El paramilitarismo se fortalece en el Sur de Córdoba. Las comunidades quedan desamparadas por el Estado y los líderes sociales en permanente riesgo
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Andrés Chica Durango es un defensor de derechos humanos, trabaja con las comunidades de Tierralta, en el sur de Córdoba. Desde que se firmó el acuerdo de paz ha mostrado su compromiso, junto a las comunidades, de impulsar la implementación de los acuerdos y exigir garantías y derechos para los habitantes humildes de esta zona del país. El pasado 21 de junio, luego de denunciar el asesinato de María del Pilar Hurtado, lideresa social, cuyo deceso, frente a su hijo, fue grabado en un video que se hizo viral en las redes sociales, Andrés fue amenazado y tuvo que abandonar la región.
Un contexto político criminal
Esta región ha estado marcada por una esfera política tradicional que se ha enquistado en el poder, particularmente de los partidos conservador y liberal. Luego de la elección de doce gobernadores, seis han sido condenados por parapolítica, después del pacto de Santafé de Ralito, el 23 de julio de 2001, y los dos últimos, condenados por corrupción.
VOZ dialogó con Andrés Chica, quien asegura que los proyectos de inversión social han sido la caja menor de esos políticos incrustados en el poder regional. “Los llamados carteles de la hemofilia, del SIDA, del bastón, etc. Son prácticas que vienen de antaño, solo que, antes, el ruido de la guerra con las Farc, no nos permitía escuchar esa corrupción cuando el Mono López firmó el pacto en Santafé de Ralito, en Tierralta”.
Para Andrés, la corrupción allí superpone el paramilitarismo y este superpone que las libertades democráticas y sociales sean limitadas: “Hoy el asesinato de líderes y lideresas, la persecución y la estigmatización, no son nuevas en el departamento”, asegura Andrés.
Para los líderes de la región, el hecho de que las FARC hayan salido del territorio, agudiza la situación. Se esperaba que el Estado entrara a remplazarlas, como se definió en el acuerdo, que llegaría con ofertas de inversión social y que garantizaría la seguridad, pero esto nunca sucedió.
La paz que no llegó
“Lo que hay es la bota paramilitar, esa no era la añoranza de la zona sur del departamento de Córdoba. El paramilitarismo se llevó a mucha gente que lideraban los profesores, ahí está Marilyn de la Osa, el padre Restrepo. Hoy día, liderar procesos sociales, comunales, organizativos de cualquier tipo ya supone un riesgo”.
La violación de los derechos humanos en la región también ha aumentado. Entre el 2016 hasta julio de 2019, hay 33 personas asesinadas, de esas, 26 eran líderes del sur de Córdoba. Muchas de estas personas estaban comprometidas con la implementación del acuerdo final, como lo es el compañero Manuel González, asesinado el día 27 de junio en el municipio de Montelíbano”, afirma Chica. Y asegura, las FARC-EP salen, y el paramilitarismo entra a dominar, “es una nueva etapa de la parapolítica”.
Recuerda que fue un trabajo arduo cambiarle el chip a la población en relación a los acuerdos de paz y a la sustitución de cultivos, “fue difícil que aceptaran en un acto de conciencia que la coca no podía seguir siendo la renta que nos comprara la comida, sino que teníamos que transitar hacia una cultura de legalidad en conjunto con un acuerdo pactado en La Habana, pero la gente confió y firmaron seis acuerdos para el territorio, y el Estado incumplió”. Cuando las comunidades iniciaron un proceso de reclamación de lo acordado, entonces llego la muerte, los atentados, los desplazamientos masivos e individuales.
Un trabajo noble pero peligroso
Para Andrés, el liderazgo social, es un trabajo noble, pero peligroso. En el caso de María del Pilar Hurtado, ella había llegado de Puerto Tejada hace un año, había salido por una situación de DD.HH. y buscó refugio en Tierralta, en una invasión ya legitimada llamada Nueve de Agosto. La lideresa se dedicaba, con su esposo, a la chatarrería, y según cuenta Andrés, él mismo le decía que el sueño de ellos, luego de participar en la invasión, era tener una bodega para todo lo que reciclaban, porque en su casa ya no tenían espacio.
“Uno dice, si hay una invasión, es porque hay terratenientes con tierras que no trabajan y familias confinadas en algunos sitios como los del Nueve de Agosto, y como no hay oferta institucional, les toca invadir. Ese fue el pecado de la gente en Tierralta, incluirse en un proceso de recuperación de tierras para vivir mejor”, afirma el líder.
En la toma de esos predios en los que se vio involucrada María del Pilar, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, ingresó de forma violenta para desalojar a la gente, paralelo a ello, sale una amenaza de muerte a la lideresa: “A esos que tomaron los lotes los vamos a matar en menos de 24 horas”, decía el panfleto. “Esa promesa no se hizo esperar, en menos de 24 horas mataron a dos personas, la gente se asustó mucho, desalojaron los lotes y a María del Pilar la sorprendió la muerte ese viernes en la tarde”, relata Andrés. Uno de esos lotes es del papá del alcalde, por eso es tan relevante.
El pago por la seguridad y las extorciones, afirma Andrés, son algo normal en Tierralta: “Y, eso pasa por encima de la mirada de las autoridades locales. Quienes cobran la vacuna para brindar esa seguridad son los paramilitares. Y, si alguien hace una actividad que consideran ilícita, ellos restablecen el orden. Entonces se tomaron unos predios y deducimos que alguno de sus dueños, pagó por ‘restablecer’ el orden”.
Desesperación y miedo
Un video grabado por un vecino del barrio de invasión, en donde se muestra el cuerpo baleado de María del Pilar Hurtado y, al lado, su hijo sumido en un llanto desesperado, rodó por las redes sociales: “Por desgracia, mostramos la crudeza de su muerte, de esa mamá lideresa que dejó cuatro hijos huérfanos. Lamentamos con profundo dolor que nadie abrazara al niño. Nos han preguntado ¿por qué la gente no lo abrazaba?, y la respuesta que tenemos es que los actores determinantes estaban ahí y la gente tenía miedo de inmiscuirse”.
Tres horas después de ocurrido el asesinato, la alcaldía de Tierralta saca un comunicado público en donde afirma que la occisa no era lideresa social y que no había estado involucrada en la toma de predios y que, además, Andrés Chica y la organización a la que pertenece, eran unos irresponsables al denunciar el caso.
Explica Chica que el video se hace viral y hay una discusión en Twitter entre Gustavo Petro y el alcalde de Tierralta, Fabio Otero, en la que el servidor señala que la denuncia es solo una presión política. Luego de las versiones del alcalde, esa misma noche, y en presencia de la policía, llega un mensaje al celular de Andrés con una amenaza para él y su familia. Por esta razón salen inmediatamente de Tierralta.
“La gente tiene que seguir reivindicando sus derechos y, por suerte, el sur de Córdoba está despertando. La muerte de María del Pilar, que conmovió a un país entero, nos recuerda que hay que trabajar de manera más unida para volcar esas condiciones de vida a las que nos someten y que no queremos. Necesitamos un movimiento de masas para llegar a tener una vida con dignidad en el territorio”, asegura el líder y afirma que regresará al territorio.
Advierte, Chica: “Al Estado le ha quedado grande, no solo la implementación del acuerdo final, sino también las garantías de quienes estamos trabajando por la paz de manera voluntaria. El país debe comprender que detrás de ese niño había una mamá lideresa. Y que dejó una familia huérfana y que un líder que no se abraza en la comunidad, que no se arropa por la institucionalidad, que se invisibiliza, es un líder que muere con su comunidad y es un territorio que retrocede muchos años en términos de participación democrática. Cuando un líder se va de esta manera, se va para no regresar”.
