Ancízar Narváez M.
Ante el enojo generalizado debido a la incitación de Trump a sus seguidores para que literalmente asaltaran el capitolio y agredieran a los congresistas que certificarían la victoria de Biden, la gran mayoría cree que es correcto que cualquier directivo de esas plataformas pueda decidir unilateralmente amordazar a Donald Trump.
En este episodio están involucrados tres actores: a) empresas privadas de comunicaciones que tienen criterios editoriales. Recordemos que las redes no son reuniones de amigos sino empresas que buscan rentabilidad vendiendo datos de los usuarios (audiencias) a los anunciantes y cuyos directivos son también agentes políticos comprometidos con la economía de mercado; b) Donald Trump, como usuario que emite contenidos para sus seguidores; y c) un regulador que tiene que decidir los conflictos entre los dos agentes anteriores. La pregunta es: ¿dónde está el regulador y con base en qué cumple esa función?
El presidente de México dijo sobre el hecho: “No me gusta que nadie sea censurado”. Se supone que este es el fundamento del Estado de Derecho. Pero ¿dónde están la legislación y las autoridades que hagan cumplir el derecho? No hay derecho sin fuerza que lo haga cumplir, decía Norbert Elias.
El director de Twitter ha dicho que la prohibición a Trump es ‘correcta’ pero ‘peligrosa’ (“Trump ban is ‘right’ but ‘dangerous’). No hay cómo saber si la decisión es correcta porque no hay parámetros legales que digan si la decisión se atiene o no la ley, que es la única manera en que se puede decidir si algo es delito y cuál es la pena que se debe imponer. Por otro lado, no lo puede decidir el empresario según su propio criterio. ¿En qué ley o según qué autoridad él decide qué es lo correcto?
Según la BBC (2021/01/14), “Joe Biden quiere que empresas como Facebook y Twitter hagan más para reducir las expresiones de odio y las noticias falsas” (“has said he wants companies like Facebook and Twitter to do more to take down hate speech and fake news”. Es más o menos como pedirles que se porten bien, que lo hagan por su buena voluntad porque no hay ley que les impida portarse mal, o sea, violar las reglas tanto de la libertad de expresión como del libre mercado.
El problema es que aquí el afectado es un personaje poderoso a quien la mayoría queríamos ver sancionado. Y resulta que quien se arroga ese derecho a sancionar es alguien que no ha sido elegido por nadie y que solo tiene una posición de poder –ganada de manera no más santa que su contraparte– y que por ese solo hecho se cree mejor que el resto y con derecho a sancionar.
Los defensores de la empresa privada siempre han confundido regulación estatal con censura. Y es cierto que la regulación en manos del Estado puede y suele llegar a la censura. Pero esta puede ser discutida en el marco de la polis. En cambio ahora la censura es un hecho en manos de las empresas privadas, pero sin el amparo, para los usuarios, de la regulación estatal. Es el sueño cumplido del neoliberalismo.
En este caso, el conflicto entre el ejecutivo de la empresa y el usuario tenía que resolverla una autoridad estatal con base en una legislación. Aunque los trinos de Trump no son solo reprochables sino criminales, es necesario que lo decida el juez y no el acusador, aunque tenga razón. No hay nada parecido a la justicia o la democracia en la decisión de Twitter; en cuanto justicia privada, es más parecida a la actitud de totalitarismo.
