Rubén Darío Arroyo Osorio
Son muchos los obstáculos que encuentran los jóvenes del país para acceder a la educación pública superior: pocos cupos ofertados, un70% de profesores contratados a destajo: precarizados en materia salarial y prestacional con una pesada carga laboral, costos de matrículas y demás factores educativos, cada vez más altos e inaccesibles a los sectores pobres de la población, ausencia o insuficiencia de materiales didácticos, insumos de laboratorios, amenazas y persecuciones a quienes protesten, entre otros.
Estas penurias también vienen penetrando algunas universidades privadas que, a pesar de captar millonarias sumas de dinero del programa “Ser pilo paga” y otras matrículas y costos educativos de jóvenes ilusionados con formarse profesionalmente, ahora están siendo socavadas en su misión fundamental de educar ciudadanos, para convertirse en oscuras empresas familiares o de personajes siniestros que acumulan riquezas a costa de estudiantes y padres de familia que, después de un ingente esfuerzo, incluso endeudándose con el Icetex y el capital financiero de la banca, logran pagar todos los costos de este proceso comercial.
En la Universidad Autónoma del Caribe hay de todo un poco: muertes de Directivos en el pasado reciente, prisión de una rectora muy cuestionada. Hoy, su dirección en cabeza de Ramsés Vargas La Madrid, no paga salarios ni prestaciones a los docentes desde hace seis meses y desaparece misteriosamente con el dinero de las matriculas.
Ante las denuncias el MEN investiga: “presunto incumplimiento de normas estatutarias, ausencia de respuesta de fondo de parte de la universidad respecto al pago de profesores y presuntas irregularidades relacionadas con contratación, pagos, gastos y manejo contable”. Estas investigaciones ya fueron trasladadas a la Procuraduría General de la Nación.
Estudiantes, profesores y trabajadores han respondido ante estas vicisitudes con paro indefinido en todas sus sedes. Exigen el pago total de sus salarios y prestaciones, el cese de persecuciones, hostigamientos y amenazas contra los estudiantes que denuncian o trabajadores y profesores sindicalizados, así como la renuncia inmediata del rector, los decanos y todo el cuerpo directivo. La CUT seccional Atlántico y, ASPU en Asamblea Nacional de Delegados respalda esta justa lucha reivindicativa laboral y por derecho a la educación de calidad en todas las universidades públicas y privadas, transparencia en el manejo de los recursos de estas instituciones y castigo ejemplar para los responsables de corrupción y todo tipo de actos dolosos en esta materia.
