Zabier Hernández Buelvas
@ZabierHernndez
A pesar de los grandes beneficios que ha generado el proceso de paz y el inicio de la implementación de los acuerdos de La Habana, el gobierno colombiano e instituciones del Estado siguen empeñados en actuar y orientar políticas obsoletas para los tiempos actuales en nuestros territorios.
El tratamiento de guerra de los conflictos sociales y la militarización de amplias zonas del país, siguen siendo las políticas de mayor utilización por los poderes nacionales. La respuesta gubernamental ante las conflictividades sociales demuestra que no hay cambios en las percepciones, enfoques y concepciones e indica que para el establecimiento nada ha cambiado.
Las situaciones vividas en Buenaventura, Chocó, Urabá y Tumaco, donde los movimientos y organizaciones sociales exigen soluciones justas, necesarias y viables, han recibido respuestas militares y represivas, política gubernamental doblegada solo por la fortaleza de la lucha social, reivindicativa y política, por la masiva participación ciudadana y cívica y porque la justeza de las exigencias y su razonabilidad no dan margen a considerarlas terroristas ni guerrilleras, menos aún en tiempos de implementación de los acuerdos y de reincorporación de las FARC a la vida civil, política y social.
Esta política militarista, además de ser aplicada a las conflictividades sociales, sigue dominando también las estrategias para afrontar los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, y por ende, también impertinente e inadecuada, ya que no resuelve el problema, lo complejiza y en algunos casos lo agrava, más aun si se tiene en cuenta que no se trata de poner un escolta a cada amenazado o persona en riesgo.
Tumaco y Urabá, son los casos y contextos donde más negativamente ha impactado esta política y estrategia militarizante y agresiva. En el caso de Tumaco, dos mil policías enviados en diciembre de 2017 y 9 mil 800 militares en enero de 2018, con los cuales se ha creado la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, para tomarse a Tumaco para acabar con todo: coca, paramilitares, delincuentes, narcotraficantes y disidencias. Ya sabemos históricamente el resultado de estas operaciones y el copamiento militar de los territorios, tipo comunas orientales de Medellín, Montes de María en Sucre o Buenaventura en el Valle: Impunidad, afectación a población inocente, quebrantamiento de las garantías judiciales violando el debido proceso, violaciones masivas a los DD. HH. y un pueblo raso que recibe todo el peso de las operaciones militares, mientras los grandes responsables quedan libres y actuando.
¿Cuándo aprenderán que estamos en otro momento? Que se necesitan otras estrategias. Que la guerra no se afronta con más guerra y que los territorios, lo que más necesitan es inversión social y que se cumplan los acuerdos de La Habana.
