El siglo XXI aparenta configurar una época en la que se liberan las opresiones de género desde las políticas públicas. Sin embargo, el espíritu patriarcal del bloque hegemónico mantiene y agudiza la violencia estructural contra las mujeres
Nidia Jaydivi Colorado
@NidiaJaydivi
Desde su reconfiguración en el siglo XVIII en medio del proceso de la Revolución Francesa, la burguesía traiciona el proceso revolucionario y decide constituirse en una nueva clase dominante, se separa del proletariado y de la clase popular y se convierte en una nueva parte del histórico bloque de poder conformado por las monarquías, la nobleza, la Iglesia, los comerciantes, entre otros.
Tanto el siglo XIX como el siglo XX demostraron consolidar y reconfigurar una élite mundial, la cual concentró el dominio principalmente de la economía, la historia, la política y el Estado. A pesar del proyecto de Estado moderno y el componente social de la modernidad, producto de un arduo ejercicio político, intelectual y social de la ilustración, la sociedad occidental no transformó de fondo su estructura de dominación; ordena, por el contrario, un Estado moderno del bloque hegemónico.
Un proyecto fallido
Se reduce entonces un gran proyecto social a los intereses de los grupos dominantes e inician su depredadora expansión global. Hasta entonces, los mismos triunfos de la Revolución Francesa garantizaban un mínimo de derechos para la población y cierta estabilidad democrática que se fue perdiendo gradualmente por la concentración exacerbada de la riqueza y la consiguiente subyugación de la economía a la acumulación de capital. Otro aspecto, no menos importante, que deterioró las condiciones reales del proyecto democrático moderno lo marcan las guerras mundiales y su profunda fractura social e histórica en el proyecto de “humanidad”.
Estas condiciones fueron aprovechadas una vez más por las clases dominantes y a partir de los años sesenta y setenta se construyen las teorías económicas y políticas del neoliberalismo, desde las cuales limitan las posibilidades y alcances de la política pública; aún más, la de un proyecto social estatal, público, gratuito y equitativo para los seres humanos. Determinan entonces los neoliberales de la época que será la fuerza pública, del mismo modo que actuaron las monarquías absolutistas en su momento, la que impondrá, reformará y ejercerá un dominio social y no un contrato social, democrático y moderno.
Dichas expresiones arbitrarias absolutistas y militaristas, privatizaron la mayor cantidad del acumulado material de las sociedades, producido este con el esfuerzo de la mayoría de la población y el único objetivo de servir a la especie. Empero, el acumulado material, público y colectivo de los países se trasladó a las fortunas de grupos empresariales, políticos y académicos que defendieron y defienden el neoliberalismo a costa de la vida de millones de personas.
Significa, entonces, para el siglo XX que no solo las guerras mundiales fueron la causa principal de muerte en varias décadas, sino también el neoliberalismo y su autoritaria implementación, son causa estructural de la muerte, desaparición, tortura, miseria y violencia contra millones de personas.
Frutos del orden hegemónico
En este contexto el mundo llegó al siglo XXI en un ambiente deteriorado y un Estado deslegitimado, con instrumentos de la política carente de perspectiva social a partir de lo que se conoce como la violencia democrática del Estado neoliberal. El siglo XXI no planteó o no ha planteado un cambio significativo en este orden hegemónico y es difícil creer que las iniciativas de políticas públicas a favor de erradicar la discriminación de género y la violencia contra las mujeres generen desde esta perspectiva algún tipo de confianza.
Observamos con preocupación que los derechos de las mujeres se presentan en el mismo sentido de la contradicción de clases, es decir, que los derechos y los propósitos de estas democracias se enfoquen en privilegiar a las mujeres ricas y prestigiosas de la sociedad civil, en favorecer a las mujeres que pertenecen a las élites, y no en ayudar a mujeres con profundas necesidades como lo pueden ser las mujeres campesinas, afroamericanas, indígenas, raizales, excombatientes, de sectores históricamente marginados, de estratos bajos, etc.; campo social en el que ubicamos la mayor cantidad de población, allí evidenciamos que el proyecto democrático actual sólo responde a intereses e influencias de los colectivos que construyen históricamente un bloque hegemónico, no sólo en América, sino a partir de hegemonías mundiales.
La negligencia
Por otro lado, las prácticas asistencialistas del Estado se presentan como espacios burocráticos y de cooptación de recursos hacía múltiples espacios intermedios que impiden la incidencia real del apoyo y los recursos en las comunidades mencionadas. Claro ejemplo de esto se puede analizar en la implementación del enfoque de género en los acuerdos de La Habana y las comunidades de mujeres beneficiarias.
Si bien los grupos feministas, organizaciones sociales y políticas de mujeres han logrado interesantes avances y espacios contra la violencia estructural y el paradigma cultural del patriarcado, son logros propios que no corresponden a la voluntad política de la concepción o ingeniería social con la que se pensó el Estado neoliberal.
La violencia contra las mujeres constantemente ejercida por las Fuerzas Armadas son un claro ejemplo de la negligencia institucional, pero además demuestra que la intencionalidad estatal no respeta las reivindicaciones de las mujeres. Sólo en la medida esnobista de ser funcional a sus campañas electorales y campañas de imagen, la defensa de las mujeres resulta ser un propósito loable.
Muy superficialmente algunos partidos políticos han implementado acciones políticas y sociales en pro de la protección de los derechos de las mujeres, pero sus acciones y actitudes se transforman una vez que en la realidad social se involucran sectores políticos, económicos, militares, culturales y académicos de sus círculos o cercanos a ellos.
Esa hipocresía es incapaz de levantar banderas feministas o de políticas de mujeres, por el contrario, son cómplices de los diferentes tipos de violencia estructural que promueven la negligencia y la corrupción. Además, su mezquindad para con los seres vulnerables de la sociedad hace que las mujeres sean cada vez más pobres y vulnerables.
Sin confianza
En Colombia la feminización de la pobreza es consecuencia directa de la violencia estructural o del Estado contra las mujeres, estos preocupantes casos son visibles en mujeres migrantes, adolescentes, infantes y muchísimas más categorías en las que cada vez más se amplía el espectro estadístico con el que responde la institucionalidad, las mismas que se enfrentan a condiciones sociales difíciles, una inexistencia de recursos, de derechos y abandono explícito del Estado.
El Estado colombiano no garantiza los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de la población y no cumple con los compromisos internacionales sobre la protección de derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, no es un Estado en el que las mujeres podamos confiar.
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico.
tienda.semanariovoz.com
