A la clase política tradicional le aterra la paz, la verdad y los cambios
Hernán Camacho
@camachohernan
El Congreso de la República quedó con saldo en rojo ante su responsabilidad histórica de materializar los acuerdos de paz en leyes y reformas constitucionales. En un año los senadores y representantes debieron entregarle a las víctimas del conflicto vocería parlamentaria, transformar mínimamente las costumbres políticas, ampliar la estrecha democracia y que los colombianos conozcan la verdad del conflicto. Nada de eso sucedió.
Los trámites del fast track pretendían dinamizar el camino legislativo de las leyes y modificaciones constitucionales que se presentaron en 17 proyectos de ley de los cuales solamente ocho pasaron a sanción presidencial.
Las Circunscripciones Especiales de Paz, la reforma política, la innovación agrícola, el censo agrario, la ley de sometimiento a la justicia, la ley de pequeños cultivadores, la ley de baldíos para el fondo de tierras, la regulación de la protesta ciudadana, no alcanzaron la aprobación del Congreso.
Por el contrario, se logró la legalización del partido político de las FARC, el estatuto de la oposición, la Justicia Especial para la Paz, con reparos, modificaciones en la Unidad Nacional de Protección, la ley de amnistía, sin que se cumpla en su totalidad, la declaratoria de delito del paramilitarismo, alcanzaron los votos, apenas suficientes, para convertirse en ley.
Tierra
Una de las causas del conflicto armado, la inexistente democratización de la distribución de la tierra en Colombia, sigue sin erradicar. El balance del fast track en materia de tierras fue negativo. Ni la ley de innovación de tierras ni el censo agropecuario ni la ley de baldíos alcanzaron un segundo debate después de presentarse los proyectos de ley en las secretarías de Cámara y Senado, desde el pasado mes de marzo.
En ese punto la decisión del establecimiento fue no permitir la discusión de la tenencia de tierra, lo cual favorece a los terratenientes y grandes conglomerados económicos que han usufrutuado ilegalmente tierras baldías. Tres millones de hectáreas previstas en el acuerdo de paz para alimentar el fondo de tierra, para redistribuirlas entre los campesinos sin tierra o quienes tienen poca, quedó en el limbo mientras tengan presencia en el Congreso, partidos políticos de derecha al servicio del latifundio.
Reforma política
En cuanto al punto de participación política acordado en La Habana, solamente se hizo realidad el estatuto a la oposición. La reforma política que sería el vehículo para transformar la estrechez democrática y corregir el sistema electoral colombiano, se fueron a la caneca. Las recomendaciones de la Misión Electoral compuesta por organizaciones y expertos en estos temas, fueron un saludo a la bandera.
La reforma política presentada por el ejecutivo se fue desnaturalizando en la medida en que avanzaban los debates en el Congreso y en la mitad del trámite, el asunto quedó suscrito a la necesidad de las fuerzas políticas de reacomodar a senadores y representantes para enfrentar la campaña electoral del próximo año.
El Partido de la U aspiraba a dividirse entre los que apoyarían al candidato Germán Vargas Lleras, mientras otro tanto le entregaría el apoyo al candidato liberal, Humberto De la Calle. No se modificaría la autoridad electoral que seguirá en poder de los partidos mayoritarios, como tampoco se implementaría el voto electrónico o el tribunal electoral autónomo e independiente.
Circunscripciones
Al cierre del fast track, se estaban aprobando los textos conciliados de las Circunscripciones Transitorias de Paz, para que las víctimas y las organizaciones sociales de los territorios más golpeados por el conflicto, tuvieran presentación en el Congreso de Colombia. Aunque quisieron modificar su objetivo, las Circunscripciones pasaron los duros debates de quienes señalaban que tales curules, eran para las FARC.
Pero en la sesión plenaria del Senado de la República, se pidió votar negativamente la conciliación y así lo hicieron con la ayuda de la bancada conservadora. Las 16 curules para las víctimas no vieron la luz y los seis millones de víctimas, 166 municipios apartados por la violencia se quedaron sin voz en el parlamento.
Más allá del debate numérico, si se necesitaban cincuenta o cincuenta y un votos de la plenaria para aprobar las Circunscripciones, el asunto es de fondo: el Congreso de la República traicionó a las víctimas y dejó ver que la paz no puede construirse mientras esta pretenda transformar las reglas electorales que la clase política tradicional ha venido afinando para mantenerse en el poder.
“Pareciera que la democracia quedó solo en el lema, lamentable. Priman los intereses politiqueros, volviéndose mezquinos con los campesinos, indígenas, afros y víctimas. Dan lástima, aquellos que boicotearon todo el tiempo para implementar acuerdos de paz”, declaró Olga Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, uno de los territorios previstos como Circunscripción Especial.
Vergüenza
Al respecto señaló el dirigente de Voces de Paz, Jairo Estrada: “Es un acto vergonzoso, un acto de ignominia con ocho millones de víctimas, es un gesto revictimizante de los territorios que fueron escenarios del conflicto por cinco décadas, es la manifestación del incumplimiento craso por parte del Estado a los acuerdos de La Habana, es la imposibilidad del gobierno para manejar sus mayorías, la perfidia de los actores del Congreso como, Cambio Radical, Centro Democrático y los conservadores. Es no reparar colectivamente por la vía de la representación en el Congreso. Ojalá los territorios y sus comunidades se pronuncien enérgicamente por este hecho”.
La incapacidad del Gobierno pesó. La conducción política del ministro Guillermo Rivera, fue débil ante las acciones de sabotaje por las bancadas de derecha del parlamento, que entre debate y debate, renegociaron hasta la letra menuda del acuerdo, para al final no aprobar las iniciativas. Ahora la implementación se traslada a los territorios.
Desde allí se deberá ser exitoso en la reintegración social y la ejecución de los proyectos productivos para los excombatientes, adelantar los planes de inversión social e infraestructura para el campo colombiano priorizando los municipios escenarios de conflicto y desarrollar la política de erradicación voluntaria contenida en los acuerdos de La Habana. El campo de la implementación de los acuerdos se va dar en una disputa ideológica en todos los niveles.
