La oligarquía colombiana jamás le agradaron los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en la Constitución Política de 1991. A los pocos días de aprobada, el nuevo Congreso al que regresó la mayoría de los senadores y representantes revocados, comenzó la contrarreforma que hizo añicos la carta constitucional. En el caso de los mecanismos de participación, en particular el referendo y el plebiscito, quedaron casi que nugatorios por la cantidad de trámites y reglamentos cuando el origen es ciudadano.
En el fondo se desvirtuó la intención democrática de fortalecer la participación ciudadana en el caso de decisiones que tengan que ver con el beneficio de la comunidad. Se confirmó así la “regla de oro” de que en Colombia la oligarquía le tiene pánico a las reformas. Entre más limitada sea la democracia, es más fácil el control del poder por la clase dominante y mayores las utilidades del capital a costa del sacrificio de las clases populares. Es una oligarquía mezquina y ambiciosa, acostumbrada a gobernar sobre el dolor, la sangre y las lágrimas de la mayoría de la población. Gobiernan con el garrote de la violencia y el palo de la represión.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha mostrado su inconformidad con las consultas populares, sobre todo las más recientes, que se refieren a los temas de la explotación de las transnacionales de la riqueza minero-energética que genera daños al medio ambiente, contamina las fuentes de los ríos y genera escasez de agua y alimentos. Las comunidades en los territorios se cansaron de ello y a las protestas cívicas unieron el impulso a las consultas populares que han sido ganadas de manera aplastante.
La inconformidad gubernamental es por aquello de la “confianza inversionista”, concepto que se puso de moda desde el gobierno uribista para favorecer los intereses de las transnacionales y de los grandes inversionistas del exterior que saquean los recursos naturales y deterioran el medio ambiente.
La comisión gubernamental en el Csivi, donde se deciden los proyectos de ley que serán presentados al Congreso en el proceso de implementación del Acuerdo de La Habana, anunció que presentará una propuesta “para garantizar el buen uso del mecanismo de participación como consultas populares y revocatorias”. Es una propuesta que tiene tufo en favor de los grandes negocios de las trasnacionales, en lo que respecta a las consultas, y para darle una tabla de salvación a Peñalosa en la cuerda floja por la decisión de los habitantes de Bogotá de revocarlo. Quieren introducir nuevos trámites engorrosos para hacerlos difíciles. Va en contravía de la Constitución que considera los mecanismos de participación como esenciales para fortalecer la democracia. Es un proyecto inaceptable y al que debemos oponernos.
