El presidente Juan Manuel Santos Calderón entra en el último año de su segunda administración, que terminará el próximo 7 de agosto, cuando tomará posesión el ciudadano o ciudadana que salga elegido(a) en los comicios presidenciales de mayo de 2018.
No logró repuntar a lo largo de los ocho años en las encuestas de opinión a pesar que protagonizó el hecho histórico más impoprtante en mucho tiempo, que fue el Acuerdo Final de La Habana que le puso fin a la guerra con las FARC-EP y abrió la posibilidad de cambios políticos y sociales de signo positivo en el país. Las cifras lo trataron mal, tal vez por la férrea oposición del uribismo, pero además por la incoherencia de su gobierno que abrió el camino a la paz con las guerrillas pero cerró la posibilidad de negociación con las comunidades que tienen acuciantes problemas sociales sin resolver. Es más, aumentó el deterioro social en el gobierno de Santos, debido a las políticas neoliberales, de “confianza inversionista” a favor de las transnacionales, de ajuste fiscal y de negativa a resolver demandas de los más necesitados. Santos favoreció la paz, pero a la vez los intereses de los capitalistas, en particular del sector financiero que hace su agosto con las exageradas ganancias gracias al crédito caro y al costoso servicio de administrar el dinero de los colombianos.
Sin embargo, las más recientes encuestas revelan un ligero aumento del respaldo a Santos que no llega siquiera al 30 por ciento y es mayor en el sector rural que en el urbano, pero también por primera vez decrece el apoyo a Uribe Vélez y es mayor el rechazo que tiene en la población que su aceptación.
Santos ha hecho un mal gobierno. Se salva el proceso de paz con las FARC-EP, pero en el cual le cobran las debilidades, las vacilaciones y las concesiones a los enemigos de la paz. Mientras adelantaba los diálogos hacía equívocas declaraciones que no ayudaban a concientizar a la ciudadanía del buen camino del proceso de La Habana. Acompañado todo con el desgreño social y las frecuentes contradicciones con los sectores agrarios, indígenas y afrodescendientes. No faltaron protestas de los trabajadores como los educadores, el sector salud, la rama judicial y otros estatales, incluyendo los petroleros.
En materia de paz la implementación no va bien. No se trata solo de las demoras en el cumplimiento de lo pactado, sino la tendencia en la mayoría oficialista en el Congreso a renegociar el Acuerdo de La Habana ya firmado por el Presidente y el comandante de las FARC-EP. Con el agravante que en el Estado la rama jurisdiccional, incluyendo al Fiscal, se muestra renuente a aceptar los acuerdos en materia de justicia transicional y restaurativa, amnistía y seguridad plena para los ex combatientes guerrilleros.
Santos dice con orgullo en la entrevista del domingo pasado en el diario El Tiempo, que “Le dejo a mi sucesor un país sin FARC”, mejor sin guerra con las FARC, aunque falta que en el año que resta cumpla de forma estricta la palabra empeñada respecto de los acuerdos. Pero deja un país en crisis social. Sin mayor inversión y con disminución del gasto útil a favor de los más necesitados. Colombia sigue siendo un país pobre, con alta concentración de la riqueza y de un bajo PIB, todo lo contrario de lo que predican los apologistas del régimen. El presupuesto del nuevo año es de guerra, como si no hubiera avances en materia de paz. Se mantiene el gasto en defensa y se recorta en los renglones claves del progreso social. Lo justifica el mandatario con la baja en los precios del petróleo.
Se ufana el presidente Santos de los logros en materia de educación, pero Fecode tuvo que adelantar un movimiento que durante varias semanas paralizó a la educación y al final lograron importantes reivindicaciones para fortalecer la educación pública que aun el gobierno no cumple. Al menos así lo ha advertido Fecode.
El país va mal. Con un modelo económico inviable. Santos en lugar de actuar con independencia está unido a los neoliberales del continente en la Alianza del Pacífico y a la política exterior de Estados Unidos. Es uno de los más agresivos aliados de la derecha internacional contra Venezuela, desagradecido porque el papel de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que se lograran el Acuerdo de La Habana y los diálogos de Quito, fue definitivo.
Poderosas razones para que la izquierda promueva un gran movimiento amplio en defensa de los logros en materia de paz y por un programa común de cambios políticos y sociales avanzados.
