Bianca Lizeth Vitela Carrascal*
El paro que adelantaron 322 mil educadores del sector oficial tiene pendiente a la sociedad colombiana de un acuerdo de este conflicto que ya completa un mes largo. La declaratoria del paro fue precedida de seis meses de negociaciones entre las partes sin éxito. El gobierno en cabeza del presidente Santos y su ministro de Hacienda Cárdenas se han cerrado a la banda que no hay recursos para satisfacer las peticiones de los maestros en el marco de la “sostenibilidad fiscal”, peticiones que no tienen que ver solo con el tema de ajuste salarial. El fondo del conflicto tiene que ver con los recursos para la educación de la juventud de las clases populares a futuro.
Puntos sin solución
Los paros realizados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en 2015, 2016 y el presente año, confirman un malestar e indignación en el cumplimiento de lo acordado: derecho a la salud, escalafón docente, inversión para la educación pública, política educativa, prestaciones sociales, mejora de la infraestructura, bienestar laboral y garantías sindicales, entre otros. Al respecto se considera que los avances en lo estipulado han sido mínimos y se hace necesario aclarar y garantizar la ejecución de los requerimientos.
En cuanto a la nivelación salarial para los docentes, existe la petición de un incremento del 28% pero el gobierno asegura que se está cumpliendo el 12% pactado por encima del incremento salarial, dado que la realidad fiscal del país no da para más. Al igual que las primas de bonificación solicitadas. La ministra de Educación Yaneth Giha, manifiesta que es imposible cumplirlos, la razón que esgrime es “que no hay plata que se pueda destinar para dichas exigencias”.
El Ministerio de Educación sostiene que “en los inicios del 2016, el gobierno decretó un aumento salarial de los servidores públicos en un 7,77%, un punto porcentual por encima de la inflación, y que con respecto a los maestros, el aumento fue de un 9,77% una cifra mayor1, dos puntos superiores a los demás funcionarios. Este año aumentaría también dos puntos y se calcula que para el 2018 y 2019 serían 3 puntos por encima del aumento que recibirán el resto de funcionarios públicos; razón por la que el gobierno cree que es injustificada la posición de Fecode. Es de tener en cuenta que en 2015 se acordó crear una mesa especial para el 2016 y así definir el aumento para el 2020 y el 2021, pero hasta el momento no se ha convocado a su realización, ya que el gobierno prefiere no comprometer los recursos públicos de administraciones futuras”.
En el tema de la prestación del servicio de Salud para el magisterio2, se busca garantizar un proceso adecuado, que considerando las situaciones de fondo, no está sencillo de resolverse, a pesar de que es un tema de suma urgencia para Fecode.
Por otro lado, al presupuesto para la educación, aunque se hizo un acuerdo de confidencialidad, se expuso una propuesta que extendería a más de 320.000 maestros públicos, la bonificación del 15%, actualmente recibida solo por los que tienen grado 14 del escalafón, los más antiguos, que se estiman en 140.000. Pero Fecode continúa firme en la solicitud del 35% para los maestros que ganan más de un millón de pesos, y del 50% para los que ganan menos.
Propuestas
La jornada única, aunque es llamativa desde su planteamiento y bajo el supuesto que conviene a nuestra educación y gremio estudiantil, debe consultar los intereses de los docentes. Porque no es justo, ampliar la jornada de 8 horas con grupos de 50 estudiantes y duplicar el trabajo de los profesores con la misma remuneración, sin inversión en horas extras o pagos a nuevos docentes, inversión en infraestructura, etc.
Bien hacen los maestros en proclamar sus derechos y velar por su cumplimiento, en tanto el único argumento gubernamental es que no hay recursos. Lo que necesita Colombia de manera irrefutable es mayor inversión en la educación.
El Estado argumenta que la educación es clave para el progreso de un país, pero que debe postergarse porque no hay recursos para ello, entre tanto no escatima recursos en burocracia, “seguridad nacional”, etc., es la doble moral estatal.
Si se diera la posibilidad de reducir los pagos mensuales a los políticos y ajustar los del sector educación, sería una estrategia mucho más que honesta e inteligente. Solo resta esperar en qué lugar queda la educación en Colombia, si se hace de ella una carga, o se le da el justo trato de ser el camino para un adecuado progreso.
* Psicóloga. Columnista invitada.
1 http://www.portafolio.co/economia/abc-del-paro-de-los-maestros-506499 (Consultado el 12 de junio de 2017).
2 http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-190216_archivo_pdf_salud.pdf (Consultado el 12 de junio de 2017).
