Alfonso Conde C.
El negociante de los dineros públicos, el exministro furibista Fernando Londoño, en la Convención del partido Centro Democrático expresó: “El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC que es una claudicación y que no puede subsistir”. A pesar de los discursos conciliadores del candidato Duque para atraer la votación de partidos como el Liberal, Cambio Radical y la U, la práctica del ahora presidente ha sido consecuente con la formulación del exministro: por diversos medios, que incluyen desde la amenaza de declaración del estado de conmoción interior hasta la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (que cancelaría el Congreso para cambiar el sistema judicial que incluye las cortes y la JEP y modificaría otros “articulitos”) el gobierno ha tratado de impedir el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los ataques directos contra estas instituciones refrendadas por la Constitución han sido el pan de cada día desde la propia presidencia y, claro está, desde la bancada derechista-fascista del Congreso de la República.
En todo lo anterior, el latifundismo criollo ha jugado un papel preponderante. De acuerdo con el DANE el 0.1% de las UPA agrarias que superan las 2000 hectáreas cada una, son poseedoras del 60% de la tierra. También dice la misma fuente que empresas del campo de más de 500 hectáreas, que en 1970 ocupaban cerca de 5 millones de has., hoy se extienden hasta unas 50 millones. En el núcleo de tal crecimiento ha estado la exclusión violenta del campesinado y el robo de tierras a la nación. No quieren los latifundistas que se conozca la verdad del conflicto, que se haga justicia verdadera ni que se hable siquiera de restitución de tierras a los campesinos desplazados y redistribución de los territorios colombianos (punto uno del acuerdo). Hay que mencionar también que buena parte de los dirigentes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz eran reclamantes de tierras. Si se suma que el 79% de las tierras rurales se dedican a la ganadería se entiende que individuos como Lafaurie y Uribe sean adalides de la negación de los acuerdos.
Se entiende entonces que los amigos de Uribe, beneficiarios del sistema de acaparamiento de la tierra por la exclusión violenta del campesinado quieran mantener y ampliar sus beneficios y se nieguen a un proceso de verdad que exponga y juzgue sus desmanes. No se entiende, sin embargo, que varios millones de colombianos puedan apoyar los intereses de los verdaderos generadores de la violencia en Colombia. Son víctimas de la desinformación.
