El uribismo como movimiento político tiene un jefe único, Álvaro Uribe, su práctica política combina una doctrina populista de derecha con orientaciones autoritarias y militaristas. Los principales pilares de su accionar: la seguridad democrática, el Estado Comunitario, la eficiencia del Estado, austeridad fiscal, y la confianza inversionista han sido una catástrofe para el país.
La doctrina de la seguridad democrática cabalga sobre la línea militarista y ha tenido una estrecha relación con el paramilitarismo, desde sus orígenes, esto lo demuestran las acusaciones a Uribe de otorgar licencias a líderes paramilitares, cuando fue director de la Aeronáutica Civil en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, y la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir); que bajo el discurso de la cooperación ciudadana terminaron implementando el modelo de autodefensas, con la participación de narcotraficantes transformados en paramilitares y con la apoyo de la fuerza pública y algunos empresarios. Además, recaudaron dineros de empresas bananeras para el paramilitarismo (Chiquita Brands).
El primer mandato de Uribe arrancó con la declaratoria de estado de conmoción cinco días después de posesionarse. Con medidas de naturaleza policivas se vivieron ocho meses de limitaciones drásticas a los derechos fundamentales de la ciudadanía: ejecuciones extrajudiciales, 831 detenciones arbitrarias, la mayoría contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, campesinos, estudiantes, personas en situación de desplazamiento y líderes de la oposición.
La seguridad democrática tuvo como estrategia la violación permanente de los derechos humanos, alcanzando la cima con los mal llamados falsos positivos, que fueron ejecuciones a civiles desarmados y ajenos al conflicto en manos de agentes del Estado, para presentarlos como guerrilleros.
La doctrina de la seguridad democrática utilizada por el uribismo, como la estrategia para combatir el terror generado por parte de los llamados grupos criminales, optó por el camino de la supuesta victoria militar sobre la insurgencia, lo que implicó el aumento de recursos para combatirla militarmente; la creación de impuestos para financiar la seguridad (1,2% del patrimonio líquido para la seguridad democrática); concedió licencias excepcionales a la fuerza pública, otorgó funciones de policía judicial al DAS, para realizar capturas, interceptación de comunicaciones, inspección, registros domiciliarios y allanamientos, sin autorización judicial. Así mismo, se tipificaron como delitos muchas actuaciones legales políticas, hubo aumento de penas, se crearon las zonas llamadas de Rehabilitación y Consolidación con atribuciones excepcionales como el nombramiento de comandantes militares con responsabilidades de civiles; aumentó el espionaje sobre residencias, ocupación, tránsito de los habitantes, capturas preventivas, control del tránsito, etc.
El rearme de las fuerzas militares representó el gasto de aproximadamente el 4,7 % del PIB, cifra por encima del promedio del continente y uno de los 10 más altos del mundo, esto sin tener en cuenta los recursos financieros proporcionados por EE.UU. para el Plan Colombia, Plan Patriota y luego el Plan de Consolidación. Uribe y su séquito consolidaron un régimen autoritario con una instrucción doctrinal militarista, dotada de los medios y los métodos necesarios para instaurar un régimen poderoso apto para restringir las libertades públicas, con una clara tendencia caudillista.
En esta apuesta el extinto DAS realizó seguimientos y desprestigió ciudadanos considerados una amenaza para el uribismo; desde la Secretaría General de la Presidencia se coordinaron planes contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes llevaban los procesos por parapolítica.
A nombre del Estado comunitario y con el argumento de la generación de empleo, los dos gobiernos uribistas impulsaron en materia económica la desgravación, desregulación, flexibilización y liberalización, favoreciendo a los grandes empresarios y al capital financiero nacional y extranjero. Con el uribismo en el gobierno se desmontaron garantías laborales, reducción de indemnización por despido injusto y de pagos por recargo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, se aumentó la edad de pensión (57 mujeres y 62 hombres) y se impulsaron programas de tercerización para bajar costos laborales de las empresas. Los Tratados de Libre Comercio aumentaron la pobreza, especialmente en los territorios rurales, pero el beneficio de enriquecimiento para la familia de Uribe y otros empresarios con las zonas francas fue efectivo.
El Centro Democrático tratará de utilizar la detención domiciliaria de Uribe, con fines electorales, para tratar de posicionar un candidato presidencial ventajosamente en las elecciones del año 2022. Además, manipular a la opinión pública para que aparezca la posible condena de Uribe y su hermano por paramilitares, como una decisión persecutoria de la Corte Suprema y la fiscalía y no como una condena en derecho. Para eso cuenta con el latifundismo, el capital financiero, los paramilitares y el fanatismo cristiano. Sin embargo, el despertar del pueblo y las organizaciones progresistas y revolucionarias frustrarán esos planes antidemocráticos. Es la hora de la democracia y la justicia social.
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