rosario, ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal Puerto Guzmán, aseguran los defensores de los DD.HH., que se dirigieron a la vereda Las Perlas, donde asesinaron en plaza pública y delante de habitantes de la vereda a tres personas, dos hombres y una mujer, “en una acción que hizo recordar las acciones paramilitares en el departamento del Putumayo a finales de la década de los 90 e inicios del 2000”, relatan los defensores de la red de DD.HH.
En octubre de 2019, en la antesala de las elecciones locales, se realizó un homicidio doble en la esquina del Parque Central de Puerto Guzmán, a escasos 10 metros de la Estación de Policía. Pero, a pesar de la corta distancia en donde ocurrió el crimen, no hubo ninguna respuesta por parte de la fuerza pública, tampoco se presentaron capturas, y no se dado información de la investigación o los responsables.
Por su parte, la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde el lunes 2 de diciembre de 2019, afirma que un grupo fuertemente armado al parecer de los denominados “Mafias” ingresó a plena luz del día por la Inspección de Policía de San Pedro, jurisdicción de Puerto Caicedo, rumbo a límites entre Puerto Guzmán y Puerto Caicedo para combatir a la guerrilla. Este grupo ha informado a la población civil por donde pasan, que cuentan con respaldo y apoyo de la Fuerza Pública.
Dialogando con Alexander Sánchez, líder del municipio de Puerto Guzmán, y quien fuera candidato a la alcandía de ese municipio en las elecciones pasadas, “Lo que sucede es que hay una disputa del territorio por los grupos armados que hoy existen aquí. Desde que salieron las FARC-EP, de los territorios con el proceso de paz, la mafia, o sea los paramilitares y las guerrillas que no participaron de la dejación de las armas, están en disputa por el territorio”
El clamor de las organizaciones de DD.HH. es por el desmantelamiento de los grupos paramilitares y las redes que hoy favorecen su presencia en territorios estratégicos para el cultivo, el procesamiento y distribución de la droga, pero también, de los territorios estratégicos para las multinacionales que abanderan la extracción de recursos naturales y que actúan bajo la protección de la fuerza pública.
Al igual que en otros municipios, la presencia de la Policía y Ejército es contundente, sin embargo, como asegura Sánchez, “el problema es que vemos que hay fuerza pública por todos lados, pero los asesinatos continúan”.
