La masacre de cuatro personas y la desaparición de tres, el pasado 26 de septiembre en el resguardo Inda Sabaleta, de la comunidad Awá, agrava la situación de extrema violencia y abandono estatal del Pacífico nariñense
Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
El pasado 26 de septiembre el país conoció el comunicado de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA, que informaba que tras varias horas de enfrentamientos entre los grupos armados Frente Óliver Sinisterra y Los Contadores, el resultado serían cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, tres personas desaparecidas y la retención de cerca de 40 personas por varias horas dentro del resguardo indígena Inda Sabaleta por parte de estos grupos al margen de la ley.
Ante la situación, el jefe del Comando Nº 2 del Suroccidente del Ejército, el brigadier general Álvaro Pérez Durán, informó a Caracol Radio que «no percibimos, ni recibimos ninguna información sobre secuestro», contradiciendo no solo la versión de la UNIPA, sino también la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ sobre la retención por horas de la comunidad indígena y los asesinatos perpetuados.
Mas allá de la búsqueda de la claridad de los hechos, lo cierto es que Tumaco y el Pacífico nariñense se encuentran inmersos en una violencia extrema fruto del auge el narcotráfico en la región y la nula inversión estatal en programas de política social.
En el olvido
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Right Watch, afirmó en 2018 que Tumaco tiene las cifras más altas de homicidio en el país y las cifras más altas de defensores de derechos humanos asesinados. Estos datos son el reflejo de una situación de abandono y desigualdad en la región. Según cifras del Dane y de ACNUR, Tumaco tiene un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 48,70%, el índice de Pobreza Multidimensional de Tumaco es de 84,55% y el 16,43% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza.
Ante la confluencia de condiciones desfavorables y la facilidad del lugar como ruta del narcotráfico, desembocó en un auge en la siembra de coca, tal y como lo describe Nilson Estupiñán Arboleda, miembro de la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense: “El comercio de aquí se organizó, una vez que los grupos paramilitares vieron el potencial de Tumaco por ser una zona donde hace muchos años ya se desarrollaba el narcotráfico debido a la facilidad de su ruta de salida.
Aquí solo un clan conocía esta ruta y por tanto era una zona virgen, a raíz de esto los grupos paramilitares se aprovecharon de las ventajas que tenía Tumaco por sus manglares, sus ríos y todo lo que encierra, y claro, el privilegio de tener tierras sin producir desembocó en la incitación a la población y los campesinos a sembrar coca”.
La situación de las comunidades indígenas
VOZ habló con Francisco Javier Cortez Guanga, Indígena del Resguardo Awá Piguambi Palangala y miembro de la Red de DDHH del Pacífico nariñense, hoy amenazado y desplazado por la situación de la región, para profundizar las problemáticas vividas por la población indígena de la región.
¿Cómo es la situación actual del Pacífico nariñense?
-Podemos manifestar que es el resultado de un abandono estatal en el cual no se ha hecho presencia en la región por parte del Gobierno nacional, esto ha hecho que los cultivos de uso ilícito cojan fuerza y tomen el control en la economía. Sobre todo, en un sector como en el que nos encontramos, donde no se satisfacen las mínimas necesidades básicas, donde no existen soluciones de vivienda, donde no existe agua potable, básicamente donde no hay oportunidades para las comunidades; esto produce la expansión de los cultivos de hoja de coca en los territorios, de esta manera empieza a haber presencia de diferentes actores armados.
Usted habla del auge de los cultivos de coca, ¿cómo va la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos?
-Existen 16 acuerdos colectivos en el marco de la erradicación voluntaria, acuerdos que no se están cumpliendo por el Gobierno nacional. Lo que buscamos es que se haga inversión social en nuestras comunidades, pero también pedimos que se detengan los anuncios hechos con relación a la fumigación y la erradicación forzada. Aquí no solo buscamos que se cumpla el acuerdo de paz, sino también las órdenes constitucionales que están dadas, el único mensaje que queremos decir es que al Pacífico y a Nariño se les debe atender de una forma diferente. Aquí no tenemos ni un acueducto, agua potable, vivienda, el agua que tomamos la sacamos de las quebradas, de los ríos, de las goteras que caen de la lluvia y hoy las últimas quebradas están contaminadas por hidrocarburos, por el derrame de crudo que tenemos hace muchos años; una contaminación ambiental tremenda que tenemos en el Pacífico y aparte de eso nos vienen a fumigar.
Covid-19 y conflicto
¿Cómo afectó la pandemia a las comunidades indígenas?
-Hoy existen controles territoriales y controles institucionales, pero se les olvida que las comunidades indígenas y las demás comunidades étnicas somos pueblos que vivimos en la selva, en las montañas, nuestras comunidades viven de la caza, de la pesca, de la recolección en nuestro territorio. Esto era un confinamiento por decreto nacional, ahora, no podemos desconocer que dentro de los territorios existen muchos actores armados que también tienen control territorial y también dictan sus propias normas, entonces teníamos confinamiento constitucional por medio del Gobierno, pero también un confinamiento por los sectores armados porque también decretaron que no se podía salir.
Aun así, el territorio esta militarizado, ¿no?
-Las comunidades estaban aisladas pero los actores armados no, seguían andado por todo lado, uno se pregunta como esto es posible cuando estamos militarizados de esquina a esquina, entonces no entendemos como esta gente andaba por las noches, en la madrugada, a la hora que ellos querían. Hay una desconfianza desde las comunidades hacia nuestras instituciones que son el Ejército y la Policía. A veces sentimos que hay un silencio grande con ojos que ven, pero que se hacen los ciegos, esta situación es la que está agudizando más el conflicto y la violencia dentro de las comunidades, este silencio nos está matando.
-Usted tuvo que dejar su territorio fruto de las amenazas en su contra, ¿qué tiene para decirles a las instituciones y al Estado?
-Yo vengo defendiendo las comunidades desde la edad de 14 años, tengo 34 en este momento, pero no ha sido fácil, he tenido que pasar por las verdes y las maduras, salir desplazado de mi territorio. Hoy precisamente me encuentro desplazado del territorio por atentados que hicieron en mi contra y ahí estamos.
No es fácil, pero lo que yo siempre digo es que nosotros no nos metemos con las organizaciones armadas, nosotros solo hacemos nuestro trabajo, por eso pedimos públicamente que las organizaciones armadas respeten nuestros procesos, nuestra forma de vida, nuestra forma de ejercicio de gobierno propio que tenemos dentro de los territorios étnicos.
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