El sistema colombiano en decadencia está carcomido por la corrupción que recorre todas las esferas del sector público y privado. Es la institucionalidad burguesa misma la que está en cuestión. La clase dominante toda, aun sus facciones en contradicción, participan de la piñata sin ningún escrúpulo.
En 2010, santistas y uribistas unidos con la divisa presidencial de Juan Manuel Santos Calderón recibieron dineros de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral, según lo confesó el gerente de la misma, Roberto Prieto. Entonces todos callaron porque estaban juntos en la misma causa. En 2014, divididos en la candidatura reeleccionista de Santos Calderón y en la uribista de Óscar Iván Zuluaga, cada uno por su lado recibió las dádivas de Odebrecht que inundó de sobornos a Colombia y América Latina. Este cuadro de la realidad colombiana, tan diciente, es revelador de la conducta cínica y descarada de la clase dominante, sin principios cuando se trata de ganar a toda costa, no importa cómo.
Por ello no sorprende que pillados en la infracción de ventaja electoral frente a los otros candidatos que no representan el establecimiento, que se llevan por delante las normas legales y la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, respondan con tanto cinismo y en abierta burla del país que asiste con asco a la repudiable escena. Juan Manuel Santos, sin inmutarse, dice: “me acabo de enterar” cuando su gerente reconoció que su candidatura aceptó dineros ilegales. Óscar Iván Zuluaga, risueño y burlón, asegura que su campaña fue “honesta”. Como quien dice todo ocurrió a sus espaldas, la de los dos candidatos que son “víctimas” de sus colaboradores. El cuento de siempre, el viejo truco como suele decirse.
Este es un tema que va más allá de la necesaria investigación del Consejo Nacional Electoral hasta las últimas consecuencias y se derivan necesarias investigaciones judiciales de la Fiscalía sin debilidades ni argucias. Lo que está planteado, además, es una reforma electoral estructural y de fondo. Ponerle fin a las elecciones a la colombiana.
Como está consagrado en el Acuerdo Final de La Habana, que tanto disgusta a los clientelistas y avivatos electoreros, entre ellos a los uribistas del Centro Democrático que no le reconocen nada positivo al logro del fin del conflicto. Se requiere otro sistema democrático electoral, una reforma de fondo que le ponga fin a las trampas, al ventajismo, al clientelismo y a la violencia que ejercen los caciques nacionales y regionales del tradicionalismo bipartidista. Compra y venta de votos, dádivas a los electores, presiones indebidas, amenazas e intimidaciones, son formas como obtienen la curul tantos incapaces y corruptos que tienen como fin lucrarse del erario mediante prácticas corruptas.
La corrupción hay que desterrarla de la política colombiana y del funcionamiento del Estado. Lesiona la democracia, desvirtúa la razón de ser de las instituciones y deja el país en manos de personas de malos hábitos y torcidos intereses.
El caso de Odebrecht es gravísimo, pero no puede distraer la atención sobre otros de mucha gravedad como el saqueo de Reficar que se inició durante la administración de Uribe Vélez, la que se consagró en escándalos como el de Agro Ingreso Seguro, la feria con las propiedades decomisadas a los narcotraficantes y delincuentes, el cohecho de la “Casa de Nari” para asegurar la reelección de Uribe Vélez y tantos atropellos más que se cometieron desde las alturas del poder con el argumento falaz de que “todo es válido para derrotar al terrorismo”.
Tampoco puede eclipsar otros aspectos vitales y esenciales en la vida colombiana como la defensa del Acuerdo de La Habana, de los diálogos de Ecuador y otras reformas políticas y sociales de primer orden. Un proyecto de nuevo país incluye la necesidad de erradicar la corrupción, pero no al precio de creer que es lo único, excluyendo problemas esenciales de los colombianos y colombianas. La problemática del país es abundante.
La corrupción sacude a la clase dominante, es esta la responsable de su flagelo. Como se considera la dueña del país cree que puede hacer con este lo que le venga en gana. Todas las encuestas cuestionan y rechazan la corrupción, en consecuencia los ciudadanos deben darles la espalda a los corruptos, no volver a elegir a este tipo de personas en los cargos de representación. El castigo debe ser también para sus partidos que auspician y toleran estas malas prácticas.
Llegó la hora de cambiar el país, el camino está en el ambiente de la paz y de las soluciones avanzadas y progresistas.
