El traslado del expediente Uribe de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, la desclasificación de cables que revelan sospechas de funcionarios estadounidenses sobre los nexos entre el exmandatario y el paramilitarismo en Antioquia, y la revelación de una masacre oculta por más de 20 años, complica la situación del reo
Redacción Política
En la tarde del día 1 de septiembre la Corte Suprema de Justicia notificó a la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez que el proceso por soborno a testigos y fraude procesal se traslada a la Fiscalía General de la Nación. La decisión del alto tribunal fue unánime pues el caso no tiene nexo con la actividad parlamentaria del acusado.
Con la notificación oficial se pone punto final al debate sobre la instancia competente para continuar con el proceso que tiene al expresidente en prisión domiciliaria. De igual forma, la decisión de la Corte despeja las dudas sembradas no solo por el expresidente Uribe sino por el partido de Gobierno y sus militantes quienes argumentaron en las pasadas semanas que el caso se encontraba en manos de una justicia “politizada”.
La Corte Suprema de Justicia traslada a la @FiscaliaCol el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe @AlvaroUribeVel por delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, como consecuencia de su renuncia al cargo de congresista:#SalaDeInstrucción @CorteSupremaJ 👇 pic.twitter.com/j3AbokPmBp
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 1, 2020
La reacción de Cepeda
Al conocerse extraoficialmente la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda anunció que respeta las decisiones judiciales pero que en su posición de víctima del caso las acciones siguientes de su defensa serán recusar al fiscal Francisco Barbosa, pues este estaría impedido para adelantar la investigación.
En rueda de prensa ofrecida el lunes 31 de agosto, el senador del Polo Democrático Alternativo le dio la palabra a su abogado Reinaldo Villalba quien aseguró que el actual Fiscal no está habilitado para asumir el proceso por su probada amistad con el presidente de la República, Iván Duque. Desde la lectura de Villalba y Cepeda, la Corte Suprema de Justicia debe nombrar un fiscal ad hoc que genere garantías e impida impunidad en el caso judicial.
Finalmente, Cepeda aseguró que, a diferencia de sus contradictores, esa parte del proceso si respeta las decisiones de la justicia y sus tribunales, no sin antes señalar que se corre un riesgo inminente que el caso del exsenador ahora en manos de la Fiscalía tenga menos avances que los adelantados por la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, la reacción coherente del senador Iván Cepeda con respeto a las decisiones del Estado de derecho se contrastan con las rabiosas acusaciones del expresidente Uribe, que ha llamado a una cruzada política contra la Corte Suprema de Justicia, calificándola en días pasados como “mafiosa” y “secuestradora”.
El senador colombiano, @IvanCepedaCast presentó una recusación contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que sea apartado del caso contra el expresidente #ÁlvaroUribehttps://t.co/jXks1ufWKz
— teleSUR TV (@teleSURtv) September 3, 2020
Los gringos lo sabían
Por otro lado, documentos desclasificados y filtrados a la prensa por la organización National Security Archives revelan que Estados Unidos sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia cuando este ejercía como Gobernador del departamento en la segunda mitad de la década de los noventa.
Some news: With Álvaro Uribe now under house arrest, today the National Security Archive published a new collection of declassified U.S. documents on the former Colombian president’s alleged ties to paramilitaries and narcotraffickers. AP has the story – https://t.co/WoOZLAQL5c
— Michael Evans (@colombiadocs) August 31, 2020
Aunque el caso puntual que tiene privado de la libertad al expresidente gira en torno a soborno de testigos y fraude procesal, estos probables delitos se cometieron para modificar las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra quienes afirman que Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago fueron los promotores del grupo paramilitar ‘Los Macetos’, estructura armada que luego mutó en el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El documento desclasificado de 1997 muestra como el excongresista Jorge Valencia Cardona les contó a funcionarios de la embajada norteamericana en Colombia que existían serias sospechas de la cercanía entre la casa Uribe Vélez con los grupos paramilitares.
Según el relato de Valencia Cardona, la poderosa familia terrateniente reconocida en la región por ser los propietarios de la hacienda Guacharacas en San Roque y la hacienda La Carolina en Yarumal, entre otras, tenían nexos con ganaderos que financiaban y promovían los grupos paramilitares en el nordeste antioqueño.
Como prueba de ello, el excongresista narró como en una ocasión fue detenido violentamente por estructuras paramilitares, sin embargo, el comando armado cambió su actitud hostil al encontrar documentos que comprobaban la relación de Valencia Cardona con el gobernador de Antioquia. “¡Oh, tú conoces al viejo!”, le dijeron sus captores avergonzados mientras era liberado.
“Es casi seguro”
Otro cable desclasificado demuestra cómo durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), el subsecretario de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional, Peter Rodman, habría advertido al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, sobre los vínculos de Uribe Vélez cuando fue gobernador de Antioquia con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
“Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares mientras era gobernador de Antioquia”, escribió Rodman en una nota dirigida a Rumsfeld en 2004, año donde el sospechoso ya ejercía como Presidente de la República de Colombia.
Para finalizar, en otro cable desclasificado de la embajada norteamericana en Colombia, queda en evidencia como un conocido de Uribe aseguraba que el clan narcotraficante de los Ochoa Vásquez, pertenecientes al Cartel de Medellín, había financiado las campañas al senado del joven dirigente liberal en las jornadas electorales de 1986 y 1990.
La masacre de Girardota
El twittero Juan Poe, conocido como el Hacker de la Fiscalía, presentó por esta red social una investigación independiente con poderosas evidencias sobre el fenómeno paramilitar en el municipio de Girardota, ubicado en el Valle de Aburrá del departamento de Antioquia.
!Atención! Evidencias ocultas involucran a Uribe con masacre en Girardota, Antioquia y con grupo paramilitar de los Villegas Uribe. #noticiaBomba4 https://t.co/rsY2OhqFUX
— Juan Poe (@JuanPoe) August 30, 2020
Las revelaciones exclusivas se concentran en varios informes del equipo del CTI de la Fiscalía regional que descubrió la estructura financiera de las AUC en 1999 y que paulatinamente fue asesinada en Antioquia por parte de este grupo paramilitar.
La investigación revelada en días pasados deja en evidencia la llegada por orden directa de Carlos Castaño de un grupo paramilitar al tranquilo pueblo de Girardota, estructura armada que rápidamente se mimetizó en la convivir ‘Buen Vecino’ promocionada por la gobernación de Antioquia que presidía Álvaro Uribe Vélez.
Mostrando el material probatorio recolectado por el CTI, el twittero denuncia la existencia de una masacre ocurrida el 20 de noviembre de 1998 en el municipio de Girardota nunca revelada por la opinión pública, donde fueron asesinadas 29 personas.
El cabo suelto de la historia sería el financiero de los paramilitares Jacinto Alberto Soto Toro, alías “Lucas”, quien en distintas interceptaciones de beeper no solo demuestra que en medio de la masacre de El Aro mantenía comunicación con la Gobernación de Antioquia, sino también se comunicaba con Juan Carlos Cadavid, alías “Pitillo”, comandante del grupo paramilitar asentado en Girardota, y con Luis Carlos Villegas Uribe, socio comercial de la familia Uribe Vélez en San Roque y promotor del grupo paramilitar ‘Los Macetos’.
La investigación de Poe también muestra los mensajes de beeper donde se nombra a “Guacharaco”, alias de Juan Guillermo Monsalve Pineda, personaje cuyo testimonio involucra a los Uribe Vélez y a la hacienda Guacharacas con el fenómeno paramilitar en el nordeste antioqueño. Esto desmiente la hipótesis de la defensa del exmandatario que argumenta que Monsalve Pineda nunca perteneció a las AUC.
En fin, como dice el libro Por las sendas de El Ubérrimo de Iván Cepeda y Alirio Uribe: “No es posible estar en una piscina y no mojarse”.
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