El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo enfrentará el próximo 29 de septiembre un debate de control político, con vocación de moción de censura, por su responsabilidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en las recientes movilizaciones en el país. ¿Cuáles son las razones por las que se exige su dimisión?
Simón Palacio
@Simonhablando
Lo ocurrido el 9 de septiembre es sumamente grave para un país que se presume democrático. Como una reacción en cadena de todo lo que no puede pasar en una institución que monopoliza la fuerza legítima del Estado en las ciudades, los contundentes hechos determinan que existió un escenario escabroso tras las bambalinas del caos.
En primera medida, está la tortura y asesinato del ingeniero Javier Ordóñez por parte de agentes de la Policía Nacional, acción de brutalidad policial que entre otras cosas fue la gota que rebozó la copa de la indignación ciudadana; como segunda medida, está la reacción desproporcionada de la fuerza pública ante las protestas sociales con el saldo escalofriante de una decena de muertos y más de 70 personas heridas con armas de fuego; y finalmente, se tiene la certeza que existió una ruptura en la cadena de mando entre las autoridades civiles con la fuerza policial.
Los graves hechos en materia de orden público motivaron que diversos congresistas citaran al ministro de Defensa a un debate de control político, con vocación de moción de censura, donde será cuestionado por los casos de abuso y amotinamiento policial que se presentaron los días 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Suacha. La cita, que se espera sea de manera presencial, está agendada para el próximo 29 de septiembre.
La prueba
Gracias a una columna de opinión del analista Ariel Ávila, el país supo que existe una prueba. Un video recogido por la ONG Temblores demuestra que en el barrio Verbenal la Policía Metropolitana de Bogotá tomó la decisión de disparar indiscriminadamente contra los manifestantes que confrontaban a la fuerza pública.
En concreto se observa cómo dos policías disparan sus armas de fuego con la clara intención de matar. Lo contundente en la pieza audiovisual es que evidencia que existió una orden impartida por superiores, es decir, que se rompió la cadena de mando pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado que la orden fue de no disparar contra la protesta social por muy compleja que esta fuera.
Agregado a ello, cientos de videos grabados por la ciudadanía bogotana en la noche del 9 de septiembre, señalan que los procedimientos desplegados por la Policía Nacional eran claramente violatorios de los derechos humanos.
En conclusión, no solo queda un indudable escenario de crisis institucional, sino que inevitablemente tiene que existir un responsable político por estos hechos. Siguiendo la línea de mando, el directo responsable no puede ser otro que el ministro de Defensa, el vallecaucano uribista Carlos Holmes Trujillo.
No a la impunidad
La primera razón por la que el ministro de Defensa debe dimitir es porque lo ocurrido fue una verdadera matazón contra la población civil, pues son 14 personas asesinadas; 154 heridos, de los cuales 74 fueron por arma de fuego; y 256 detenidos, entre los que se encontraban 25 defensores de derechos humanos.
El video de la ONG Temblores desvirtúa todas las versiones entregadas por el Gobierno nacional, pero en especial las dadas por el ministro de Defensa. Existió un amotinamiento por parte de la Policía Nacional y una ilegítima cadena de mando donde alguien tuvo que dar la orden de disparar.
Al existir asesinatos, también hay víctimas. Estas con justeza exigirán que los casos no queden en el olvido. Si Carlos Holmes Trujillo se mantiene en el cargo, si no hay renuncia de la cúpula policial y el Gobierno nacional insiste en legitimar las acciones brutales de la fuerza pública, lo lógico es que existirá una aberrante impunidad.
Preservar la Constitución
La Constitución de 1991, columna vertebral del Estado social de derecho, se ufana de un principio democrático fundamental en la existencia de cualquier sistema político liberal: la subordinación del poder militar sobre el poder civil. Carlos Holmes Trujillo debe dimitir porque bajo su conducción política se fracturó gravemente este mínimo constitucional.
Los hechos han demostrado que este principio se quebró en la llamada Masacre de Bogotá y que el precedente impune puede desencadenar en una futura regresión. En otras palabras, si no pasa nada, sectores extremistas minoritarios en las fuerzas militares y policiales pueden radicalizar sus posturas antidemocráticas y creer que la Constitución, la ley y todo el ordenamiento socio jurídico es representado en la fuerza.
Aunque la idea de unas fuerzas armadas beligerantes y radicalizadas en posturas extremo-derechistas es del total agrado del Centro Democrático, no todas las fuerzas representadas en el Congreso de la República comparten tamaña ruptura con los principios democráticos que aún sobreviven.
Deficiente gestión
Pese a todo lo anterior, el principal argumento por el que Carlos Holmes Trujillo debe renunciar es que hasta la fecha su gestión al frente del Ministerio de Defensa es deficiente.
Más de 50 masacres en los territorios olvidados de Colombia, asesinatos sistemáticos de lideresas, líderes sociales y excombatientes de las FARC, fracaso de la política antidrogas y la puesta en marcha de la indignante “cooperación” con el Ejército de los Estados Unidos, son apenas el abrebocas de un periodo ministerial que será recordado como la estocada final contra un proceso de paz que prometía transformar positivamente al país.
Finalmente, no hay que perder del foco que el actual ministro de Defensa tiene serias aspiraciones para la contienda electoral de 2022. Si bien el espacio de moción de censura es un mecanismo obsoleto de control político, pues la regla histórica es que este no ha generado los resultados esperados en ningún caso en el que se ha citado, sí se convierte en la tribuna perfecta para evidenciar la funesta política de defensa y seguridad del Gobierno de Iván Duque, solo superada por la increíble política exterior que hoy tienen a Colombia como el hazmerreír de toda la comunidad internacional.
En cualquier régimen democrático decente, hechos como estos, incluso por respeto a sus copartidarios, votantes y simpatizantes, llevarían a la renuncia irrevocable del funcionario público implicado. Aunque asumir la responsabilidad política de un hecho negativo de Gobierno es sinónimo de derrota, también es equivalente a un ejercicio de grandeza y altura histórica frente al debate democrático.
Es claro que esperar una posición de esta magnitud por parte del uribismo, es como dice el dicho popular, pedirle peras al olmo.
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