Dos localidades que han mantenido una activa movilización en el marco del Paro Nacional también han vivido una feroz represión por parte de la fuerza pública
Jenny María Solís
@Jemasolis
Durante el paro nacional indefinido, la alcaldía mayor de la capital, ha mantenido una retórica ambivalente en relación a las movilizaciones que ya completan 45 días. Por una parte, la alcaldesa Claudia López en un video publicado finalizando el mes de mayo, después de su contagio por la covid-19, pide excusas a la juventud bogotana por no haber interpretado sus demandas a tiempo y aseguró el aumento del gasto social en dos billones de pesos. “Quiero empezar por ofrecerles excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”, expresó López.
Días después la misma alcaldesa afirmó, que el aumento de los contagios se debía en mayor medida, al paro nacional y a la insistencia de parte de los sindicatos y la financiación del paro por parte de algunos líderes políticos. “Hay mucho político metido. En Las Américas yo te diría que es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer, de ayudar también, de entender… También metiendo plata, no diría yo que, para vandalismo, pero sí para mantener la protesta”, le dijo a Caracol la mandataria.
Pero con mayor torpeza, las palabras de la alcaldesa mayor un día antes del #6N causaron un rechazo generalizado por parte de dirigentes sociales y locales. “Es absolutamente irresponsable que se sigan planeando tomas de Bogotá. Bogotá y Colombia ya han tenido suficiente con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares para que ahora haya tomas de aglomeraciones, hago un llamado a la mínima responsabilidad» Las lamentables y no sorprendentes palabras de la alcaldesa, se dieron en medio de una transmisión en directo desde uno de los colegios de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Sin embargo, en ninguna de las declaraciones de la alcaldesa, se condenan los excesos de la fuerza pública, las violaciones permanentes a los derechos humanos, el uso de portales de Transmilenio para detener, torturar y violar, como afirman varias de las víctimas, y por el contrario, se exacerban las condenas contra los llamados “vándalos”, contra los bloqueos y con ello, se mantiene en la acción la criminalización de la protesta social por parte del gobierno distrital. Aun así, las y los manifestantes se mantienen y fortalecen en localidades como Usme y Suba, a pesar de los registros lamentables en términos de derechos humanos.
Entre Yomasa y el Puente de la Dignidad
La localidad quinta de Usme, es una de las más grandes de la ciudad de Bogotá, y comparte tanto la vida rural como la vida urbana, por lo que, tanto en la denominada “Y” la intersección entre la avenida Boyacá y la Caracas y el Puente de la Resistencia, se han concentrado sectores de trabajadores, de estudiantes, de vendedores informales, de la comunidad en general y sectores campesinos tanto de la localidad como de Sumapaz, desde el pasado 28 de abril.
Las concentraciones diarias, acompañadas siempre de las primeras líneas de la localidad, de las ollas comunitarias y la cada vez más evidente organización social desde diversos sectores, como se pudo evidenciar el pasado 9 de junio, en el que la comunidad se mantuvo desde horas de la mañana en Yomasa, hasta alrededor de las 7p.m., cuando la fuerza pública irrumpió violentamente dejando como saldo una agresión ocular contra un joven de 19 años quien perdió su ojo luego de ser impactado por un agente del Esmad.
En diálogo con una de las defensoras de derechos humanos perteneciente al Comité de Derechos Humanos de la localidad, creado en el marco del paro nacional, y quien se reserva el nombre por asuntos de seguridad, se pudo establecer que la localidad ha sido duramente golpeada por la represión de la fuerza pública en medio del silencio de la alcaldía distrital. A través de comisiones de verificación, interlocución con entes estatales, apoyos de carácter jurídico y psicosocial, y diferentes estrategias de comunicación se ha hecho riguroso seguimiento a la movilización.
A la fecha se ha definido el exceso de fuerza pública en la localidad en relación a la presencia de entidades institucionales que puedan hacerle veeduría al accionar de la policía y el Esmad. El exagerado despliegue de fuerza pública, tiene como resultado detenciones arbitrarias, incluso de personas heridas a quienes no se les puede brindar ninguna atención médica. Se evidencia la no identificación de los agentes del Esmad como lo advierte el Protocolo Distrital para la Atención a la Protesta Social o si tiene identificación, la del chaleco no corresponde a la del casco.
Se presentan hostigamientos a los liderazgos sociales y las y los defensores de derechos humanos a través de individualizaciones y empadronamientos. Se ha hecho identificación de personas de civil armadas y disparando contra la humanidad de quienes se manifiestan. El uso indiscriminado de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras ha dejado decenas de personas de todas las edades afectadas y heridas.
El resultado del #9J no es menos alentador. 14 personas sufrieron ahogamiento por gases lacrimógenos, cuatro con contusiones leves producidas por los gases, seis heridos por ataque con marcadoras, cuatro heridos por aturdidoras en el cuerpo y una con trauma ocular con pérdida total del ojo, según la defensora de derechos de la localidad.
Suba digna y movilizada
La localidad de Suba, ubicada al noroccidente de la ciudad, también ha sido protagonista en el marco del paro nacional indefinido, tanto por su capacidad de movilización como por los ya conocidos excesos de la fuerza pública contra las y los manifestantes. Para poder registrar y denunciar lo acontecido durante el ejercicio legítimo a la protesta, varias comisiones de verificación e intervención han fortalecido el trabajo del Comité de Derechos Humanos en la localidad.
El balance general en materia de derechos humanos en Suba desde el inicio del paro nacional indefinido, es igualmente preocupante, según reporta el Comité Local de Derechos Humanos de Suba – CLODHS. Tal y como sucede diariamente en el sur de la ciudad, en Suba se mantiene un despliegue desproporcionado de la fuerza pública, con una presencia exagerada a la hora de iniciar cualquier movilización. Por parte del Esmad, en la localidad hacen presencia permanentemente casi tres escuadrones móviles, unos 120 miembros, en actividades que no superan muchas veces las 150 personas.
Ante la presencia exagerada y la desproporción del ejercicio de la fuerza disponible, como ha quedado registrado en videos y denuncias, las y los defensores de derechos humanos despliegan toda su capacidad de acompañamiento para garantizar el derecho constitucional a la protesta.
No obstante, el desconocimiento parcial o total sobre el trabajo de los mismos por parte de agentes del Esmad y la policía nacional, ha hecho que se limite este trabajo esencial en las movilizaciones. Golpes, ataques, difamaciones, amedrentamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos son el resultado del accionar de la fuerza pública durante el paro nacional en la localidad.
En materia de derechos humanos, la capital se queda corta. La violación sistemática a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, sumado al silencio institucional, es una realidad preocupante que demuestra la escasez de garantías por parte del gobierno distrital para el ejercicio de la movilización y la protesta social de las y los manifestantes.
PD.: Mientras se escribe esta nota, se conoce del desalojo inminente del Campamento Humanitario contiguo al Portal de la Resistencia, por parte de la alcaldía local y distrital.
