El Alma Mater colombiana se cae a pedazos ante la indiferencia del Gobierno nacional
Erik Ramos
El 22 de septiembre se conmemoró el sesquicentenario del Alma Mater de la intelectualidad científica, académica y de luchadores sociales y políticos, por la paz con justicia social y el socialismo en Colombia.
También se celebran los 150 años de la publicación de “El Capital” y los 100 años de la Revolución de Octubre. En estos tiempos de celebración de aniversarios, que representan la vigencia, y los alcances logrados en la historia por los explotados del mundo, conviene recordar cual es el estado de la Universidad Nacional actualmente.
Muchos de los edificios que fueron construidos durante la creación de la ciudad blanca en 1936, aún se mantienen en pie a pesar de la inestabilidad de su estructura de 80 años de edad (56% de edificaciones en alta vulnerabilidad), y la situación ya avanzó pues por riesgo estructural se demolió en el 2013 el edificio de Arquitectura, el cual no ha sido reemplazado. Para subsanar esto se tendrían que reconstruir desde cero, pero hay varias trabas, como la sujeción a la financiación pública en infraestructura del Gobierno nacional (2 billones de pesos necesarios para garantizar el fin misional) y los permisos requeridos por parte del Ministerio de Cultura por ser estas instalaciones parte del patrimonio histórico nacional, por lo que está en vilo la existencia y funcionamiento de la Universidad, que no se sabe si podrá soportar un terremoto de gran magnitud o de cuánto tiempo sobrevivirá su infraestructura sin la financiación, actualización y mantenimiento adecuados (solo en reparaciones se necesitan 862 mil millones de pesos).
Sin presupuesto adecuado
Esta falta de financiación afecta al conjunto de la educación superior pública, para el 2012 el Gobierno nacional le adeudaba a las universidades públicas 11,2 billones, ya que hay algunas universidades como la del Tolima que tiene bajo su sombra la paralización y cierre por su forma de financiamiento. Según el SUE – Sistema Universitario Estatal – solo en infraestructura el déficit es de 5,6 billones; y a la Universidad Nacional no solo la afecta en términos de la infraestructura sino también en sus objetivos y vocación misma; los ataques contra la universidad no son solo de manera directa por el gobierno sino de formas indirectas o por privados, como la empresa Virgilio Barco SAS que junto con el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, aguardan y tienen la pretensión de arrebatar terrenos del campus para inversión de capitales en el CAN o a través del recorte del presupuesto en el PIB para ciencia y tecnología en Colciencias y demás.
A nivel interno la Universidad ha tenido que hacer recortes en materia de bienestar, es decir, de las ocupaciones y necesidades del estudiantado para desarrollar adecuadamente su ejercicio educativo, al tener que dejar en vilo materias de varias facultades, reducir el presupuesto para los subsidios alimentarios, de transporte y vivienda, así como la producción científica propia de las revistas y grupos estudiantiles.
Reforma regresiva
El semestre pasado, con la reforma al estatuto 044, que regula las relaciones de los estudiantes con la administración, deberes y resolución de conflictos, la administración universitaria pretendía lesionar aún más la democracia, el bienestar y la movilización estudiantil, al construir la misma sin participación de los estamentos, al limitar los espacios gremiales de reunión y decisión estudiantil, al prohibir las ventas de productos dentro del campus con el fin de sobrevivir, al sancionar a quienes tomen medidas de bloqueo e interrupción de actividades académicas con fines de presión y movilización y al dar posibilidades de conciliación en casos de abuso sexual.
Decimos aún más, se lesiona la universidad, pues por ejemplo es el CSU (Consejo Superior Universitario) donde se deciden los destinos de la universidad y donde solo hay un delegado por profesores y uno por estudiantes en contraposición a por lo menos cinco del gobierno, y es allí donde se elige el rector que obrará como gerente cada cuatro años. Afortunadamente la movilización y la dirección de las organizaciones estudiantiles como la Asociación de Estudiantes Universitarios, ACEU obligaron al retiro del proyecto de reforma, para cambiar la forma como se administra la universidad (hoy en día se hace a través del CSU) y como se elige el rector, al ser una universidad de índole nacional, habría que reformar la ley 30.
Uno de los grandes ataques viene a través del programa “Ser pilo paga” donde se desvían recursos que deberían ser de la educación superior pública a universidades privadas, en un esquema neoliberal de subsidio a la demanda, ya que el 80% de los aspirantes de estos crédito-beca ingresan a universidades privadas, se calcula que la inversión de los cuatro cohortes actuales de Ser pilo paga, para 40 mil estudiantes, es equivalente a la transferencia anual de la nación a las universidades públicas, con lo cual podría garantizarse el derecho a la educación de 500 mil estudiantes en las universidades públicas.
Si bien el Ministerio de Educación Nacional anunció que habría una adición presupuestal de 162 mil millones, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y director del SUE anunció que el MEN miente y que esta adición seria de solo 129 mil millones, aún si fuera de 162 mil millones, de acuerdo al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para el 2018 las universidades estatales dejarán de recibir 591 mil millones, que se desviarán al Icetex y a Ser pilo paga.
Se evidencia que con el paso del tiempo es cada vez mayor la asfixia y la incertidumbre en la supervivencia de la Universidad Nacional y de la educación superior pública, el gobierno nacional le tiene que declarar la paz a la educación pública, no es entendible que con el silencio de los fusiles en los nuevos tiempos de la paz el estado disminuya aún más la financiación a las universidades públicas y a la investigación, ciencia y tecnología; los comunistas no pueden quedarse de brazos cruzados, y deben concientizar y transmitirle de forma entendible al pueblo el porqué es fundamental para el desarrollo y la comunidad nacional que se mantenga y se mejore el derecho a la educación, que tiene que ser pública, gratuita y de calidad y luego unir la defensa de la universidad con las aspiraciones y necesidades propias del pueblo colombiano para luchar por la justicia social para todos.
